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La jueza del metro cita a declarar a los cinco imputados clave por el accidente en un solo día

Víctimas y familiares concentrados en la plaza de la Virgen de Valencia

Miguel Giménez

Valencia —

Después de que la Audiencia de Valencia ordenara el pasado 19 de febrero reabrir por tercera vez el caso del metro, la jueza Nieves Molina ha citado a declarar el próximo 26 de marzo a la exgerente de Ferroccarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Marisa Gracia, y otros cuatro imputados clave en la causa. Además, la instructora ha trasladado a las partes la petición de la Fiscalía para que la investigación se prorrogue tres años más, tal y como ha informado el TSJ valenciano.

La resolución de la Audiencia de Valencia abría las puertas a citar como imputados a Marisa Gracia, exgerente de FGV; Salvador Orts, exjefe de estudios y proyectos y miembro del Comité de Seguridad; Francisco Gracía, director técnico de la explotación y miembro del Comité de Seguridad; Vicente Antonio Contreras, director adjunto de la explotación; Sebastián Argente, exjefe de la Línea 1; Juan José Gimeno, exdirector de la Auditoría para la seguridad y circulación; y Manuel Sansano, exdirector de Operaciones.

El juzgado de Instrucción número 21 de Valencia archivó el procedimiento -que investigaba el siniestro que provocó la muerte a 43 personas y causó heridas a otras 47 el 3 de julio de 2006- el pasado mes de mayo al descartar la existencia de responsabilidades penales y al no considerar acreditado un fallo o mal estado del material o la infraestructura, una decisión que fue recurrida tanto por la Fiscalía como por la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio.

Marisa Gracia, procesada por irregularidades

La exgerente de FGV ha sido procesada, junto a los dos exdirectivos Vicente Contreras y Manuel Sansano, por presuntas irregularidades en contrataciones de seguridad en la empresa pública. El procedimiento, que instruye el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, reabrió esta causa después de que la Audiencia de Valencia así lo ordenase tras el archivo de la causa en octubre de 2017.

El procedimiento se centra en dos aspectos: pago de penalidades de dos empresas de seguridad entre los periodos 2007 y 2011; y adjudicación de contratos de servicios.

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