El Parlamento valenciano pujó en solitario en la subasta para comprar a la Iglesia un edificio por tres veces su precio
La compra del edificio de la antigua Casa de los Caramelos de Valencia ha sido un ruina económica para el Parlamento valenciano. 13 años después de la transacción y ocho después de pagarlo, el inmueble continúa abandonado y sin que las Corts Valencianes le encuentren una utilidad. La finca adquirida al Arzobispado de Valencia costó casi tres veces su coste de mercado, pagando con dinero público más de cuatro millones de euros por encima de lo que hubiera costado con una oferta independiente.
Las condiciones leoninas fijadas por el Arzobispado de Valencia, pidiendo 6,7 millones en una subasta cuando una auditoría independiente fijó el precio en 2,6 millones, fueron asumidas sin protestar por la Mesa de las Corts. A esa puja sólo se presentó el Parlamento valenciano, lo que evidencia todavía más que el precio del edificio ya en ruinas era desorbitado. Los documentos en exclusiva revelados por eldiario.es demuestran que la operación vulneró los intereses públicos.
Y eso que el Arzobispado de Valencia dijo en su día que tenía otros aspirantes a la subasta y forzó a las Corts a decidir la puja en un periodo de 15 días. Pero nada más lejos de la realidad, solo el Parlamento valenciano se presentó al proceso competitivo, lo que abre muchas incógnitas sobre su transparencia. Más si cabe, con las tasaciones independientes de Tinsa que han salido a la luz en el año 2018 y que se ocultaron a la opinión pública en 2005. No a la Mesa de las Corts, de la que formaban parte, entre otros, Julio de España, y el actual presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que sí que las conocía.
Pero no contento el Arzobispado de Valencia con el cobro al contado de los 6,8 millones por el edificio en ruinas, la Iglesia y las Corts también pactaron que el erario público corriera con todos los gastos e impuestos. Así, la Cámara valenciana pagó 476.000 euros del impuesto de transmisiones patrimoniales, el coste del notario y hasta el impuesto de plusvalías, que rondó los 80.000 euros y que se habría incluido en la oferta para la subasta que plantearon las Corts y que superaba el precio inicial.
En la operación, según publico el diario Levante-EMV el 15 de junio de 2005, llegó a mediar el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Una venta que generó liquidez al Arzobispado de Valencia a pocos meses de la llegada del Papa Benedicto XVI a Valencia.
