Lafuente: el “dedazo” de la alcaldesa, convertido en denunciante del Ayuntamiento

Un tribunal de justicia fue el escenario del tormentoso final de la relación entre el Ayuntamiento de Castelló y Juan Ángel Lafuente. Este profesor de Finanzas de la UJI fue a principios de 2017 el centro del mayor conflicto que ha sacudido el Gobierno local, formado por PSOE y Compromís. Después de varios meses de polémica y otros tantos en los que parecía que el tema se había olvidado, Lafuente reapareció este jueves ante un juzgado para escribir el último capítulo.

Este experto en Economía fue despedido en mayo de su puesto de alto cargo municipal después de la polémica política que suscitó su nombramiento. Ahora, según detalló su letrado a eldiario.es, no ha pedido una indemnización, pero sí “que se declare la nulidad o improcedencia de la revocación de la comisión de servicios”. Eso sí, si gana este juicio, “podría plantearse la reclamación de la retribución que hubiese dejado de percibir como consecuencia de su cese”.

Según fuentes jurídicas conocedoras del caso, la indemnización máxima que podría fijar la justicia sería de un mes de sueldo. Es decir, unos 5.000 euros. Ese podría ser el final del inesperado final del viaje político de un hombre que hace tres años aspiró a ser concejal socialista y hace uno y medio fue nombrado para un flamante alto cargo. Todo para acabar en el centro de un agrio enfrentamiento que puso en jaque la estabilidad del Gobierno de la ciudad.

Bajo el estigma del amiguismo

Para entender esta historia, hay que remontarse a febrero del pasado año, cuando Lafuente fue nombrado alto cargo del Consistorio por la alcaldesa socialista, Amparo Marco. En concreto, se convirtió en el director de la Oficina municipal de Planificación y Proyección Económica, órgano destinado a captar fondos europeos. Pero el resto de grupos políticos -incluido Compromís- sospecharon que detrás de esta elección había un caso de amiguismo.

Argumentaban que no hubo proceso de selección. También destacaron que Lafuente era un hombre muy cercano a la alcaldesa: compañero en el Departamento de Finanzas de la UJI (Universidad Jaume I) y miembro de la lista electoral que ella lideró en las elecciones municipales de 2015.

Había, además, otro elemento que levantó las iras de todos los partidos. Sucedió que el ya alto cargo municipal había tenido un año antes la oportunidad de incorporarse al Gobierno municipal como edil porque una de las concejales dimitió. Por su puesto en la lista del PSOE, a él le tocaba sustituirla. Pero renunció.

A todos los partidos les pareció llamativo que solo unos meses después sí estuviera dispuesto a incorporarse a la vida municipal. La diferencia es que como regidor habría cobrado unos 30.000 euros menos de lo que cobraba como director de la citada oficina, donde alcanzaba los 69.000 euros netos anuales, un salario superior al de la propia alcaldesa.

Espiral de tensión

La situación se volvió insostenible para el PSOE. PP y Ciudadanos atacaron una y otra vez al Gobierno local, acusándolo de enchufismo. Más peligrosas todavía eran las críticas de Castelló en Moviment, partido que está en la oposición pero cuyos votos sostienen el Ejecutivo local en virtud del Pacte del Grau, y que llegó a calificar el nombramiento de “dedazo”.

Lo más determinante, sin embargo, fue la presión de Compromís, el partido que gobierna la ciudad junto al PSPV. Fueron semanas de mucha tensión en el seno del Ejecutivo. El momento más delicado llegó el 23 de febrero, cuando la coalición valencianista se unió al resto de grupos políticos para pedir el cese de Lafuente.

Sólo el PSOE votó en contra. Fue un Pleno tenso en el que llovieron las críticas sobre Amparo Marco. Ella, en contra de su costumbre -suele hacer uso de su potestad como presidenta de las sesiones para responder a las acusaciones del resto de portavoces-, reaccionó con un testarudo silencio, tanto ante las peticiones de responsabilidad de los partidos como ante las preguntas de la prensa.

Finalmente, despedido

Pero la presión hizo mella en la primera edil, y al día siguiente PSOE y Compromís anunciaron que Lafuente abandonaría su puesto. El cese no se produjo hasta mayo. Ese mes, la alcaldesa tomó la palabra en un Pleno para explicar las razones del retraso. Primero, que al tratarse de una comisión de servicios no sería legal despedirlo. La segunda es que había que esperar a que -esta vez sí- un proceso de selección diera como resultado un nuevo director o directora de la Oficina.

Dos semanas después, los acontecimientos se precipitaron. El Gobierno local cesó a Lafuente de forma fulminante, sin esperar a que hubiera sustituto. La razón: el profesor de Finanzas había decidido presentarse al proceso de selección.

Última parada, el juzgado

El despido trajo el olvido del asunto y la vuelta a la calma relativa en las relaciones entre Compromís y PSPV, y de ambos con Castelló en Moviment. El nombre de Lafuente quedó sólo como un recurso retórico del PP, que lo usa eventualmente para ilustrar el supuesto amiguismo del que acusa a los socialistas.

Así fue hasta este jueves, cuando Lafuente dobló la esquina del edificio de la Ciudad de la Justicia de Castelló, camino del juzgado número 1 de lo Contencioso Administrativo. Allí, le esperaban su abogado y un miembro de los servicios jurídicos del Ayuntamiento. El juicio duró menos de ocho minutos, los suficientes para que cada una de las partes expusiera sus argumentos.

Por su parte, la defensa del exalto cargo municipal afirmó que revocar una comisión de servicios de manera “discrecional” es ilegal. Cuando llegó el turno del representante del Ayuntamiento, éste argumentó que el cese estaba legitimado por la decisión del Pleno, votada por mayoría, de que abandonara su cargo. La jueza declaró el caso visto para sentencia.

El veredicto será el epílogo de la relación contractual de Lafuente con el Consistorio, pero no de su vinculación con la institución. Todo este conflicto judicial se ha desarrollado mientras el profesor universitario ejerce la dirección de la cátedra “Ciutat de Castelló”, creada en diciembre por un convenio entre la UJI y el Ayuntamiento, que aporta al proyecto 75.000 euros anuales.