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La contradicción del PP: pide eliminar el impuesto de las hipotecas pero lo subió al máximo en comunidades autónomas

La líder del PP valenciano, Isabel Bonig, junto al presidente del Partido Popular, Pablo Casado

Sergi Pitarch

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se apresuró a prometer que eliminará el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados cuando gobierne nada más anunciar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que desde este jueves tendrán que pagarlo los bancos tras el cambio de criterio del Tribunal Supremo. La reacción de Casado y otros políticos del partido conservador llama la atención, máxime cuando el impuesto de las hipotecas nunca fue cuestionado en su programa electoral y se disparó a máximos en la mayoría de comunidades gobernadas por el PP mientras fueron los consumidores los que abonaban esta carga fiscal.

En la actualidad, tres bastiones electorales del PP como Galicia, Castilla-La Mancha o Murcia mantienen el tipo máximo del 1,5% en el impuestos de las hipotecas. El Estado fijó el gravamen máximo y aprobó el tributo en 1995 que cada autonomía decide en qué cantidad aplicar, ya que su gestión está transferida. Pero es más, en autonomías que fueron durante años gobernadas por los conservadores, el impuesto de Actos Jurídicos Documentados se triplicó, como pasó en la Comunitat Valenciana. Eso sí, eran los clientes los que liquidaban este pago que incrementaba considerablemente el coste final de su hipoteca.

De hecho, los socialistas valencianos fijaron en su día  que el impuesto de las hipotecas en la Comunitat Valenciana fuera del 0,5 %. A Eduardo Zaplana le pareció que el tributo estaba bajo y en pleno crecimiento de la burbuja inmobiliaria y del volumen de contratación de hipotecas decidió duplicar al 1% el tipo el 1 de enero de 2002.

La crisis inmobiliaria y el hundimiento del sistema financiero no evitó una rebaja para el consumidor valenciano de este impuesto, que pasó al tipo máximo del 1,5 % el 6 de agosto de 2013, en plenas vacaciones de verano, pasando así al grupo de autonomías que más cobran por este tributo, según recordaba esta semana el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig. Fue el Gobierno valenciano del popular Alberto Fabra el que aprobó esta subida a los consumidores, que además fue acompañada de incrementos del 6 % al 10 % del impuesto de Transmisiones Patrimoniales. 

Las comunidades autónomas que tienen el tipo máximo del 1,5% en el impuesto de las hipotecas que ahora pagarán los bancos son, además de Galicia, Castilla y León, Murcia y la Comunitat Valenciana; Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Catalunya y Extremadura. 

El tipo más bajo del impuesto sobre las hipotecas lo tienen País Vasco y Navarra, con el 0,5 %, una bajada que les permite su particular régimen fiscal, que les granjea mayores ingresos que a otras autonomías.

La Comunidad de Madrid tiene, como Canarias, un tipo fijado del 0,75% en el impuesto de Actos Jurídicos Documentados que pagaban hasta esta semana todos los clientes que suscribían una hipoteca. Otros impuestos que perjudican a las clases altas, como el de Sucesiones y Donaciones o el de Patrimonio, Madrid los tiene bonificados al 99% y al 100%, respectivamente.

En la Rioja el impuesto de las hipotecas que se instauró en 1995 tiene un tipo del 1% y  en Asturias y Baleares del 1,2%.

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