Puig contra Rajoy: el Consell se niega a pagar una multa por las trampas del PP
Ximo Puig, presidente valenciano, contra Mariano Rajoy, presidente español. La Generalitat ha recurrido ante el gobierno de España el pago de la multa de 19 millones de euros impuesta por la Unión Europea (UE) por manipulación de los datos de déficit hecha por el Consell presidido por Francisco Camps (PP) entre 2008 y 2011. Según Bruselas, el gobierno valenciano no incluyó en sus cuentas gastos de sanidad por casi 2.000 millones de euros.
En su recurso, firmado por el conseller de Hacienda, Vicent Soler, se solicita archivar y dejar sin efecto el procedimiento abierto por el que la administración central pretende repercutir el importe de la multa a la Generalitat, al argumentar que la responsabilidad es del Estado, toda vez que tiene la competencia de supervisión y remisión de las cifras de déficit a la UE.
Según un comunicado de la Generalitat, sus alegaciones subrayan que los hechos que han motivado la sanción de la UE, la práctica de los anteriores gobiernos del PP de asumir gasto sin cobertura presupuestaria y no contabilizarlo, eran “notorios, públicos y sobradamente conocidos por el Ministerio de Hacienda” y otras entidades del estado, ya que la Sindicatura de Comptes, en sus informes anuales de fiscalización, que se remiten al Tribunal de Cuentas, venía denunciando desde finales de los noventa esta realidad.
Esas fiscalizaciones no solo se remitían a los organismos estatales, sino que se publicaban en un diario oficial -concretamente, en el Boletín Oficial de las Corts Valenciana-, y además gozaban de una amplísima repercusión pública. Como muestra de ello, el escrito de alegaciones de acompaña de referencias de numerosos medios de comunicación en los que se reflejan las denuncias del Síndic sobre la ocultación de facturas por parte de los anteriores ejecutivos del PP.
“Irregularidades de conocimiento público”
Es más, el escrito se acompaña de la denuncia que un viceinterventor realizó en el informe correspondiente a 2003 -y que formaba parte de un anexo de la fiscalización de la Sindicatura de Comptes-, en el que se advertía de la posibilidad de “imputación de responsabilidades” por la “persistencia” de Sanidad en la asunción de gastos sin cobertura presupuestaria.
En las alegaciones se considera “inverosímil” la versión de las autoridades estatales de que tuvieron conocimiento de la incorrecta contabilización de gasto sanitario en mayo de 2012, con motivo de la adhesión del Consell al Mecanismo Extraordinario de Pago a Proveedores -que obligaba a sacar a la luz las facturas no contabilizadas hasta entonces-, “ya que tales 'irregularidades' eran públicamente conocidas por la Administración del Estado”. La propia Comisión Europea, en el marco de su investigación, destacó que “gran parte” de la información ya había sido revelada en sus informes por la Sindicatura de Comptes. El Estado argumenta que en esos años no tenía “suficientes poderes” para la comprobación de los datos aportados por las comunidades autónomas. Sin embargo, en este caso la información había sido ya difundida por un organismo fiscalizador y publicada en un diario oficial.
El conseller de Hacienda ha expresado su rotundo rechazo a que el actual Consell tenga que cargar con una multa por unos hechos de los que son responsables los anteriores gestores autonómicos, así como el Estado, por “incumplir sus obligaciones” e “incurrir en responsabilidad por 'culpa in vigilando'”. “Nosotros no debemos pagar la multa porque lo que ha pasado es responsabilidad de un Gobierno anterior”, ha aseverado el titular de Hacienda, para añadir: “Pero, además, resullta que el anterior Ejecutivo hacía cosas que la Sindicatura de Comptes y otros organismos denunciaban”.
“Por tanto -asevera- eran hechos conocidos por el gran supervisor, que era el Gobierno de España. Si el Gobierno no supervisaba, ahí tiene como mínimo una corresponsabilidad o, diría más, la responsabilidad de que al final nos hayan puesto una multa”.
En el escrito se pide, en primer lugar, el archivo del procedimiento por considerar que la responsabilidad última de lo ocurrido es estatal y, subsidiariamente, para el caso de que se rechacen las alegaciones, se mantiene que en todo caso hubo una “responsabilidad concurrente” entre el Estado y la Generalitat (por la actuación de los anteriores gestores). Asimismo, se solicita la suspensión de la ejecución del procedimiento, a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamine sobre el recurso presentado por el Gobierno de España contra la imposición de la multa. El Consell denuncia que la sanción incrementará las cifras de déficit en 2015 y “perjudicará aún más los servicios públicos esenciales de los valencianos”, dada la “asfixia financiera” de la Generalitat.
