Vivienda denuncia que el PP trató de desahuciar de pisos sociales a 100 familias morosas
La Generalitat, a través de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, ha fijado unos nuevos criterios de adjudicación para normalizar y regularizar, a través del alquiler, la situación de los residentes de viviendas sociales que se han quedado sin contrato de compraventa por impagos.
Estas personas, que continúan ocupando el inmueble al no haberse ejecutado el lanzamiento que inició el antiguo gobierno, se encuentran en muchos casos en situación de vulnerabilidad social y cumplirían los requisitos para ser adjudicatarios de viviendas de promoción pública.
Ante esto, desde la Conselleria de Vivienda se ha decidido normalizar la situación de estas familias para que se queden en el piso social pero a través de un alquiler.
De esta manera, la conselleria ha aprobado una resolución que determina unos nuevos criterios de adjudicación que se aplicarán a las familias que se encuentren en esta situación para que puedan seguir ocupando la vivienda en alquiler, adaptando su renta y la deuda a sus circunstancias personales y socioeconómicas a través de condiciones flexibles y bonificaciones.
La conselleria que dirige María José Salvador tiene como objetivo poner en valor y dignificar el parque público de vivienda, por ello, se ha iniciado un proceso de regularización ante los casos en los que los inquilinos de los pisos sociales no disponían de ningún tipo de contrato ni de alquiler ni de compraventa.
Hay que recordar que, a mediados de abril, la Conselleria de Vivienda también aprobó otra resolución para regularizar la situación de las personas que, aunque cumplían requisitos para subrogarse en el contrato de alquiler de la vivienda pública en la que residían, quedaron en situación irregular por presentar la solicitud fuera del plazo legal para hacerlo.
Además, cabe destacar que una de las medidas que se adoptó en el primer pleno del Consell fue la de no desahuciar a nadie por motivos económicos.
Frente a esta situación, la directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, Rebeca Torró, ha señalado que la medida adoptada “responde a la vocación social y de rescate de las personas del nuevo Consell, así como la apuesta de la conselleria por dignificar la vivienda pública poniendo en marcha las medidas y los recursos disponibles para mejorar todo el parque público”.
Por ello, se ha considerado necesario regularizar la situación de estas personas, “no sólo para normalizar el patrimonio de promoción pública, sino también para evitar el desalojo de los ocupantes de estas viviendas que no tienen alternativa para acceder a otra vivienda del mercado libre”, ha indicado Torró.
