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Imputado el exconseller de Camps, Manuel Cervera, por contratos con la trama Gürtel

Manuel Cervera y Alberto Fabra, durante un acto electoral en 2011

elDiariocv / Miguel Giménez

VALENCIA —

Dos dias después de que el President de la Generalitat asegurara que no iban a ir imputados en las listas del 2015, el PP valenciano cuenta con otro imputado entre sus filas. Se trata nuevamente de un ex alto cargo de la época de Francisco Camps, el exconseller de Sanitat, Manuel Cervera, a quien el magistrado José Ceres, instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha encausado por la contratación del vídeo sobre la ampliación del Hospital Clínico de Valencia en 2008, adjudicado a Orange Market y otras dos empresas vinculadas con esta mercantil.

Así consta en una providencia, dentro de la pieza cinco del caso 'Gürtel', según informa Europa Press. Esta pieza se refiere a presuntas irregularidades en los contratos suscritos entre diferentes consellerias y Orange Market u otras empresas del grupo.

El magistrado ha citado a declarar el próximo día 19 a Cervera, quien también fue cabeza de cartel del PP en las últimas Elecciones Generales por Castellón. Cervera fue tras estos comicios diputado y portavoz popular de Sanidad en el Congreso de los Diputados hasta el pasado 30 de agosto, cuando presentó la renuncia a su escaño “por motivos de tipo personal y profesional”.

El juez le ha citado a declarar ahora en relación con el contrato para la elaboración de un vídeo sobre la ampliación del Hospital Clínico de Valencia en 2008, proyecto que se, según la investigación, presuntamente se dividió en cuatro contrataciones de distintas Direcciones Generales dependientes de la Conselleria de Sanidad -tres sobre la misma cinta proyectada- en favor de Orange Market S.L. -dos de ellas- y de otras dos sociedades supuestamente vinculadas a esta mercantil -Easy Concept y Diseño Asimétrico-.

Ceres cree que los hechos podrían suponer un fraccionamiento de la contratación de diversos contratos menores con la intención de eludir el debido procedimiento de concurso, eliminando la libre concurrencia en favor de mercantiles de la trama.

Esto podría constituir un delito continuado de prevaricación y, en su caso, de tráfico de influencias. Además, no resulta descartable la posible existencia de un delito de falsedad en documento público u oficial, según el documento instructor.

El magistrado, explica la información de Europa Press, rechaza de momento imputar a otros altos cargos de la Conselleria.

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