eldiario.es

9
Menú

¿Cuánto nos cuestan la corrupción y el déficit de calidad institucional en España y qué podemos hacer para evitarlo?

¿Es posible que se den elevados niveles de corrupción en un país con un sólido entramado de instituciones de gobierno independientes que se controlen mutuamente?; ¿en un país con una justicia bien dotada, rápida y eficaz?; ¿en un país con un sector público transparente en el que los ciudadanos tengan acceso sencillo a toda la información sobre la acción de gobierno y con una cultura de seguimiento de los asuntos públicos apoyada en medios de información plenamente independientes? Un nivel elevado de corrupción no puede explicarse sin un cierto déficit en la calidad de las instituciones de gobernanza, entendiendo por esta calidad, junto a los bajos niveles de corrupción, factores como la fortaleza del estado de derecho, la transparencia y rendición de cuentas en la gestión de gobierno y la independencia de los distintos poderes públicos.

La sociedad española ha alcanzado en los últimos años un elevado grado de sensibilización frente a los problemas de corrupción. Sin embargo, otros aspectos de la calidad de las instituciones del país como, por ejemplo, la independencia de las comisiones reguladoras de los mercados o la dotación de medios suficientes para los organismos de control, resultan demasiado lejanos a muchos ciudadanos.

La calidad de las instituciones de gobierno y el control de la corrupción son piezas fundamentales para el desarrollo económico de los países, especialmente cuanto más avanzadas son sus economías. De esa calidad dependen buena parte de los servicios que recibe la ciudadanía y del progreso económico que cabe esperar para el futuro.

Seguir leyendo »

Inundaciones en el Mediterráneo: Ante todo la seguridad de las personas

Efectos de la lluvia torrencial en Dénia, la Marina Alta

En este otoño tan inestable, tambien en lo atmosférico, hemos asistido de nuevo al fallecimiento de ciudadanos del litoral mediterráneo español a causa de las riadas ocurridas semanas atrás. Sigue resultando inconcebible que, en un país como el nuestro, con medios económicos y recursos materiales y humanos destinados al aviso y emergencia ante este tipo de episodios, sigamos contabilizando cada año muertos por ahogamiento o arramblamiento cuando llueve fuerte. Algo pasa.

Lo peor es que la propia administración, especialmente en las escalas regiones y local, sabe lo que pasa y no quiere, no puede o no se atreve a solucionar el problema. Y los ciudadanos también tenemos nuestra parte de culpa en este problema, porque a veces somos conscientes de actuaciones indebidas que se han llegado a cabo y se siguen realizando en el territorio y que aumentan el riesgo de las personas que allí se han instalado, y no decimos nada. O, simplemente, actuamos de forma imprudente, queriendo hacer vida normal en días con aviso meteorológico, como si no pasara nada. Sacamos el coche, cruzamos los barrancos, andamos por calles repletas de agua. Estos días hemos visto imágenes de este tipo en los medios de comunicación y las redes sociales.  En esta ocasión, en Baleares, hemos vuelto a registras muertos dentro de su vivienda, como ocurrió en 1997 en Badajoz. Entonces se comprobó que los ahogados residían en viviendas que ocupaban espacio de riesgo de inundación en la confluencia de dos arroyos. Dos décadas después se repite la secuencia.

Es cierto que las inundaciones tienen causas multiples (atmosféricas, hidrológicas, territoriales, humanas, económicas, políticas incluso) y todas merecen atención y medidas de actuación. En España, se han mejorado enormemente los sistemas de predicción meteorológica, con AEMET al frente, que se ha situado al nivel de los grandes organismos estatales a nivel internacional en esta cuestión. Se demuestra que la inversión en predicción meteorológica no sólo es necesaria, sino impresdincible, en un país como el nuestro si se quieren reducir daños económicos y evitar víctimas humanas con ocasión de eventos atmosféricos de rango extremo. 

Seguir leyendo »

De la reforma constitucional necesaria… y de la que parece a día de hoy posible

Imagen de los padres de la Constitución española.

