El Supremo obliga al Consell a entregar los estudios de opinión de 2012 a Compromís
El Tribunal Supremo (TS) ha fallado en contra del recurso de casación que el Gobierno valenciano interpuso contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que le obligaba a entregar a Compromís los estudios de opinión pública de 2012 encargados por la Generalitat Valenciana y que la coalición había solicitado. De esta manera, le obliga a entregar la documentación requerida y, además, le impone unas costas de 3.000 euros.
Según la sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo del TS, facilitada en rueda de prensa por la candidata de Compromís a la Presidencia de la Generalitat, Mónica Oltra, considera que se ha producido una “infracción de un derecho fundamental” y que la documentación solicitada por Compromís es de “carácter público”.
Además, el fallo señala que el Consell “no ha dado ninguna razón que justificara la denegación de documentación” y “nada impide a los diputados que vean su petición”.
El Ministerio Fiscal también solicitó la desestimación del recurso del Gobierno valenciano y considera “irrelevante” el argumento del Consell en relación al “carácter instrumental para la elaboración de informes internos de la administración” de estos estudios y de que la información solicitada se refiera o no a la intención de voto o a la valoración de dirigentes políticos.
Por otro lado, Oltra ha destacado que este fallo, junto con el que obligó al Consell a entregarles una relación de contratos menores de Gürtel, tras haberles denegado la información, “sienta jurisprudencia” de manera que cualquier cargo público que pase por este proceso de denegación de información pública “podrá presentar un recurso y será estimado”. En el caso de la administración, cuando presente recurso en el TS “no será ni admitido a trámite”, en base a las dos sentencias mencionadas.
Asimismo, y ante la “reiteración” de sentencias en contra por la denegación de información, Oltra ha comentado que estudiarán si existe un “fondo de prevaricación” por parte de los miembros del Consell y también si se puede haber dado un “desvío de fondos” por el uso de las encuestas.
Uso “partidista”
En este sentido, el diputado autonómico Fran Ferri, que fue quien solicitó las encuestas, ha criticado el “uso partidista” que ha hecho el PP de estas encuestas a las que no podían acceder el resto de partidos, al tiempo que denunciaba que desde 2004 “el PP ha gastado 2,3 millones para pagarse encuestas” a través de la Generalitat y ha afirmado que tratarán de que los populares devuelvan ese dinero.
Por otro lado, Oltra ha señalado que esta sentencia advierte de que “no tiene mucho sentido” que la Ley de Transparencia establece una serie de posibilidades para que el ciudadano pueda acceder a documentación, “no parece razonable que ese mismo derecho no lo tenga un cargo público”. “Es una advertencia para el futuro para los gobiernos”, ha remarcado.
Tribunal de cuentas
Por otro lado, Oltra ha afirmado que acudirán al Tribunal de Cuentas para que el pago de las costas “derivadas de una actuación injusta de los miembros del PP en el Gobierno las paguen esos miembros del PP”. “No entendemos que los valencianos tengan que pagar las fechorías de los consellers que denegaban información sabiendo que eso era ilegal”, ha remarcado.
