Valencia quiere romper con la gestión de los albergues de Barberá
La herencia dejada por la anterior alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, lastra los cambios del tripartito municipal. Y convierte sus planes en meras intenciones a dejar para más adelante. Tanto, que los giros que quieren realizar se convierten en retoques, aunque no pequeños.
Dentro de esos casos, se encuentra el de la gestión de los albergues. Durante la etapa de Barberá la oferta de plazas para los más desfavorecidos -aquellos que no tienen vivienda, conocidos como sin techo- se hacía a través de convenios con distintas organizaciones sociales, especialmente de signo eclesiástico. Ahora, el nuevo equipo municipal quiere darle la vuelta y apostar por proveer de instalaciones de carácter público, según indicaron fuentes municipales.
Para ello ya han dado los primeros pasos. A las 370 plazas que habían el año pasado, el tripartito ha aumentado en diez los puestos disponibles gracias a la apertura de un nuevo centro que se regirá bajo los criterios de titularidad pública. Pese a ello, mantendrán los convenios plurianuales firmados por el anterior equipo de gobierno al no poder ofrecer una alternativa.
De las 380 plazas que oferta este año con la denominada ‘Operación Frío’, 15 serán para personas con problemas de integración social –como drogodependientes- o que no se adapten a los criterios y normas con las que se regulan este tipo de alojamientos de función social. No en vano, son consideradas como plazas de alta flexibilidad, porque son más abiertas a otras situaciones y conductas que padecen personas más desfavorecidas.
“Apostamos por ir hacía un modelo de provisión de instalaciones públicas, pero no podemos”, reconocen fuentes de la concejalía encargada de temas sociales. “Si rompemos los convenios, no tenemos una alternativa. Y lo que no podemos hacer bajo ningún concepto es dejar a personas sin techo en las épocas más frías sin un lugar en el que resguardarse por una cuestión de prioridades políticas”, certifican las mismas fuentes. “Si tuviéramos alternativas, pagaríamos las indemnizaciones correspondientes e iríamos al modelo que defendemos”, aseguran los mismos informadores.
Debido a ello, el consistorio mantendrá los acuerdos alcanzados. Sin embargo, y de forma progresiva, la intención del gobierno local encabezado por el alcalde, Joan Ribó, es avanzar hacia un modelo donde los albergues sean instalaciones o edificios de propiedad pública, pese a que la gestión la puedan desempeñar organizaciones sociales.
Más profesores
A esta medida, se suma la contratación de ocho docentes más para los colegios municipales, anunciada por el teniente alcalde y portavoz municipal, Jordi Peris (València en Comú). Los 8 profesores se incorporarán antes de que termine este mes de octubre, con el objetivo de reforzar la plantilla de las escuelas municipales y de la ‘escoleta’ de Pinedo. “Es un hecho muy importante, ya que durante estos últimos ocho años se había reducido un 20% esta plantilla”, ha revindicado Peris.
El también edil de participación, derechos e innovación democrática ha anunciado la reanudación del Plan de Actuación Integral de Malilla. Iniciado en el 2000 y paralizado hace unos años, ahora será la empresa municipal AUMSA quien se encargue de llevar adelante el 12% de la obra que resta por terminar. “Se trata de proteger culturalmente y medioambientalmente unas viviendas unifamiliares históricas”, ha afirmado Peris.
Además, el consistorio ha decidido relevar al antiguo gerente de la fundación innDEA. Y ha colocado en su lugar al profesor de la Universitat Politècnica de València y de la Escuela de Ingenieros Industriales además de experto en innovación, Rafael Monterde. Peris, que también es edil de innovación, ha asegurado que “se está estudiando la fusión” entre esta fundación y Valencia Crea, con utilidades similares. “Con esta fusión evitaríamos duplicidades”, ha sentenciado.
