Ana Kringe pagó 753.000 euros a las empresas del caso Fitur Costa Blanca que investiga la Fiscalía

La exalcaldesa de Dénia, Ana Kringe, todavía edil del Partido Popular, avaló con su rúbrica tanto la adjudicación como las órdenes de pago de los contratos del Patronato de Turismo Costa Blanca, de la Diputación de Alicante, para el montaje de varias ferias turísticas entre los años 2007 y 2008, cuando ocupó el puesto de gerente (directora económico administrativa) del organismo. Es el conocido como caso Fitur de la diputación, por sus similitudes con el caso Fitur que ha acabado en condena de prisión para la exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez, y los cabecillas de la trama Gürtel Francisco Correa y Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’.

El Caso Fitur Costa Blanca lo denunció el grupo de Compromís en la Diputación de Alicante, que ha acabado poniendo toda la documentación en manos de la Fiscalía. Este lunes se hizo público que ya ha abierto diligencias de investigación por los hechos.

El caso salpica a Ana Kringe, que entonces ejercía como gerente del Patronato de la Costa Blanca y avaló con su firma pagos por un total de 753.000 euros. Eran los años previos a la moción de censura con la que asumió la alcaldía de Dénia en 2008. Llegado ese momento, dejó su puesto en el Patronato para hacerse cargo de la alta responsabilidad municipal.

Kringe ejercía como directora económico administrativa del Patronato de Turismo, un nombramiento que fue muy controvertido y por el que llegó incluso a estar imputada tras ser denunciada por un concejal socialista de Dénia, Juli Martínez, porque carecía de la titulación mínima exigible para desempeñar el puesto de directora-gerente de un organismo autónomo.

En la documentación aportada a la Fiscalía se incluyen 70 facturas de las empresas investigadas, las mercantiles vascas Exporigging SL y Stands Molinos SL, vinculadas entre sí, a las que el organismo  de la diputación adjudicó reiterada y sistemáticamente contratos para el montaje de estands en ferias turísticas entre los años 2004 y 2008. El importe total es de 3,2 millones de euros. Kringe apenas ocupó el puesto de gerente un año (fue nombrada en 2007), pero en ese período firmó algunas de las adjudicaciones y órdenes de pago más cuantiosas, como queda probado en la documentación aportada a la Fiscalía

En la adjudicación...

Así, el 14 de marzo de 2008, Kringe formó parte de la Mesa de Contratación con la que se adjudicó a Stands Molinos SL el contrato para los estands en ferias turísticas de ese año, por un importe global de 632.053 euros. Su firma aparece avalando la adjudicación junto a las del vicepresidente del Patronato, Sebastián Fernández, la secretaria delegada, Tatiana Parreño, y la Interventora.

... Y en el abono

Después, Kringe firma cada una de las órdenes de pago presentadas por la adjudicataria como directora económico administrativa del organismo. Es el aval técnico a unos documentos que incluyen, además, otras dos firmas: una de perfil político (el diputado de Turismo Sebastián Fernández), y otra, la de la Intervención, que da fe de la existencia de crédito presupuestario para proceder al pago. Cabe añadir que no firmó todas las órdenes de pago de ese contrato, pues algunas de las facturas se abonaron cuando ya había dejado el puesto para ocuparse de la alcaldía de Dénia. Su firma aparece, en concreto, en pagos por un montante total de 752.951 euros, pues rubricó también otras órdenes de pago a Stands Molinos, como algunas por los estands de Fitur de 2007 y 2008.

Aquel contrato de 632.053 euros para las ferias de 2008 es uno de los documentos en los que Compromís tiene puesta la lupa. Y es que la adjudicación se realizó en favor de Stands los Molinos a pesar de no ser, ni mucho menos, la oferta más ventajosa en lo económico. De hecho, de las cinco presentadas, su oferta obtuvo apenas tres puntos en el apartado de oferta económica, cuando había otras con 4, 7 y 10 puntos.

Pese a ello, el contrato le fue adjudicado a Stands Molinos, debido a que más del 50% de los criterios de valoración eran de carácter subjetivo. En esos casos, recalca Compromís, la ley obliga a que la adjudicación la avale un comité de tres técnicos de turismo, requisito que se habría obviado.