José de Lamo, sobre la ley Trans: “Aunque una ley se ponga en marcha, la sociedad no cambia de un día a otro”

Hace apenas dos semanas, el Gobierno valenciano dio luz verde a la protección de uno de los derechos fundamentales: que cada persona pueda elegir libremente su identidad de género, se correponda o no con su sexo biológico y con la identidad de género asignada al nacer. La ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y expresión de género, abreviada como Ley Trans, supone dar voz a miles de personas que durante años han sufrido discriminación. Esta norma despatologiza la transexualidad; deja de considerarla una enfermedad.

El marco normativo regula aspectos tan necesarios para la plena integración de las personas trans en la sociedad, como el amparo en las fases iniciales del proceso de declaración de la propia identidad sentida, la tutela en las situaciones de minoría de edad o la atención gerontológica, especialmente en las residencias de la tercera edad, situaciones a las que ha de prestarse especial atención.

El texto recoge, entre otras cuestiones, el derecho al reconocimiento de la identidad de género de las personas transexuales, libremente manifestada, sin la necesidad de prueba psicológica o médica. Además, plantea la posibilidad de conceder la documentación administrativa necesaria adecuada a su identidad dentro de las competencias autonómicas, con el objetivo de favorecer una mejor integración y evitar situaciones de sufrimiento por exposición pública o discriminación.

José De Lamo es el director general de Igualdad en la Diversidad, dependiente de la conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas, que junto a colectivos y organizaciones sociales y partidos políticos, han elaborado el anteproyecto de ley. De Lamo, que proviene de Lambda y FELGTB (siglas del colectivo de de lesbianas, gays transexuales y bisexuales), explica las claves de la ley y los nuevos retos de su dirección.

El anteproyecto de Ley se aprobó el 8 de julio y se envió al Consell Jurídic Consultiu, que tiene un mes para valorarlo. El dictamen -no vinculante- se espera para la última semana de septiembre, ya que agosto no es hábil. La Abogacía de la Generalitat ya le ha dado el visto bueno, así que debería volver a pasar por el pleno del Consell y después pasar a les Corts. “Me gustaría que se aprobara antes de que acabe el año”, confiesa De Lamo. “Es una ley que se ha aprobado desde el consenso y en la que han trabajado las entidades y los grupos parlamentarios… Entendemos que puede tener modificaciones en el trámite parlamentario, pero como los cinco grupos han trabajado en todo el proceso, que pensamos que no habrá grandes enmiendas”, añade.

De Lamo comienza con un balance de su primer año en la Consellería, creando una dirección general desde cero. “Hemos conseguido poner una mínima estructura a la direción general, algo difícil para una Administración en estos tiempos de falta de financiación y con dificultad para tener personal”. La acción, explica, se desarrolla fundamentalmente en torno a cuatro ejes: diversidad sexual, diversidad religiosa, igualdad de trato e inclusión del pueblo gitano. En el ámbito de la diversidad sexual, “hemos avanzado con el protocolo de atención a la diversidad de género y una serie de acciones al respecto en el ámbito educativo, más allá de la transexualidad. También hemos visibilizado las realidades a través de campañas como el día contra la LGTBIfobia”.

Sobre la igualdad e inclusión del pueblo gitano, “lanzamos campañas de sensibilización con el foco puesto en la discriminación por estereotipos y en varias jornadas por los retos de integración. De aquí a final de año, nos queda una estrategia por la inclusión del pueblo gitano, para establecer la hoja de ruta. La estrategia de igualdad de trato irá en paralelo”. Respecto a la diversidad religiosa, “hemos trabajado con las diferentes confesiones religiosas, y estos días, con la polémica del IES Benlliure trabajamos por la resolución del conflicto, además de realizar una instrucción para los centros residenciales y diurnos de la conselleria de Igualdad -aprobada este viernes en el pleno del Consell-, en la que se informen de los horarios, alimentación, lugares de culto, ritos funerarios...” ante las peticiones de los propios centros, que se muestran desorientados.

Sobre a la mencionada polémica, la dirección general trabajará con la conselleria de Educación para elaborar un reglamento para atender la diversidad religiosa. “Ante algunas personas que nos tachan de anticlericales, queremos manifestar todo lo contrario: defendemos a todas las confesiones por igual en la diversidad, cosa que en algunos casos no se estaba haciendo. Queremos buscar espacios de diálogo interreligoso”, defiende De Lamo.

