Del accidente del metro al 'caso Taula': el adoctrinamiento del PP valenciano a los testigos en comisiones de investigación
El recuerdo de tiempos oscuros ha vuelto con el intento de un diputado del PP de dirigir la declaración de un testigo en la comisión de investigación del caso Taula en las Corts Valencianes. Miguel Barranca, miembro del partido hasta hace 8 años, denunció a eldiario.es que el portavoz del PP en la citada comisión le llevó hasta la cafetería con intención de adoctrinarle. Su hija, diputados y otros asesores presenciaron la escena y los grupos parlamentarios del PSPV, Compromís y Podemos han pedido a la Mesa de las Corts que tome medidas.
Barranca, exdirectivo de la empresa pública de construcción de colegios Ciegsa y exdiputado provincial del PP, acudió a testificar a la comisión parlamentaria sobre los contratos de la Generalitat Valenciana con empresas de la trama que investiga la contratación de trabajadores zombis (que no acudían a su puesto laboral), los sobrecostes millonarios, el desvío de fondos públicos y el blanqueo de capitales para financiar al PP del Ayuntamiento de Valencia.
El diputado del PP señalado, Fernando Pastor, niega haber intentado dirigir su testimonio, según explicaron desde su grupo parlamentario. Desde la dirección del PP valenciano consideran que el escrito de queja de PSPV-PSOE, Compromís y Podemos a la Mesa de las Corts para amonestar al parlamentario es volver “a tiempos de la Inquisición”, según manifestó la presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig, el pasado martes. La dirigente consideró que se toma como “dogma de fe” lo que dicen los testigos en las comisiones sobre su partido, pero no cuando es sobre otros.
Fueron los representantes de Compromís y Podemos quienes, ante la gravedad del asunto, recordaron el caso de HM Sanchis en la primera comisión de investigación del metro de Valencia. HM Sanchis fue la consultora de comunicación que preparó a los responsables de la empresa pública de ferrocarriles para declarar en las Corts Valencianes. El PP aprovechó su mayoría parlamentaria para crear una comisión exprés, que duró poco más de una semana, y que la alianza progresista del parlamento autonómico repitió al ganar las elecciones en 2015, en el primer año de legislatura.
Uno de los mayores escándalos de la investigación del accidente en el que murieron 43 personas fue el descubrimiento de que la consultora de comunicación HM Sanchis adoctrinó a los técnicos que tenían que intervenir en la comisión de parlamentaria para preparar su discurso. El representante legal de la empresa negó los hechos en el juzgado y defendió que trabajaban con Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) años antes del accidente. El objetivo de la manipulación de los testimonios era eximir de cualquier responsabilidad al Gobierno de Francisco Camps sobre el accidente, crear un relato alternativo en el que el accidente fuera imprevisible y culpa del conductor, que falleció el mismo 3 de julio de 2006. Y, consiguieron un relato que sólo sus diputados se creyeron. Ni los familiares de las víctimas, 43 muertos y 47 heridos, ni el resto de formaciones políticas, ni los medios de comunicación se lo creyeron.
En esta segunda comisión, organizada por los partidos progresistas de la cámara con el apoyo de Ciudadanos, en una especie de acto de higiene política, directivos y técnicos de la empresa pública FGV reconocieron que la agencia de comunicación les preparó para comparecer ante la comisión parlamentaria.
Juan José Gimeno, director de Auditoría y Análisis de la Seguridad de la empresa pública, declaró en la segunda comisión de investigación del accidente que la consultora les dio un documento que contenía posibles respuestas a posibles preguntas. El responsable del área explicó que tras el siniestro se sucedieron las reuniones en la empresa pública con representantes de la consultora, a los que la gerente, cargo de confianza del PP, presentó como asesores de comunicación. Estas personas “explicaron los tiempos de comparecencias, la mecánica de pregunta-respuesta” e hicieron “recomendaciones respecto a la forma de intervenir” y también de “no utilizar excesivos tecnicismos”. En varias reuniones posteriores, dijo el directivo, “estos mismos señores se presentaron con un documento escrito” que repartieron a todos los que estaban allí y que contenía “respuestas muy concretas a preguntas muy concretas”.
Un responsable de HM Sanchis, Jorge Feo, negó en la comisión que su función fuera la de adoctrinar a nadie. Quiso dejar claro que no se les contrató para que aleccionaran a ningún compareciente, sino que tras el accidente se produjo un “shock” en el seno de la empresa, tanto en las relaciones internas como con los medios, y HM Sanchis desarrolló “el trabajo normal de cualquier asesor en una situación de crisis”.
La consultora trabajó con la empresa que gestiona el transporte metropolitano para preparar estrategias de comunicación previas al aniversario del accidente cada año. FGV pagó en siete años 621.000 euros a HM Sanchis. El libro y posterior documental La estrategia del silencio, sobre las consecuencias políticas y judiciales del accidente, muestra algunos mensajes dirigidos a los trabajadores, como la recomendación, en el aniversario del accidente, de “ignorar el recuerdo de la fecha en la que se produjo”.
El incidente con Miguel Barranca en la comisión de Taula ha levantado más suspicacia, si cabe, por esos antecedentes tan llamativos y por el hecho de que son varias las comisiones de investigación abiertas esta legislatura en las Corts Valencianes sobre asuntos de corrupción durante la época de gobierno del PP.
