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La Udef constata que se "fabricaron" documentos "ad hoc" en los contratos de la Fórmula 1 para simular legalidad

La Policía Nacional apunta a la colaboración del despacho Broseta Abogados en la búsqueda de "soluciones" a los problemas planteados por la empresa pública Circuit del Motor sobre "la no existencia de documentos en el expediente"

La mercantil organizadora del Gran Premio en Valencia adjudicó sin justificación a Avega la contratación de las pantallas gigantes entre 2008 y 2011 mediante el procedimiento negociado sin publicidad por tramitación de urgencia

Imagen de una de las pruebas de Fórmula 1 celebradas en Valencia.

Un monoplaza en el circuito urbano de Valencia

Siguen acumulándose los indicios de irregularidades en la contratación de la Fórmula 1 en Valencia. Así se desprende del último informe aportado por la Udef (Unidad de Delitos Económicos y Financieros), con una extensión de 144 páginas, incorporado al caso Valmor este mes de diciembre referido a la contratación del servicio de suministro de pantallas gigantes para la celebración del Gran Premio de Valencia entre 2008 y 2012. Estas operaciones tuvieron un coste superior a los tres millones de euros para el erario público.

Así, la Policía Nacional confirma que la empresa pública de la Generalitat Circuit del Motor realizó contratos "ad hoc", con la colaboración del despacho Broseta Abogados, que se encargaba de buscar "soluciones a la problemática planteada por Circuit del Motor sobre exceso de facturación, uso recurrente del procedimiento negociado sin publicidad o la no existencia de documentos en el expediente, aunque ya se hubiera prestado el servicio y emitido la factura por el proveedor", para la adjudicación de las pantallas a la mercantil Avega Soluciones Inteligentes Audiovisuales SL de 2008 a 2011.

Esta empresa "no presentó ninguna oferta" a Circuit del Motor y las contrataciones se realizaron mediante el procedimiento negociado sin publicidad a través de una tramitación de urgencia justificada en la "imprevisibilidad" y en el "interés público" del Gran Premio. En 2011, las contrataciones las realizó directamente Valmor con Alfassom.

Según la Udef, no se justificó la necesidad de contratación, no existía un documento de disponibilidad de crédito, hubo una falta de criterios de valoración de ofertas, se solicitaron las ofertas sin pliegos, hubo ofertas presentadas antes o después de plazo, se utilizaron modificados de contratos para enjugar sobrecostes en la facturación, se negoció la oferta con el adjudicatario... "y un largo etcétera de irregularidades".

"Apariencia de veracidad"

Para dotar estas contrataciones de "apariencia de veracidad" se acabaron "fabricando" documentos "ex post, exclusivamente con la finalidad de configurar un supuesto expediente y otorgarle apariencia exterior de integridad y veracidad". Por ello, la Udef apunta que las adjudicaciones de Circuit del Motor a Avega se realizaron "al margen de lo dispuesto en la ley de contratos de la Administración Pública y demás normativa aplicable, vulnerándose los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia aplicables en la contratación pública, y que la contratación en 2011 de forma directa por parte de Valmor de la sociedad Alfassom permitió eludir la aplicación de las normas de la contratación pública a la prestación de los servicios incumpliendo el contrato entre Valmor y el Circuito del Motor”. Esto supuso un "perjuicio económico" para la empresa pública.

Contratos a la carta, el "patrón" del PP

La diputada socialista Ana Barceló ha denunciado que este 'modus operandi' no fue exclusivo de la celebración de la Fórmula 1, sino el patrón utilizado por el Partido Popular en la organización de sus "eventos, contratos y adjudicaciones a la carta", como la Agencia Valenciana de Turismo o Fitur: "elaborar a la carta las condiciones y la posterior adjudicación de contratos".

A juicio de la parlamentaria autonómica, el "único interés" que se perseguía con este proceder era "el beneficio propio y de los ‘amiguetes’ a quien iban a parar gran parte de los contratos", al tiempo que ha denunciado el "grave perjuicio" para la sociedad valenciana de este modo de proceder. "Siempre en nombre del interés público y por motivos de urgencia, estos han sido los argumentos que una y otra vez se repiten para saltarse los cauces legales", ha señalado Barceló.

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