Siguiendo con el balance, respecto a las familias monoparentales, la conselleria trabajará en la equiparación a las familias numerosas, en casos como las deducciones autonómicas del tramo del IRPF y en los beneficios de cara a becas, puntuaciones para el acceso a los centros educativos. También ha puesto en marcha una línea de subvenciones para los colectivos LGTBI y para la lucha contra los delitos de odio, que no contaban con apoyo económico.

Poniendo el foco en los delitos de odio, De Lamo alerta sobre la dificultad de su cuantificación, respaldado por el Ministerio de Interior. “Los datos aún no son correctos, las cifras son muy bajas y no cuadran. La forma de tratarlos aún no está estandarizada, la policía no siempre tiene información sobre cómo tratarlos.. Y solo se denuncian un 10% de esos delitos aproximadamente. La gente tiene miedo o piensa que las denuncias no valen para nada ya que históricamente estas víctimas conciben a la policía como un enemigo”, explica el responsable de Igualdad. “Tenemos que hacer una labor de concienciación para que se entienda a los agentes como alguien a quien acudir, que puede ayudar”, reflexiona. Para ello, este año el Gobierno autonómico ha empezado a trabajar con la Policía local de Valencia en un programa de formación contra los delitos de odio, a través de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa). El objetivo es que este grupo, de unas 40 personas, a través después del IVAS, sea capaz de formar al resto de compañeros.

La ley requiere, una vez aprobada, un proceso de implantación y de desarrollo de sus reglamentos para llevar los derechos a cabo. Por ejemplo, referente la documentación administrativa -El DNI es competencia estatal, pero la emisión del SIP, el Carnet Jove sí son competencias autonómicas- y la creación de un Consejo Consultivo Trans, que emitirá nuevas propuestas y evaluará las existentes de la consellería.

La ley es bastante ambiciosa en ámbitos como sanidad, educación y el tratamiento administrativo, lo que requiere de un gran esfuerzo formativo por parte de la Generalitat. De Lamo quita hierro a esta situación y asegura que en muchos casos, como en Sanidad, el personal ya existe. “Se trata de reubicarlo y darle forma. Por ejemplo, ya se da asesoramiento a las personas trans en el proceso de cambio”, explica.

En la línea de la formación al profesorado, al personal sanitario, administrativo, judicial, etc, la dirección general quiere adelantarse a la ley, ya que asume que el proceso de implantación será costoso. Sanidad ya ha puesto recursos en marcha y Educación ha empezado a trabajar con colectivos LGTB, con experiencia en sesiones formativas para profesorado y alumnos. “Para el funcionariado en general, que debe conocer las realidades, potenciar el lenguaje inclusivo, empezaremos un curso sobre atención a la diversidad sexual, religiosa, familiar, étnica y cultural. El objetivo es que el personal de la Generalitat conozca bien la rica diversidad y evitar prejuicios y estereotipos”, detalla De Lamo. “Aunque una ley se ponga en marcha, la sociedad no cambia de un día a otro. Se trata de introducir dentro de la programación formativa información que antes no había. No es crear nada nuevo, sino adecuándolo a la visión de la diversidad”, añade.

¿Falta pedagogía en la Administración y los medios de comunicación? “Sí”, responde. “Estas realidades han estado tapadas, discriminadas y estigmatizadas; son desconocidas y no todo el mundo tiene por qué saber tratarlas. El lenguaje se va modificando y afortunadamente en los medios ha cambiado mucho. Todavía queda algún titular que, por ejemplo, no utiliza el género adecuado, pero se ha ido avanzando y puliendo el lenguaje inclusivo y que respeta las identidades”.

Por último, introduce una reflexión sobre el marco legal estatal y autonómico. La Ley de Identidad de Género de 2007 parece haberse quedado corta, ya que hay varias comunidades autónomas con leyes LGTBI y trans puestas en marcha, de forma independiente. “La ley de 2007 era muy avanzada a su tiempo, aunque que luego se quedó atrasada, porque solo incidía en una parte: el cambio legal de la identidad (en el DNI). Dejaba fuera a los menores de edad, no daba cobertura a personas sin nacionalidad española… Tampoco establecía medidas de prevención sanitaria y educativa, que es lo que han ido haciendo las leyes autonómicas, si bien es cierto que poseen la mayoría de competencias. En algún momento, cuando tengamos Gobierno o un parlamento con capacidad de legislar, debe haber una forma de armonizar, de establecer un acuerdo de mínimos a través de una ley estatal. Hablamos de unos servicios básicos, que los derechos sean reconocidos en todas las comunidades y que en el caso sanitario, el Estado lo asuma como parte de la cartera básica”.