El sector de las VTC amenaza con reclamar al Consell 160 millones en indemnizaciones por priorizar al taxi

El presidente de Unauto, la patronal de las empresas de vehículos de transporte con conductor (VTC), Ricardo González, ha advertido este jueves de las consecuencias que puede acarrear para el sector y para las arcas públicas la aprobación del decreto para regular este servicio que ofrecen a través de plataformas como Uber o Cabify.

El borrador de la normativa sigue los pasos de la aprobada en Catalunya y establece, entre otras cosas, un periodo mínimo de 15 minutos entre el momento de la solicitud del servicio y su inicio, un periodo que los ayuntamientos podrán incrementar en el ámbito urbano si así lo consideran necesario. Así, por ejemplo, el de València ya ha anunciado que ampliará este periodo a una hora, tal y como ha hecho el de Barcelona.

González ha advertido que estas restricciones comprometen seriamente la prestación del servicio, lo que supondría el despido de 500 conductores en la Comunitat Valenciana, dado que las empresas se verían obligadas a cerrar.

Según ha explicado, el decreto “perjudica directamente a los cientos de miles de valencianos que también quieren utilizar los servicios de VTC”.

Además, “las restricciones harán que Valencia, en lugar de mirar al futuro, vuelva a un modelo de movilidad del siglo XX, limitando además las opciones de movilidad de los valencianos”.

González ha advertido que “de acuerdo con un informe de la auditora EY sobre el coste de la expropiación de las autorizaciones VTC, la Generalitat se enfrenta al pago de 166 millones de euros en concepto de daños y perjuicios a los titulares de autorizaciones de VTC”.

Además, ha revelado que “estos costes han sido confirmados por el informe del Consell de Garanties Estatutàries de Cataluña, que ha expuesto que esta normativa atenta contra la libertad de empresa y reconoce que las indemnizaciones al sector VTC podrán ser reclamadas por los propietarios de autorizaciones”.

El presidente de Unauto asegura que el informe dice textualmente que la normativa catalana, casi idéntica a la valenciana, “obstaculiza de manera excesiva y, por tanto, de forma no razonable el derecho constitucional a la libertad de empresa”.

Por este motivo, ha apelado “a la responsabilidad del ejecutivo autonómico” y ha solicitado “que se formalice una consulta al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana sobre el borrador que tenemos hoy encima de la mesa”.