El aparcamiento ilegal de McDonald's en Alcoi
El cerco se estrecha sobre las decisiones urbanísticas del exalcalde del PP y portavoz de Ciudadanos en Alcoi, Jorge Sedano. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha declarado ilegal el aparcamiento que tiene McDonald's en Alcoi. La decisión la toma el tribunal al aceptar un escrito de La Carrasca-Ecologistes en Acció que había sido revocado por el juzgado de instrucción número de Alicante.
Según establece la sentencia, la ilegalidad del párking de la multinacional estadounidense proviene de que ocupa cinco veces más de zona verde que lo permitido por ley, un 27,92% en lugar de un 4,5%. Concedido en 2007 por el gobierno municipal del PP, la concesión del aparcamiento fue polémica desde el principio. El entonces edil de urbanismo y ahora diputado autonómico del PP en las Cortes Valencianas, Fernando Pastor, anunció que la cadena de comida rápida se instalaría en la zona verde mucho antes de verse el encaje que tendría en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) ni de hacerse la concesión pública para llevarse a cabo.
La actuación fue calificada por los ecologistas de “traje a medida” y “trato de favor” del Ayuntamiento a la transnacional. De hecho, McDonald's consiguió unos terrenos públicos y muy accesibles a un coste de 1,35 euros mensuales por metro cuadrado. “Un precio ridículo”, según La Colla Ecologista La Carrasca, “en comparación con el trato que se da a los hosteleros y comercios locales”. Aunque los vecinos de la Zona Norte y las diversas organizaciones ecologistas presentaron alegaciones al proyecto, los técnicos y miembros del consistorio se negaron a admitirlas.
Pese a que la vía utilizada es la administrativa, La Carrasca-Ecologistas en Acció reclaman al Ayuntamiento que se depuren todas las responsabilidades posibles, incluidas las penales. Con ello, Pastor podría verse envuelto en un procedimiento judicial que de llevarse a cabo pasaría al TSJ valenciano por la condición de aforado del diputado autonómico y exconcejal de urbanismo de Alcoi.
“Hay que aclarar si ha habido negligencias graves de los técnicos, si fueron los cargos políticos los que presionaron porque se incumpliera la legalidad o si estamos ante casos de corrupción. Es imprescindible llegar hasta el final para impedir que los costes derivados de estas ilegalidades recaigan en las arcas municipales y para evitar también que hechos como estos puedan volver a producirse”, reclaman los ecologistas. Por ello, piden la creación de una comisión de investigación que depure las responsabilidades políticas de los proyectos urbanísticos de la era Sedano (Rosaleda, Serelles) que los tribunales han declarado ilegales.