En torno a la evidente necesidad de una reforma constitucional en España

La Constitución española acaba de entrar en su cuadragésimo año de existencia con la melancolía y autocuestionamiento que, pasada la alegría infantil y la ambiciosa confianza de la juventud, suelen considerarse asociados a la asunción de la madurez. Por primera vez desde 1978 el consenso sobre sus insuficiencias y la necesidad de su reforma parece casi general. Y ello con independencia de que se reconozca con más o menos generosidad el papel positivo jugado tanto por el texto constitucional como por el consenso del que éste es consecuencia, que permitieron un tránsito, la por esta razón llamada “transición” a la democracia, por medio del cual, a cambio de muchas renuncias y transacciones, se logró el establecimiento en España de una democracia liberal y un Estado social y democrático de Derecho plenamente homologables a los europeos, sin excesiva violencia política (Baby, 2018, ha revisado recientemente las cifras y datos demostrando que el carácter enteramente pacífico de la transición española es un mito, pero sus datos globales no dejan de ilustrar un proceso que, en lo sustancial, no es violento) y con un período de asentamiento relativamente corto en el tiempo.

Durante la mayor parte de estos años el relato dominante en la España democrática ha sido la celebración del éxito que supuso esa normalización democrática, culminada con la entrada de España en 1986, menos de una década después de la entrada en vigor del texto constitucional, en las entonces Comunidades Europeas (hoy Unión Europa) certificando así la plena equiparación de la democracia española con el resto de Europa occidental, tras décadas de excepcionalidad (Boix Palop, 2013: 88-90). Las posiciones más críticas, o que señalaban algunas de las carencias e insuficiencias del pacto constitucional y de su traslación jurídica, eran más bien excepcionales y marginales, bien por provenir de los extremos (poco representativos) del espectro político, bien por ser la consecuencia de reflexiones académicas cuya traslación al debate público era relativamente inhabitual (respecto de las críticas académicas surgidas en los primeros 25 años de vigencia de la Constitución española de 1978 puede consultarse la síntesis contenida en Capella, 2003). Sin embargo, la crisis económica de la última década, cuyos primeros síntomas empiezan a aparecer en torno a 2007-2008, de una dureza y duración desconocidas hasta la fecha en la democracia española, ha hecho aflorar muchas de las deficiencias del sistema que hasta ese momento no se percibían como tales o a las que, por diversas razones, no se les daba la importancia que, en cambio, en este otro contexto, sí han merecido. Desde el papel de las instituciones y sus relaciones con el poder económico, algunos clásicos privilegios jurídicos de gobernantes (como los aforamientos, por ejemplo), la insuficiencia de controles o de transparencia, hasta el propio papel de la Jefatura del Estado, y todo ello en medio de la aparición de numerosos escándalos, la crisis económica ha provocado un replanteamiento general de las insuficiencias de la democracia española (véase, por ejemplo, la repercusión inmediata pública como consecuencia del cambio de clima social producto de la reciente crisis de esfuerzos colectivos por sintetizar modernamente estas críticas como el coordinado por Gutiérrez Gutiérrez, 2014). Lo cual ha ido unido a una crisis de los mecanismos de representatividad democrática (Simón Cosano, 2018), que se juzgan de forma creciente como insuficientes o defectuosos, algo que ha llevado a un replanteamiento crítico del modelo partidista español, incluyendo la aparición de nuevos partidos de masas (Campabadal y Miralles, 2015; Fernández Albertos, 2015), hasta el punto de que el clásico bipartidismo matizado que había dominado hasta 2015 la escena política española (casi cuatro décadas, desde las primeras elecciones de 1977) ha sido sustituido por un modelo donde, al menos, hay cuatro partidos políticos de ámbito nacional con una representación considerable, así como mayorías políticas diferenciadas en clave territorial en varias Comunidades Autónomas (con partidos nacionalistas o regionalistas en los gobiernos en algunas de ellas, y no sólo, casi por primera vez en cuarenta años, en Cataluña y el País Vasco). Como factor adicional de desestabilización, el siglo XXI ha visto ya dos conflictos entre los representantes de algunas Comunidades Autónomas y las instituciones del Estado respecto de su acomodo en el marco constitucional español: uno primero con el País Vasco (con la aprobación del “Plan Ibarretxe” que buscaba un nuevo y más ambicioso Estatuto de autonomía, finalmente abortado por el Tribunal Constitucional, Vírgala Foruria, 2006, y abandonado tras la pérdida por parte de los nacionalistas vascos del gobierno autonómico durante una legislatura como consecuencia de la ilegalización de partidos políticos a los que se consideró instrumento político de la banda terrorista ETA, aunque posteriormente lo hayan recuperado) y uno segundo en Cataluña, inicialmente reconducido por medio de la aprobación de un nuevo Estatuto de Autonomía en 2006 pero recrudecido tras la anulación de partes sustanciales (que afectaban a la función de blindaje competencial que pretendía suponer) del mismo en 2010 por medio de una controvertida Sentencia del Tribunal Constitucional (STC 31/2010), profusamente comentada en estos últimos años por numerosos juristas (por todos, Muñoz Machado, 2014: 139-158). Esta anulación, intervenida en medio de la ya referida crisis económica, ha servido a la postre de catalizador político y detonante de una crisis larvada que a la postre refleja un distanciamiento cada vez más acusado entre las posiciones de parte de la sociedad catalana (y sus mayorías parlamentarias), que ante la constatación de la inconstitucionalidad de algunas de sus aspiraciones políticas ha optado por tratar de lograr la independencia de esta parte del territorio, y la visión dominante en el resto del Estado (y de sus mayorías políticas), que entienden que el grado de descentralización alcanzado en España es ya más que suficiente, cuando no excesivo. Todo ello ha degenerado en un conflicto de gravedad con el Estado, donde han intervenido consultas o referéndums que han pretendido ser pactados con el gobierno central y, ante la negativa de éste, realizados unilateralmente, prohibiciones y anulaciones de normas y posicionamientos del parlamento catalán y, en una fase ulterior, incluso el encarcelamiento de parte los miembros del gobierno catalán o de la presidenta de su parlamento, así como líderes sociales, acusados por delito de rebelión (el tipo penal que el ordenamiento jurídico español contiene para castigar los levantamientos violentos y armados; para un análisis del tipo en su entendimiento clásico previo a la actual situación, García Rivas, 2016) tras considerar, al menos en fase de instrucción, el Tribunal Supremo español que la convocatoria de un referéndum ilegal puede considerarse análogamente equivalente a un levantamiento armado que busque propiciar una guerra civil. 

