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El PSOE ha mantenido a un imputado en su Comité Federal durante cuatro años

Antonio Amorós, imputado en el caso Brugal y ahora procesado por su papel en los residuos de la Vega Baja, es miembro del máximo órgano de los socialistas desde 2012 y fue reelegido en 2014

Amorós está siendo investigado por su supuesta relación con la trama alicantina desde 2010, lo que motivó que Ximo Puig forzase su dimisión de la Ejecutiva del PSPV en Alicante en 2012

La consulta a las bases del PSOE no sería vinculante, pero "compromete" al Comité Federal, que se pronunciaría después

Antonio Amorós es un dirigente local del PSOE sin mucho peso a nivel nacional pero que se ha mantenido en el máximo órgano del PSOE desde 2012. Su presencia en el Comité Federal, un órgano de cerca de 300 miembros, desde hace cuatro años no tendría más importancia ya que es uno de los integrantes del mismo que le corresponden por cuota al PSPV. El problema es que lleva imputado casi seis años en el caso Brugal, que investiga la corrupción en la adjudicación de los contratos de basuras en varias localidades alicantinas. Ahora, después de que este miércoles la jueza del caso decidiera procesarle, Amorós ha anunciado que abandona por el momento su militancia en el partido y que deja temporalmente el Comité Federal.

La investigación sobre Amorós no evitó su ingreso en el Comité Federal en 2012. El papel de Amorós en Brugal entra dentro de la pieza separada de los residuos de la Vega Baja cuando era portavoz de los socialistas en la Diputación de Alicante. La jueza considera que él y otros 13 implicados pudieron cometer prevaricación, cohecho, fraude a la administración, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociación prohibida. Amorós compareció en junio de 2011 ante el juez que entonces instruía esta pieza del caso Brugal por la que ahora se le procesa y en aquella ocasión afirmó que no había cometido delito alguno, según informa EFE.

La llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE no supuso la caída de Amorós. Tanto que agotó su mandato y fue reelegido por la cuota que le corresponde al PSPV en el Federal en 2014. Y eso que en 2012 Ximo Puig impulsó su salida del comité ejecutivo del PSPV mientras esperaba que dejase además el Federal.

Estos indicios contra él no han provocado hasta ahora la caída del socialista del Comité Federal, al estar recogido en el Código Ético aprobado en octubre de 2014 que la dimisión ha de producirse cuando hay apertura de juicio oral contra un encausado. Si un cargo del PSOE es investigado (antes imputado) solo tiene que rendir cuentas ante la dirección.

Procesados por amañar contratos de un plan de residuos

El amaño de contratos para la concesión y explotación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja ha motivado el proceso contra Amorós y otras 13 personas, la mayoría del PP. Según reza el auto del juez de esta pieza, "ha quedado indiciariamente acreditada la existencia de una trama organizada" en torno a cinco empresarios que contaron con "la ayuda y la colaboración directa e información de investigados con diversos cargos políticos y técnicos vinculados al Consorcio de la Diputación Provincial de Alicante", para "obtener favores" de la Diputación Provincial de Alicante y de los Ayuntamientos de Orihuela y de Pilar de la Horadada. Todo, "mediante la entrega de dádivas a funcionarios y autoridades con competencia o influencia en contrataciones, y en concreto en el Plan Zonal XVII de Residuos de la Zona XVII, aprobado mediante Orden de 15 de abril de 2005 de la Consejería de Territorio y Vivienda de la Comunidad Autónoma Valenciana".

La jugada, según la investigación policial, se hizo a tres bandas. El expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll adjudicó a principios de 2008 la contrata de recogida de basuras del Plan Zonal de la Vega Baja a la UTE Cespa-Ortiz, concesión pactada entre los empresarios Ortiz y Fenoll y él mismo. Ripoll presuntamente adjudicaba el vertedero a una empresa de Ortiz a cambio de que este comprara unos terrenos de Fenoll valorados en cuatro millones y comprados por el 'capo de las basuras' por 800.000 euros. Un acuerdo, que también según la investigación, contemplaba la entrada de Fenoll en el capital de Tabarka Media. Las dádivas para lograr el contrato millonario del basurero consistieron en dos viajes organizados por Ortiz y por el empresario Rafael Gregory  -también imputado- a bordo de dos yates propiedad del empresario a las islas Baleares. Amorós fue imputado por aparecer en conversaciones entre Fenoll y Gregory en las que dicen de él, según la investigación, que "quería tocar más dinero".

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