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Las cajas de Ontinyent, de Ingenieros, Popular y Abanca, únicas con las que trabaja el Consell que no financian armas

El gobierno autonómico trabaja con bancos que han invertido más de 36.628 millones de euros en armas, entre 2011 y 2017

Las jornadas de la campaña Banca Armada contaron con autoridades de la GVA, que apoya esta iniciativa para evaluar la posibilidad de transición hacia la banca ética

Los responsables del estudio, durante la presentación

Los responsables del estudio, durante la presentación

"La Generalitat Valenciana financia de manera indirecta la industria de armamento al trabajar con algunos de los bancos que más invierten en armamento en España".

Esta es la contundente conclusión del informe especial que se presentó este miércoles en las Jornadas ‘De la Banca armada a la banca ética’, organizadas por Novessendes Fundació y Setem PV en el Colegio Mayor Rector Peset de la UV y dentro de la campaña ‘Banca Armada’.

La iniciativa está financiada por la propia Generalitat Valenciana para conocer su realidad financiera y estudiar así la posibilidad de una transición hacia la banca ética, en coherencia con la ley de Responsabilidad Social y los ODS. 

El estudio, que fue elaborado por el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, parte de los datos facilitados por el portal de transparencia de la Generalitat y el IVF, y revela que nada menos que el 95% de la deuda viva de la GVA a 31 de diciembre de 2017 y el 88,70% de la gestión de sus cuentas operativas (ingresos y pagos) en 2017 ha estado en manos de la Banca Armada.

No obstante, en el informe se incluye al Instituto de Crédito Oficial (ICO), entidad pública del Estado con la que la Generalitat tiene el 77,5% de la totalidad de sus 43.900 millones de euros deuda, como Banca Armada, al tener concedidos préstamos a empresas armamentísticas.

Así, las únicas entidades financieras con cláusulas éticas que no financias la compra de armas con las que la Generalitat tiene deuda contraida son Caixa Popular, Abanca, Caja de Ingenieros y Caixa Ontinyent.

El concepto Banca Armada hace referencia a todas las entidades que financian la industria de armamento, desde su punto inicial de desarrollo e investigación hasta su venta final, que puede incluir países en guerra o en riesgo de conflicto, como más de una vez se ha demostrado.

La participación de las entidades financieras en la industria armamentística se realiza mediante uno o más tipos de financiación: la emisión de bonos y pagarés; la concesión de créditos a las empresas de armas; fondos de inversión, acciones y bonos a empresas de armamento; financiación de exportaciones.

Son en definitiva aquellos bancos que forman parte activa del negocio de la guerra. Entre las entidades nacionales que incurren en este tipo de prácticas, han tenido un peso muy alto en las relaciones con la GVA: ICO, BBVA, Caixabank, Banco Sabadell o Banco Santander.

En cuanto a las internacionales, el gobierno valenciano mantiene relaciones financieras con las que más invierten en armamento a nivel mundial: Deutsche Bank, HSBC, Commerzbank o Barclays.

En concreto, según el informe, el gobierno autonómico trabaja con bancos que han invertido  más de 36.628 millones de euros en armamento, entre 2011 y 2017. "Desde un punto de vista de coherencia de políticas, se puede identificar una evidente responsabilidad indirecta de la Generalitat en el apoyo y mantenimiento de estas entidades", indica el informe, y aclara que pese a que "hay indicios de una voluntad política de dejar de trabajar paulatinamente con la banca tradicional a favor de una banca con valores y ética, todavía faltan más pasos efectivos para dejar de trabajar con bancos que financian las empresas de armas".

17 entidades qie alimentan la industria armamentística

El acto en el Rector Peset fue presentado por Antonia Moreno Ruiz, directora general de Cooperació i Solidaritat de la Generalitat Valenciana, y el informe por Audrey Esnault, del Centre Delàs d'Estudis per la Pau.

El documento analiza los movimientos financieros de la GVA con 17 entidades, incluyendo 16 bancos comerciales y 1 institución pública (el ICO), que han sido beneficiarias de operaciones de endeudamiento de la administración General de la Generalitat Valenciana en 2017 por un valor de 41.581 millones de Euros.

Entre las principales entidades que trabajan con la GVA y que han invertido en la industria del armamento, están el Deutsche Bank, con 13.552 millones de euros, Barclays, con 9.578 millones, HSBC (4.142 millones), BBVA (3.307 millones), Banco Santander (2.347 millones), Commerzbank (1.768 millones), Bankia (181 millones) o Banco Sabadell (96 millones).

Estos y otros bancos han financiado a empresas profundamente involucradas en la producción y el mantenimiento de cabezas de misiles nucleares y de sus sistemas de envío (Honeywell International, Boeing, Lockheed Martin, AECOM, Safran, Airbus); bombas de dispersión completas o sub-municiones explosivas (Orbital ATK); aviones militares y de combate (Boeing, Airbus, etc.), blindados, torpedos (Leonardo), armas ligeras, explosivos militares (Maxam, General Dynamics, etc.), barcos de guerra (Navantia), tecnología militar (Indra), misiles no nucleares (Sener), entre otros.

Los objetivos del informe de Banca Armada CV sobre la realidad financiera de la GVA son dos. Primero, valorar la coherencia de la Generalitat a la hora de contratar servicios financieros con las propias políticas de promoción de la economía social y solidaria que impulsa.

Segundo, determinar la viabilidad de una transición hacia una mayor implicación con las finanzas éticas. De hecho, tanto la campaña como la elaboración del informe han sido costeadas por la misma Generalitat Valenciana.

La jornada se cerró con una mesa redonda en la que se discutió sobre coherencia de políticas, buenas prácticas en las administraciones y finanzas éticas, todos ellos pasos necesarios para poner fin al negocio de la guerra. En esta mesa participaron la propia autora del informe Audrey Esnault, del Centre Delàs, Josep Ochoa, Director General de Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno, Jordi Ibáñez, director de la Fundación Finanzas éticas y David Llistar, Director de Justicia Global y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Barcelona.

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