La eliminación del límite de alturas junto a Les Salines de Calp ya es definitiva

Ya no hay marcha atrás. La liberalización de alturas junto a uno de los parajes naturales más sensibles de Calp, el humedal de Les Salines, impulsada por el gobierno local (PP e independientes), que permitirá la construcción de grandes torres junto a ese entorno, ha cumplido con sus trámites después de su publicación definitiva este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Así que ahora para hacer frente a esta trascendente decisión urbanística, que ha provocado un hondo debate en la localidad del Penyal, ya sólo cabe recurrir a los juzgados. En concreto, el BOP da un plazo de dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Esta aprobación definitiva se produce apenas unos días después de que en el último pleno el PSOE –como también han hecho los otros grupos de la oposición en diversas ocasiones– pidiera parar esa liberalización con el fin de abrir un debate sobre el modelo urbanístico de Calp al constatar que el actual, basado en la construcción de grandes edificios, está dañando la calidad turística de la localidad. Sin embargo, el gabinete del popular César Sánchez prosigue su propio camino.

Lo que exactamente se ha publicado en el BOP ha sido la aprobación definitiva de la modificación puntual del PGOU de Calp Número 9 de las ordenanzas morfológicas reguladoras del suelo urbano del Saladar de Calp. El ejecutivo de Sánchez justifica esta decisión porque pretende trasladar a esa zona los derechos de edificabilidad de los propietarios del yacimiento romano de Banys de la Reina, con el fin de poder preservar ese recinto histórico que, por cierto, está sufriendo entre tanto un alarmante proceso de degradación.

Por su parte, en aquel pleno el PSOE pidió que en vez de incrementar más edificabilidad en Calp, donde en la actualidad se están construyendo o hay planificadas más torres en otros puntos del litoral, se implicara a las diversas administraciones para que aportaran el dinero con el que hacer frente a las compensaciones económicas a los propietarios del citado yacimiento.