La PAH protegerá a las familias que han ocupado un edificio en Castellón mientras no tengan vivienda alternativa
Las cinco familias sin hogar que ocupan desde el pasado 31 de diciembre un edificio de la Gran Vía de Castellón permanecerán en las viviendas hasta que puedan acceder a un piso con un alquiler asequible. Así lo ha declarado una portavoz de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), María Jesús Garrido, en una rueda de prensa ofrecida ante el inmueble ocupado en el mediodía del 5 de enero. Afirmó que el colectivo organizará guardias para evitar cualquier intento de desalojo. La PAH comenzará de inmediato a buscar al propietario del edificio para “llegar a acuerdos y regularizar una situación con alquiler social”.
“Son familias honestas, honradas, que han vivido de su trabajo mientras lo han tenido toda la vida. No son delincuentes de los que haya que preservar a la sociedad”. Garrido utilizó estos argumentos para explicar que los 'ocupas' se han visto abocados a tomar esta decisión ante la falta de soluciones por la vía legal. En la mayoría de los casos, afirmó, “llevan cuatro o cinco años sin ingresos, dependiendo de los servicios sociales, yendo de un lado para otro, saliendo de una vivienda que no pueden pagar para ir a casas de familiares”.
Todo esto sucede, explicó, mientras hay “13.000 viviendas vacías en la provincia de Castellón” y cientos de pisos de propiedad pública a la espera de rehabilitación, de los cuales “sólo cuatro están reformándose” en la capital. “Ni el Ayuntamiento ni la Generalitat tienen recursos. Los grandes tenedores cierran los pisos y los bancos no son solidarios con las viviendas vacías. Porque tienen viviendas que no son capaces de vender, y que podrían ceder a través de alquiler social a esta gente que las necesita”, afirmó Garrido.
El Ayuntamiento pide a las familias que acudan a servicios sociales
El Ayuntamiento de Castellón emitió un comunicado en el que califica la ocupación de “ilegal” y de “peligroso precedente” y pide que se “respeten las normas de convivencia ciudadana”. El equipo de gobierno insiste en que sus esfuerzos desde que llegó al poder en mayo han ido dirigidos a resolver desahucios, pero en esta ocasión “estamos ante la ocupación ilegal de una vivienda y no un desahucio”.
Asegura que se han puesto a disposición de las familias “todos los recursos sociales de que [el Consistorio] dispone para que vengan a las oficinas municipales cuando quieran”. Aunque la PAH asegura que todas las familias han pasado ya por los servicios sociales, el comunicado afirma que “el único caso del que tenemos información ha sido atendido en los últimos meses por diferentes servicios municipales y se le han ofrecido diferentes soluciones para su problema”.
Por su parte, la consejera de Vivienda de la Generalitat, María José Salvador, opinó que “hay que respetar la lista de espera” que se vertebra a través del EIGE (Entidad de Infraestructuras de la Generalitat). Desde su departamento explicaron que tras el cambio de gobierno encontraron “700 viviendas por reformar que no se pueden utilizar por el más estado en que se encuentran (91 en la provincia de Castellón)”. Se espera que en esta legislatura se puedan acondicionar 500. La Comunidad Valenciana tiene 9.239 demandantes de viviendas sociales. De ellos 712 corresponden a la provincia de Castellón. La Generalitat gestiona en torno a 15.000 viviendas públicas.
El propietario acude a la Policía para desalojar
El propietario del edificio es un particular y no una entidad financiera, según el Ayuntamiento. Su identidad se desconoce. Está intentando desalojar a los nuevos moradores de su inmueble, que es de nueva construcción aunque lleva años deshabitado. Recibió el aviso de un vecino de la finca de al lado, que le dijo que se oían ruidos en su edificio. Él llamó entonces a la Policía, que lo acompañó a comprobar este hecho. Un cerrajero contratado por el propietario forzó la puerta principal del inmueble.
Según los vecinos 'ocupas' y la PAH, la Policía reventó las puertas de dos viviendas e intentaron hacer lo mismo con el acceso al piso en el que todos se habían reunido, en la sexta planta, atemorizados por los “golpes” oídos en la escalera. Según la Policía, no se reventó puerta alguna. Ambas versiones coinciden en el desenlace del episodio: los agentes y el propietario desistieron de entrar en la vivienda cuando desde dentro les recordaron que no podían acceder sin una orden judicial. El martes, el propietario formalizó su denuncia ante la Policía. El atestado llegará en los próximos días al juzgado de guardia.
