Refugiados en busca de asilo en España, años a la espera de una respuesta: “Estoy en una prisión, pero más grande”

El pasado año -el del Aquarius, pero también del Open Arms, Nuestra Madre Loreto o el Aita Mari- se registraron 54.065 solicitudes de asilo en España, un 40% más que en 2017, de las que 4.330 se produjeron en la Comunitat Valenciana. En los cinco primeros meses del año, según los datos del Ministerio del Interior, son ya 46.000 las peticiones recogidas (3.000 en Valencia, Alicante y Castellón), lo que podría situar la cifra a finales de año en unas 100.000 solicitudes de asilo, según explicaba Jaume Durà, coordinador del Comité Español de Ayuda al Refugiado en Valencia (Cear-PV).  De las solicitudes que se resolvieron en 2018 -menos de 12.000- tan sólo se aceptó una de cada cuatro, una media muy inferior a la de la Unión Europea, que se sitúa en el 38%.

Actualmente en Valencia, a los solicitantes de asilo se les está citando para dentro de un año, para mayo de 2020. Entre tanto, estas personas no pueden acceder al sistema de acogida. En este ínterin, con la cita ya concedida, los migrantes tampoco pueden ser expulsados, aunque carecen de ningún derecho. Durà denuncia el colapso en este servicio y reclama más medios de atención a estas personas.

Yahiya, Ahmed y Delfín son tres demandantes de asilo en España, cada uno de ellos en una situación diferente. 

Persecución étnica

Yahiya Diallo nació en Mauritania hace 39 años y el pasado mes de agosto llegó a la costa de Málaga procedente de Marruecos a bordo de una zódiac huyendo de la “esclavitud” de la que era víctima en su país. “Se trata de una esclavitud ligada a la religión, un régimen (la esclavitud) del que no puedes salir”, relata Yahiya, quien sufría una persecución étnica -pertenece a la etnia soninké-: “Los líderes religiosos utilizan el Corán para promover estas prácticas y defender sus privilegios, cuando el Islam no promueve la esclavitud sino que dice que una persona no puede someter a otra”. Sin embargo, “la gente se somete fácilmente y acepta vivir en estas condiciones”, explica.

Yahiya, quien reside en un centro para refugiados en Cullera y se expresa en francés, ha solicitado asilo por razones étnicas y en la actualidad está haciendo cursos de electricidad, fontanería y climatización mientras aprende español y habilidades sociales. Tiene la tarjeta roja -una especie de permiso temporal mientras se resuelve su situación- mientras espera a que se le cite para atender su petición de asilo.

Asediado por motivos políticos

Ahmed Ali, periodista egipcio de 27 años, lleva tres años como solicitante de asilo en España, con la tarjeta roja y a la espera de la segunda entrevista. Esa tarjeta le impide viajar a otros países: “Estoy en la cárcel, pero un poco más grande. Nadie sabe cómo me siento”. Respecto a la tarjeta roja, comenta cómo ni la Policía sabe qué es: “Cinco veces me han parado y después de enseñársela he tenido que explicarles qué es lo que es”. “Básicamente significa 'no', ya que no puedo ni alquilar un piso y me costó muchísimo poder abrir una cuenta corriente en el banco”, explica.

Alí fue condenado a 25 años de prisión por el régimen egipcio. Trabajaba con ONGs como Amnistía Internacional y todo se desencadena a raíz de su participación en un documental en el que se quería reflejar la situación en la que trabajan los periodistas en Egipto, “en peligro”: “Me detuvieron y me llevaron a una cárcel en medio del desierto, donde me tuvieron retenido durante cinco días sin que ni mi familia, ni mis amigos, ni mis compañeros supieran dónde estaba”. “En Egipto no hay democracia ni Derechos Humanos”, sentencia. Un año después, le llegó la condena por “terrorismo”. A los tres días se marchó a Uganda gracias a Amnistía Internacional, donde permaneció cuatro meses antes de viajar a España.

Aceptada la solicitud de asilo cuatro años después

Delfin Mocache-Massoko nació en Guinea Ecuatorial hace 36 años, llegó a España en 2004 exiliado con la excusa de continuar sus estudios y el pasado mes de abril obtuvo el asilo cuatro años después de haberlo solicitado (en 2015) por motivos políticos. “Soy el guineano que más tiempo pasa en los tribunales”, ironiza al denunciar las continuas amenazas de las que ha sido objeto en todos estos años por denunciar lo que sucede en su país natal. Mocache-Massoko lamenta las complicaciones del proceso, y asegura que tiene compañeros que llevan una década pendientes de su solicitud, situados en un “limbo administrativo” con la esperanza de que, como es su caso, se les puede aplicar el 'Estatuto del Refugiado'.

Los tres se sienten agradecidos a España, país en el que aseguran que han sido bien acogidos, a pesar de los problemas burocráticos que han sufrido durante su estancia, más o menos prolongada.