Rajoy anuncia en Alicante un modelo de financiación “justo” y “para todos”
El presidente del Gobierno y candidato del PP a la reelección, Mariano Rajoy, ha anunciado este viernes desde Orihuela que abordará un nuevo modelo de financiación autonómica en la próxima legislatura “distinto” del socialista y que será “justo”, “para todos” y “en el que nadie tenga más de lo que le corresponde, pero tampoco menos que dé lo que le corresponde”.
Rajoy se ha pronunciado así durante un mitin en la ciudad alicantina, la más grande de la Comunitat Valenciana donde gobiernan los populares tras las autonómicas de mayo, al tiempo que ha reafirmado su compromiso con el territorio valenciano y ha sacado pecho al insistir en que el Estado ha ayudado a la Generalitat a pagar sus deudas a proveedores, en el pago de la deuda y en atender a los servicios públicos.
De cara a la próxima legislatura, el candidato popular a la reelección ha apostado por el AVE con Murcia, por la conexión del aeropuerto de l'Altet y por el Corredor Mediterráneo, del que ha dicho que es una infraestructura “de las más importantes por comodidad y para mejorar la competitividad de la economía del país”.
Finalmente, se ha referido a la problemática de la sequía que sufren las comarcas alicantinas, de la que ha dicho: “conozco problemática y aseguro que haré cuanto esté en mis manos, lo posible y lo imposible para resolver un asunto con demasiados años sin resolverse”.
Plan Nacional del Agua
En ese mismo sentido se ha pronunciado la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, que ha considerado que su formación es “el único partido con voluntad de resolver el déficit hídrico”.
La líder popular ha subrayado que el programa del PP es el único que contempla en el programa electoral “un Plan Nacional del Agua que ofrece soluciones a los desequilibrios hídricos existentes entre las distintas cuencas y regiones españolas”. Y ha apostado por una política hídrica “construida sobre la base del diálogo, el consenso y la solidaridad que resuelva los desequilibrios.
Finalmente, Bonig ha lamentado la derogación del trasvase del Ebro y el “despilfarro” que supuesieron “cinco desaladoras que nadie quiere y que ha costado 550 millones de euros”.
