Nadie se quiere hacer cargo de los vertidos de aguas fecales al Marjal de Pego

Balones fuera. El problema sigue agravándose y nadie se quiere hacer cargo de los vertidos de aguas fecales al Marjal de Pego-Oliva. Mientras la asociación de vecinos de Monte Pego denuncia que las aguas llegan a multiplicar por 10 los niveles de contaminación permitidos, y el Síndic de Greuges “recomienda” a la Conselleria y el Ayuntamiento de Pego adoptar “todas las medidas que sean necesarias para evitar los vertidos”, ninguna de las dos administraciones tiene intención de ponerle solución.

Es lo que se desprende del último documento emitido por el Síndic, después de que se admitiera a trámite la queja del presidente de la Asociación de Vecinos de la Montaña de Pego (AVMP), en la que se manifestaba que “a pesar de las distintas denuncias presentadas ante el Ayuntamiento de Pego, se siguen produciendo vertidos de aguas fecales sin depurar procedentes de la urbanización Monte Pego al Parque Natural de la Marjal Pego-Oliva”.

Los pretextos de la Conselleria

Como recoge el informe del Síndic, la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural alega mediante un informe que la EPSAR (Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales, dependiente de la Generalitat) “carece de competencias tanto en la gestión y financiación de depuradoras privadas, como en materia de control de vertidos de las depuradoras al medio ambiente”.

Asimismo, señala que ha puesto en el asunto en conocimiento del Ayuntamiento de Pego y que los concejales de Agricultura y Medio Ambiente dicen, del mismo modo, que “el funcionamiento de la depuración de las aguas fecales de la urbanización no es de su competencia por motivos administrativos”. El vertido, indican, se encuentra al sur del Parque Natural de la Marjal de Pego-Oliva, fuera de sus límites, a una distancia de 410 metros en línea recta.

Los pretextos del Ayuntamiento de Pego

El Ayuntamiento de Pego, por su parte, traslada a la promotora Monte Pego S.A. todas las culpas. Durante los últimos 15 años, una disputa legal entre varios ayuntamientos, liderados por Pego, y los desarrolladores de la macro urbanización, ha impedido que sea pública y reciba servicios básicos urbanos. Así, en el informe presentado por el Consistorio ante la queja, se detallan los distintos pleitos judiciales mantenidos con la empresa promotora de Monte Pego, en los que se sentenció que la obligación de terminar las obras de urbanización, entre ellas el saneamiento, y encargarse de su conservación, le corresponden la compañía privada.

“El servicio de alcantarillado no puede prestarse por el Ayuntamiento hasta que no se cedan las obras de urbanización. No es posible, por tanto, adoptar medida alguna relacionada con la cuestión en cuanto titular del servicio (…) salvo el requerimiento al titular de la infraestructura para su ofrecimiento”, expresan desde la administración local, que recuerda además que “el incumplimiento de los requerimientos realizados impide el conocimiento por parte del Ayuntamiento del estado de la red de saneamiento, lo que impide la adopción de órdenes de ejecución”.

Además, recuerdan en el informe, que tras las instancias presentadas en el Ayuntamiento por parte de la asociación de vecinos, han emprendido diversas líneas de actuación: reiterados requerimientos específicos a Monte Pego SA. para subsanar la situación de los vertidos procedentes de la depuradora, la investigación de las denuncias por si fuera posible precisar la existencia de alguna causa concreta, así como la remisión de las denuncias al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), que “está realizando las correspondientes investigaciones”.

El último pronunciamiento de Monte Pego SA

Tras las denuncias públicas de los vecinos, la promotora de la urbanización se pronunció al respecto en julio del pasado año, con una versión distinta a la del Ayuntamiento: “es el Ayuntamiento de Pego el que tiene la obligación de recoger las aguas residuales de la urbanización de Monte Pego, tal y como ha establecido la sentencia de 10 de febrero de 2017 del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Alicante”. En ella, la urbanización pidió al consistorio en el año 2000 que realizara la “conexión urgente de la red de saneamiento de la urbanización a la depuradora de la población” y el ayuntamiento acordó por unanimidad realizar las “gestiones oportunas para proceder a la conexión solicitada”.

Además, añadía MPSA, en 2004 el alcalde (por aquel entonces, el popular José Carmelo Ortolà) solicitó a la Epsar la supervisión de depuración de las aguas residuales de la urbanización. Asimismo, recordaba en el comunicado, que el 3 de mayo de 2005 el consistorio adjudicó los trabajos para la conexión.