Cuando la justicia vuelve a convertirte en víctima
¿Qué se puede hacer con un menor que ha denunciado una agresión sexual? ¿Se puede evitar crear más secuelas? Para muchas víctimas de agresiones, entre las que destacan los menores por su especial vulnerabilidad, prestar testimonio ante un juzgado e, incluso, celebrar el juicio, supone un proceso perjudicial.
Muchos menores no llegan a entender qué les ha ocurrido ni por qué deben pasar por un ámbito a menudo hostil para relatar los hechos. La protección del menor ha sido el tema central del seminario organizado por la Universidad Católica San Vicente Mártir, las unidades de Policía y la Consellería de Justicia en la Ciudad de la Justicia de València. Un encuentro en el que decenas de profesionales han compartido conocimientos con alumnos, cuerpos de seguridad y funcionarios de justicia.
Proteger a la víctima es la premisa cuando se denuncia una agresión sexual y, en las instituciones, desde hace pocos años se busca evitar la victimización secundaria. Este proceso es definido por el catedrático de Derecho Penal Antonio Beristain como una forma de violencia institucional que hace referencia a la mala o inadecuada atención que recibe la víctima una vez entra en contacto con el sistema judicial, aunque no se produce de manera exclusiva por los agentes del Estado; es decir, los daños o secuelas derivados del proceso de denuncia y juicio.
Sobre cómo evitar la revictimización de los menores, aunque aplicado también a otros casos como la violencia machista, versó la conferencia sobre el método de exploración de cámara Gesell, impartido por la fiscal Socorro Zaragozà, la psicóloga forense Adriana Rey y la letrada de la oficina de víctimas Pilar Gil, moderado por el juez decano Pedro Luis Viguer.
El maltrato institucional, enunciaba Gil, “tiene que ver con cómo tratamos a las personas. Hay que ser tiernos y humanos, si no, sufren más”, señalaba la letrada. Para evitarlo, en la medida de lo posible, desde hace tres años se utiliza en Valencia el procedimiento de la cámara Gesell, que consiste en una grabación de los testimonios en una cámara acondicionada. A través de este sistema, se evita el paso de los menores por el juzgado y se utiliza este testimonio como prueba documental, en el que el juez y fiscal pueden interpretar el lenguaje verbal y no verbal del menor.
La grabación, apuntaban los conferenciantes, permite la repetición de los testimonios sin causar más secuelas ni estrés a los menores y proporciona algunos beneficios a los peritos. Por ejemplo, identificar si los testimonios son falsos o evitar que se tergiverse la versión de la víctima. Los recuerdos, apuntaba la psicóloga forense, son susceptibles de ser alterados por la propia memoria, por el entorno, por comentarios o por el simple aprendizaje.
No obstante, el método no se utiliza en todos los procesos judiciales, sino que debe ser autorizado por el magistrado a propuesta del perito. Para agilizar el proceso, Gil propone mejorar la intervención y reflejar en el estatuto de la víctima que el primer agente (Fiscalía o Policía) que tuviere contacto con el afectado pudiera efectuar la evaluación provisional. La misma letrada remarcaba que esta idea requeriría de unos recursos que actualmente no están a disposición de los tribunales. Como el resto de conferenciantes, el público coincidía en que, para ser justa, la justicia necesita medios.
