Valencia evitará la degradación de la casas públicas en el Cabanyal
Vuelco a la mirada sobre el barrio del Cabanyal. Si con la exalcaldesa Rita Barberá comprar casas del barrio con dinero público era una estrategia, según los vecinos, para llevar adelante su plan ilegal sobre la zona de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez a través de su trama, ahora se quiere revertir las consecuencias negativas sobre el patrimonio que hubieran podido acarrear esas actuaciones.
Para ello, el Ayuntamiento incluirá varios de sus edificios públicos en el plan de rehabilitación firmado esta semana con la Generalitat Valenciana, y del que también aportan financiación tanto el Gobierno central como los particulares. Sin embargo, aún no concretan una cifra exacta, ya que la intención es que en las ayudas del convenio de rehabilitación y regeneración del barrio tengan prioridad las viviendas de carácter privado. No en vano, son los particulares quienes más dinero aportan en este proyecto.
No obstante, desde el área de urbanismo confían en que puedan incluirse varias de las viviendas que tienen, resultado de la práctica realizada por el anterior equipo de gobierno municipal. Eso sí, tras conocerse los resultados de la auditoría que ejecutan los responsables de urbanismo sobre estas propiedad de titularidad pública. Con ella, además, podrán decidir qué tipo de actuación tendrían que abordar en cada uno de los bienes inmuebles que posee la administración local en la zona. Es decir, si rehabilitar o reconstruir.
Una vez ya se haya decidido a qué tipo de actuación urbanística será sometida cada vivienda, desde el equipo de gobierno local no plantean un único fin para todo su conjunto de propiedades. A cada vivienda le corresponderá un uso o un destino diferente, según sus características.
Así, los fines que les dé el tripartito de izquierdas serán muy diversos. Una parte será destinada a la venta y otro a alquiler, aunque no de tipo social para evitar que la zona se convierta en un gueto. No obstante, los arrendamientos que ofrecerán serán inferiores a los del precio de mercado al ser concedidos por la empresa pública Aumsa.
También estos edificios públicos, ahora degradados, serán utilizados para que allí se alberguen varios de los servicios municipales que quiere impulsar el ejecutivo local en la zona ante las quejas reiteradas de falta de equipamientos públicos. Entre las clásicas reivindicaciones de las asociaciones vecinales ha estado un servicio de salud, un servicio social o una biblioteca. Desde urbanismo se apuntan otros usos como la cesión a asociaciones, colectivos y plataformas.
A todos estos fines, hay que sumar otro que plantea la concejalía dirigida por el socialista Vicent Sarrià. Se trata de ceder estas viviendas en caso de que hayan sido expropiadas a los anteriores dueños, pero con una condición: que colaboren con las tareas de rehabilitación. Los tiempos para el Cabanyal se antojan distintos.
