Mónica Oltra revoluciona la política social para acabar con las concesiones a “empresas amigas” de la etapa del PP
La Generalitat quiere darle la vuelta a la política social desarrollada con la colaboración del llamado tercer sector, las entidades privadas y sin ánimo de lucro (asociaciones, fundaciones, cooperativas...) que prestan servicios subvencionados a ancianos, menores, mujeres, inmigrantes o personas en situación de dependencia.
Mónica Oltra, vicepresidenta del Consell, ha anunciado este martes ante decenas de representantes de la industria (representa un 1.4% del PIB y el 4,5% de las contrataciones en España, según la Generalitat) el borrador de un decreto a aprobar en 2017 y que ordenará la relación entre la administración y el sector entre 2018 y 2022.
La nueva normativa parte de un diagnóstico devastador de un sector “abandonado y maltratado” tras 20 años de gobierno del PP. Las entidades -ni son empresas al uso ni forman parte de la administración- trabajaban de manera “irregular”, ya que cada año se debía optar a recibir subvenciones, algo declarado ilegal en varios tribunales.
Además, la Generalitat fomentaba la “inestabilidad” porque los programas anuales estaban lastrados por la lentitud de la administración, el peso de la burocracia y el retraso en los pagos, que generaba -lo sigue haciendo- graves problemas financieros a las entidades e impagos generalizados a trabajadores y proveedores.
Siempre según Oltra, en el tercer sector también se operaba con “falta de control”. El PP adjudicaba servicios a “empresas cercanas al poder” -citó el modelo de residencias auspiciado por dos prebostes de ese partido como Juan Cotino y Rafael Blasco- sin control ni transparencia. “Se ha hecho negocio con los servicios sociales”, denuncia la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas.
Calidad, estabilidad y transparencia
Oltra ha prometido cambios radicales del modelo. El decreto, abierto ahora a las aportaciones del sector, garantizará procesos con “transparencia y publicidad” a la hora de financiar actividades con dinero público, que llegará vía concierto -estilo la educación concertada- y no a través de una subvención discrecional.
Establecerá nuevos requisitos para los operadores -acreditación de la capacidad y experiencia, solvencia técnica y financiera, certificados de calidad- pero a cambio promoverá un marco que dará “estabilidad financiera a las entidades, mejorará las condiciones laborales de sus trabajadores y garantizará la calidad del servicio a los usuarios”. Oltra no ha aclarado si habrá más dinero para el sector.
Hasta el momento, los problemas presupuestarios de la Generalitat y la dependencia de subvenciones anuales impedían que los implicados en la industria trabajaran a medio plazo. Eso se acabará, según los discursos de Oltra y la número 2 de su conselleria, Helena Ferrando, que no escatimó elogios a su superiora y el trabajo del departamento.
Los resultados de la iniciativa no se verán hasta bien entrado 2018. Por lo pronto, los representantes del sector (440 centros con 5.000 profesionales que atienden a 10.000 usuarios, según datos de la Generalitat) que han acudido al acto han aplaudido la presentación del nuevo concierto social.
