La justicia obliga a la Generalitat a pagar un millón al puerto deportivo que quiso comprar Zaplana en 2017 por 1,8 millones
La Generalitat Valenciana tendrá que pagar al puerto deportivo privado de Altea Marina Greenwich un millón de euros por la imposibilidad medioambiental de realizar una macroampliación en el año 2004. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano y posteriormente el Tribunal Supremo (al inadmitir la casación) han reconocido que la administración valenciana debe abonar el coste de las obras realizadas y que se paralizaron, pero no el lucro cesante por el que la sociedad del empresario francés Robert Edgard Bataouche Pérez reclamaba 93 millones de euros.
Este puerto deportivo, según ha revelado el sumario del caso Erial, era deseado por el exministro y expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana. El expolítico pretendió comprarlo, según la Guardia Civil, por 1,8 millones de euros de dinero que presuntamente guardaba en Suiza del cobro de comisiones siendo presidente valenciano.
La operación de Zaplana era una especie de cierre de un círculo, puesto que la tramitación de la macroampliación del puerto deportivo privado -la concesión la da la Generalitat- se realizó siendo el ya exdirectivo de Telefónica presidente de la Generalitat. En caso de haber adquirido en 2017 el puerto al empresario francés y amigo -según las grabaciones del caso Brugal-, Zaplana habría recuperado un millón de euros en dos años. Es más, en caso de que el Supremo hubiera estimado la reclamación de Batouche, el pelotazo hubiera sido de 93 millones de euros.
El reconocimiento de deuda de la Generalitat con la empresa Marina Greenwich SA fue por parte de Isabel Bonig, actual candidata del PP a la presidencia de la Generalitat. Siendo Bonig consellera de Infrestructuras y a cuatro días de las elecciones, la conselleria reconoció que la administración debía indemnizar a la sociedad del amigo francés de Zaplana con 500.000 euros. Ese reconocimiento incial provocó que el TSJ obligue ahora a la Generalitat a abonar ese dinero más los intereses, en total casi un millón de euros.
Bonig, como tampoco ha hecho la justicia, no reconoció el lucro cesante de 93 millones que pedía la sociedad y que hubiera hecho rico a sus propietarios y posteriormente a Zaplana, en caso de haberse hecho con la propiedad.
Marina Greenwich SA es concesionaria del puerto privado Luis Campomanes desde 2004 y su intención fue ampliar las instalaciones en un proyecto que tuvo una gran contestación social. Tanto vecinos como ecologistas criticaron que se diera una concesión para 30 años de 240.000 metros cuadrados de superficie marítimo-terrestre, de los que unos 35.500 correspondían a 542 nuevos amarres (duplicando la capacidad del puerto ya existente) para grandes yates de lujo, y otros 21.000 metros cuadrados para locales comerciales, a pesar del grave riesgo ambiental.
De hecho, el proyecto de ampliación fue denunciado por los ecologistas que consiguieron paralizarlo en 2010 en el TSJ valenciano y en 2013 en el Tribunal Supremo porque afectaba a la población de posidonia de la costa. El expediente de las obras fue tumbado porque contenía importantes irregularidades, ya que el proyecto que finalmente había aprobado la Generalitat no era el que se había sometido a la previa y preceptiva Evaluación de Impacto Ambiental.
El puerto deportivo de Altea Luis Campomanes y gestionado por Marina Greenwich era uno de los lugares preferidos por Zaplana. Allí la UCO le ha requisado dos yates que sospecha serían de su propiedad y dos apartamentos, estos últimos con dinero repatriado del extranjero por el presunto cobro de comisiones.
