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Estalla un escándalo de espionaje urbanístico en el Ayuntamiento de Alicante

Miguel Ángel Pavón (Guanyar Alacant) junto al alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri

Emilio J. Salazar

Alicante —

El Urbanismo alicantino sigue pegado a la polémica. Por si no tuviera suficiente el municipio con el presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) orquestado por alcaldes del PP para favorecer al empresario Enrique Ortiz, el hallazgo del presunto dispositivo de grabación en la concejalía de Urbanismo amenaza con ser la puntilla que termine con el alcalde socialista Gabriel Echávarri, doblemente imputado.

La forma de proceder del gobierno local, protagonizado en minoría por el PSOE, cuando descubrió el supuesto dispositivo hace dos meses no ha gustado nada al resto de fuerzas de la corporación y ha levantado sospechas entre sus antiguos socios hasta el punto de no descartar que las supuestas grabaciones ilegales, en caso de haberse llevado a cabo, sean fruto de “un montaje” de las filas socialistas.

“Se ha procedido de forma muy rara, esto huele muy mal”, afirma Miguel Angel Pavón, portavoz del grupo municipal de Guanyar. “Si se detecta ese dispositivo, lo lógico es no tocarlo, llamar a la policía para que lo inspeccione para recabar in situ todas las pruebas, pero eso ya es imposible”, añade el que fuera concejal de Urbanismo.

Pavón cree que además hay “informaciones muy contradictorias”. “Al principio se hablaba de una empresa privada que había hecho ese barrido, ahora escuchamos que lo han hecho personal del Ayuntamiento”, señala. “Incluso llegas a pensar que esto sea un montaje, que se haya puesto eso ahí para organizar una historia rara contra mi, llegas a pensarlo porque todo es muy anómalo”, explica.

Todo esto le ha llevado en la mañana de este lunes a presentar una denuncia en la Comisaria Nacional de Alicante para que estudien si se podría haber incurrido en un presunto delito de grabaciones ilegales y de obtención y aprovechamiento de información privilegiada en el caso de que se hubieran producido las grabaciones.

“En el despacho del concejal de Urbanismo se tratan muchos asuntos que tienen que ver con licencias, con planeamiento, proyectos de obras y licitaciones y pliegos y obviamente lo que ahí se habla no puede trascender”, comenta a este diario.

Miguel Ángel Pavón se considera afectado por la presunta comisión de esos delitos y por ello cree que primero deberían de haberle informado a él y después haber puesto una denuncia ante la Policía Nacional. “Aquí han actuado con total opacidad y falta de transparencia con la excusa de no querer montar un circo mediático, pues menudo circo han montado ahora, dos meses después”, añade.

Respuesta del PSOE

Por su parte, la actual titular de la concejalía, Eva Montesinos, ha intentado zanjar la polémica invitando a los medios al despacho donde se encontró el dispositivo. Allí ha explicado que lo localizaron hace dos meses cuando su móvil empezó a tener problemas de cobertura y que el jefe de Seguridad de Alcaldía localizó “un dispositivo de autograbación, rudimentario y de corto alcance” en un mueble. A continuación lo llevaron a las dependencias policiales donde, según Montesinos, les dijeron que era un aparato que de por sí no tenía capacidad de grabación si no se conectaba a un ordenador.

La edil socialista también ha explicado que no denunciaron esto hechos ante la Policía “para no perjudicar la imagen de la ciudad” porque entiende que podría haber derivado en una posible “utilización política” en un momento en el que la Justicia investiga el posible amaño del PGOU.

Guanyar ha pedido la comparecencia del alcalde en el próximo pleno, que coincide con el Jueves Santo, “si todavía está Echávarri como alcalde y no ha dimitido por el caso Comercio”, ha puntualizado Pavón quien ha demandado por escrito al alcalde que le facilite la documentación relativa a las pesquisas que ha llevado el Ayuntamiento hasta encontrar con el dispositivo y sus posteriores conclusiones.

Mientras tanto, Compromís ha optado por informar a la Fiscalía y por solicitar la celebración de una Junta de Portavoces ante “la gravedad de estos hechos”. “Hace dos meses que se tendría que haber destapado -ha afirmado su portavoz Natxo Bellido- y tapar los problemas no los soluciona, al contrario.

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