Seguir leyendo »

Regiones pioneras, Estado inmóvil: España en la gestión de residuos

El pasado mes de febrero apareció varado en el Cabo de Palos un cachalote joven con  29 kilos de plástico en el estómago. El pasado viernes 14 de septiembre apareció otro cachalote en Madrid. Mientras el primero fue víctima real de la contaminación de los océanos, el segundo fue una intervención artística de sensibilización dentro del circuito Ciudad Distrito. Un acto sin duda innovador y atrevido, pero también ejemplo de la escenografía que suele acompañar a las políticas medioambientales.

Osos polares agonizantes, sequías y subidas del nivel del mar son lugares comunes del discurso contra el cambio climático. Discurso que es fruto de décadas de activismo ecologista, y a la vez origen de verdaderas políticas de altura y de consensos internacionales que han quedado para la historia, escenificados en el Protocolo de Kyoto y en el Acuerdo de París. De la escena a la acción hay, no obstante, un trecho importante, y más profundo en este que en otros campos de la política. El resultado: aprobación de grandes planes medioambientales, trasposición infinita de Directivas europeas, y el ciudadano medio que sigue sin tirar el envase de plástico al contenedor de envases de plástico.

En el espacio entre retórica y realidad, vivimos sobre el suelo que más basura entierra de toda la Unión Europea: el suelo español. ¿No es acaso gestionar la basura de forma responsable más fácil que salvar al oso polar? Sí es más fácil (además de perfectamente compatible), pero es menos bonito. Porque para gestionar la basura de manera responsable hay que quitar los contenedores de las calles, obligar a los vecinos a convivir con los residuos, en sus casas, durante días, sometidos a un calendario de recogida selectiva, hay que sancionar el depósito de basuras fuera de hora, sancionar la mala separación de residuos, e imponer medidas de fiscalidad ambiental, entre otros tantos atrevimientos sobre los hábitos de consumo. En fin, hay que ser Holanda, Dinamarca, Bélgica; o ser Guipúzcoa, Navarra o Cataluña. Hay que atreverse a conquistar las tasas de reciclaje más altas del mundo (de hasta un 80% sobre el residuo total generado), para ser ejemplo y modelo de economía circular, y salvar en última instancia al oso polar.

