La Red Española de Inmigración acusa a la Audiencia de ser “abogado defensor” del cardenal Cañizares
La Red Española de Inmigración ha acusado este miércoles al tribunal de la sección cuarta de la Audiencia de Valencia de hacer de “abogado defensor” del cardenal Antonio Cañizares en su confirmación del archivo de las denuncias al purpurado por sus declaraciones sobre refugiados y el “imperio gay”.
La sala cree que las expresiones del cardenal están amparadas por la libertad de expresión. Sin embargo, la Red, que fue una de las entidades que denunció a Cañizares, ha expresado su “profunda preocupación y desacuerdo” con el auto.
Esta organización cree que los magistrados “ahondan en el fondo del asunto adoptando una postura del todo defensiva de las frases y expresiones de Cañizares” y que han “olvidado su papel de garantes de la neutralidad”.
Así, les acusa de adoptar “una parte del todo defensiva y defensora de la persona del cardenal Cañizares promoviendo en tiempo récord la resolución de un recurso por parte de la Audiencia provincial que pone fin a todo procedimiento” y sostiene que han adoptado “la postura de abogado defensor del acusado llegando al extremo de plasmar en la sentencia lo que, en una interpretación amplia del Derecho, quería decir portándose como auténticos apóstoles de Cañizares en lugar de magistrados” de un tribunal “neutral”.
La Red asegura de que no dejará de defender a las personas refugiadas, solicitantes de asilo y personas migrantes en general y lamenta que “en la España del siglo XXI aún quedan sectores que quieren proteger y ofrecer un tratamiento asimétrico a las personas en función de su condición y relevancia social, protegiendo a la Iglesia Católica de igual forma que se hacía en la época medieval”.
Clarificar el delito de odio
La Red cree necesario que se “clarifique” el contenido del artículo 510 del Código Penal relativo a delitos de odio, “extremo que requeriría de una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación” que ven “fundamental” para “equiparar en medidas de protección a todos los grupos en riesgo de exclusión social así como garantizar igualdad de herramientas de protección ante los delitos de odio”.
