Fabra, Moragues y otra docena de cargos del PP no declararon sus bienes al cesar
El expresidente de la Generalitat Valenciana Alberto Fabra y el exconseller de Hacienda Juan Carlos Moragues, así como otra docena de altos cargos del PP en la anterior Administración han dejado sus puestos sin cumplimentar la preceptiva declaración de bienes y actividades. A la Conselleria de Transparència que dirige Manuel Alcaraz, departamento al que ha pasado desde Presidencia la competencia del registro, “no le consta” que estén depositadas esas declaraciones, ni las de cuatro secretarios autonómicos, siete directores generales y un subsecretario que cesaron en sus cargos al cambiar el gobierno de la Generalitat, tras las elecciones autonómicas de mayo de 2015. Así lo refleja el informe que el Consell conocerá en el pleno de este viernes, día 11 de marzo, para su envío a las Corts Valencianes.
A diferencia de Fabra y Moragues, el resto de consellers del último Gobierno del PP sí que han presentado en el registro sus declaraciones. Fabra pasó a ser senador tras renunciar a su puesto de portavoz del PP en las Corts y Moragues fue nombrado delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, cargo que sigue desempeñando actualmente. La mayoría de secretarios autonómicos también lo hicieron, pero no constan las declaraciones de José Luis Torró (que fue secretario autonómico de Comunicación), Fernando Díaz Requena (Economía y Empleo), Pedro García Ribot (Administración Pública) y Antonio Gastaldi (Justicia).
El registro de actividades y de bienes fue creado en 1995 por un decreto que obliga a los altos cargos a presentar sus declaraciones “en el plazo improrrogable de los tres meses siguientes a las fechas de toma de posesión y cese”. También prevé la modificación de las declaraciones en ese plazo cuando se hayan producido cambios en las actividades, los bienes o el patrimonio. Según establece la norma, el Consell “dará cuenta anualmente de las declaraciones que se hubieran producido”, así como de “las incidencias que se pudieran producir como consecuencia del cumplimiento o inclumplimiento de las mismas”.
“Lo que no está claro es qué debe hacerse en caso de incumplimiento”, apunta la directora general de Transparencia, Aitana Mas, cuyo equipo trabaja, por otra parte, en dar cumplimiento a un acuerdo de las Corts que insta al Consell a crear un registro mucho más amplio, de “nombramientos de personal directivo efectuados por las distintas conselleries y empresas públicas que de ellas dependan”.
“Hasta ahora”, explica Mas, “había que registrar bienes y actividades de altos cargos de la Administración y del sector público, lo que no siempre se ha hecho”. Pero las Corts quieren crear un registro con los datos, contratación y fechas de los contratos del “personal directivo”. Aprobado dentro de la resolución que crea una comisión de seguimiento de los 202 nombramientos de altos directivos de la Conselleria de Sanitat, el acuerdo plantea la duda de qué se puede considerar personal directivo. “¿Hay que incluir a todos los gerentes de hospital?, se pregunta la directora general. ”¿Y a todos los directores de instituto?“.
De momento, en lo que se refiere a las declaracioens de bienes y actividades, según Aitana Mas, del centenar de altos cargos que las realizaban hasta ahora se pasará a medio millar, al hacer efectivo que también los altos cargos del sector público y empresarial las realicen.
