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La patronal de las ITV niega que la privatización del servicio triplicara las tarifas y descalifica el informe del Consell

La Asociación de Concesionarios de ITV de la Comunitat Valenciana considera el informe del Gobierno autonómico un "cuaderno informativo" que "no forma parte de los pliegos" contractuales

La patronal afirma que el aumento del precio se debe a la "adición de nuevas tarifas" por la "adición de nuevas pruebas" como consecuencia de una transposición de directivas europeas

El coste de la ITV puede variar hasta un 82 por ciento según la comunidad autónoma

Una estación de ITV valenciana. EFE

La patronal concesionaria de servicios de las ITV de la Comunitat Valenciana niega que la privatización de los servicios triplicase el precio de las inspecciones a vehículos valencianos. AECOVA, la Asociación de Concesionarios de ITV, argumenta en respuesta a una publicación de eldiario.es que el aumento de precios se debe a la aplicación de unas pruebas que exigió la Unión Europea.

Eldiario.es publicó el 17 de febrero de 2020 una información que, bajo el titular, La privatización de las ITV de Zaplana que sirvió para pelotazos y mordidas triplicó el precio de las inspecciones a vehículos valencianos, explicaba el aumento de las tarifas en el marco del caso Erial, que investigan la Guardia Civil y el juzgado y que implica al Gobierno del PP de Eduardo Zaplana. La información estaba basada en un informe del actual Gobierno valenciano.

En respuesta a esta información, AECOVA argumenta que "el aumento del precio que pagan los usuarios de ITV no es consecuencia de un aumento de las tarifas, sino de la adición de nuevas tarifas consecuencia de la adición de nuevas pruebas y ensayos que requiere la normativa de ITV transponiendo las directivas europeas". Cita la directiva europea 92/55/CEE del año 2000. La patronal asegura que las tarifas se mantuvieron congeladas desde 1995 -la privatización comenzó en 1998- hasta el año 2000 y que con la privatización las empresas asumen "costes anterioremente inexistentes", como el alquiler de las instalaciones y las inversiones. 

En la directiva citada, aseguran, "se añaden las pruebas de análisis de gases contaminantes" y el Ministerio de Industria fija las tarifas, que se actualizan en el año 2000 y 2009 con el IPC. Posteriormente, tal como indica la información publicada, el Gobierno valenciano introdujo a través de una ley de contaminación acústica del entonces conseller Rafael Blasco una prueba de control de emisiones sonoras obligatoria con su consiguiente tarifa.

Un informe de 2014 puso en cuestión esta prueba, la consiguiente tarifa y el margen económico para las empresas prestadoras del servicio. Elaborado por la jefa de Servicio de calidad y control industrial, vehículos de la Generalitat en marzo de 2014, apunta que "la experiencia viene a concluir que los vehículos que presentan anomalías en la [prueba] de emisión sonora, ya son detectados en la previa inspección mecánica". La prueba tenía un coste estimado de 2,5 euros y se cobraba entre 8 y 10 euros a los conductores.

AECOVA considera que este informe carece de valor y califica el documento como un "ensayo" o un "cuaderno informativo", que "no forma parte de los pliegos" contractuales. Asegura que "no ha existido ni existe ningún documento en los pliegos que fije condición de límite alguno en número de inspecciones, ni a la actividad que han de desarrollar los concesionarios".  La Sindicatura de Comptes, continua la patronal, emitió un informe en el que señala que el documento no forma parte de los pliegos.

Laasociación de concesionarios de las ITV de la Comunidad Valenciana indica que: "La administración valenciana fija las correspondientes tarifas siguiendo las instrucciones y recomendaciones del propio ministerio. Y que el informe de la DGI fechado el 24 de marzo de 2014, es el principal informe que justificaba el acuerdo del Consell de tarifas de 28 de marzo de 2014, que ha sido anulado por la sentencia 523/2017 de 30 de mayo del TSJ de Valencia".

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