Seguir leyendo »

Sobre derechos humanos y buen trato a las personas mayores

Los cambios demográficos de nuestras sociedades (incremento de la longevidad, la esperanza de vida y el peso específico de las personas mayores como grupo social, reducción de las estructuras tradicionales de la familia extensa), provocan una realidad social que ha aumentado el interés por examinar los procesos subyacentes al envejecimiento de la población. En España el proceso de envejecimiento se acelera rápidamente. En 2050 España se convertirá en el tercer país más envejecido del mundo, con 34.5 % de su población mayor de 65 años (Naciones Unidas, 2014). Actualmente las personas mayores de 65 años representan el 18.8 % sobre el total de la población y se estima que hay un 32.6 % más de mujeres mayores que de hombres, siendo el femenino el sexo predominante en la vejez. La esperanza de vida se ha incrementado de forma espectacular durante todo el siglo XX, con una esperanza de vida al nacer en las mujeres de 85.8 años, y de 80.3 años en los hombres, situándose entre las más altas de Europa y del mundo.

El Foro Internacional sobre Personas Mayores se propone llevar a diferentes ciudades unas jornadas de reflexión en torno al proceso de envejecer y el buen trato a especialistas en materia de envejecimiento, políticas sociales sobre personas mayores, y derechos humanos. En 2018 la ciudad que ha acogido el II Foro ha sido Valencia. La Sociedad Valenciana de Geriatria y Gerontología, como sociedad científica que aúna a diferentes especialistas de distintas áreas relacionadas con el proceso de envejecer ha sido la encargada de reflexionar sobre los derechos de las personas mayores y elaborar una Carta a modo de hoja de ruta.

Vivimos en el siglo XXI y somos uno de los países más ricos del mundo ¿lo sabía usted?

Seguir leyendo »

El futuro de las pensiones

Almas bien o mal intencionadas llevan mucho  tiempo sembrando inquietudes sobre el  futuro de las  pensiones públicas. Y no sin éxito, según parece. Es verdad que, cuando vienen por el lado derecho, se desacreditan los augurios atribuyéndolos al interés de la banca por administrar nuestros ahorros por un módico dos por ciento anual; y, cuando vienen por la izquierda, el desprestigio se  intenta reduciéndolos a estrategias de desgaste contra los gobiernos del PP. Pero unos y otros, a derecha e izquierda, han convertido en lugar común la idea de que las pensiones públicas van a ir a peor, o incluso a dejar de existir. Los pensionistas que estos días se movilizan, lo hacen por sus pensiones, pero sobre todo, protestan, por las de sus hijos.

Creo que estas protestas están poco justificadas para el presente, pues la renta de la población que depende de las pensiones es la mayor de la historia, tanto en términos absolutos como en relación al resto de la población. Históricamente los pensionistas han sido más pobres que los activos, pero justo durante la última crisis los ingresos de estos han caído hasta igualarse con los de los pensionistas, de modo que actualmente y por primera vez en la historia su posición relativa es de uno a uno.

¿Aciertan las protestas en lo referente al futuro? ¿Es verdad que el sistema actual de pensiones públicas es insostenible y que las pensiones peligran? Con casi total seguridad, no. Los temores por las pensiones futuras se justifican por el envejecimiento de la población y por el empeoramiento de los salarios. Ahora bien, el envejecimiento de la población, que es una previsión muy probable, es un factor de poca importancia; por el contrario, el empeoramiento de los salarios, que es mucho más importante, es una previsión harto improbable. Dicho de otro modo, es casi seguro que la proporción de ancianos aumente, pero también muy probable que la productividad de la economía aumente mucho más.

Seguir leyendo »

“En defensa del territorio ante los nuevos retos del cambio global”

Cuando finaliza la segunda década del siglo, y nuestro país comienza a superar una de las más graves crisis económicas de los últimos tiempos, parece oportuno reafirmar los valores y principios del Manifiesto por una Nueva Cultura del Territorio de 2006. El territorio es un bien no renovable, complejo, frágil, con valores ecológicos, culturales y patrimoniales únicos que están por encima de su valoración económica, y que precisa de una gestión responsable y ser planificado de acuerdo con principios de sostenibilidad desde la esfera pública. Todo ello con objeto de favorecer el acceso a la vivienda, la planificación y el trazado racional de las infraestructuras, el desarrollo equilibrado de los asentamientos y el fortalecimiento y activación del sistema de espacios abiertos. La eficiencia económica, la justicia social y la sostenibilidad ambiental siguen siendo principios esenciales que deben orientar la planificación y gestión del territorio. Los cambios socio-económicos acelerados a los que asistimos y las grandes transformaciones asociadas al proceso –muy a menudo irracional y profundamente insolidario- de cambio global plantean nuevos retos a la gestión del territorio que se deben afrontar de manera perentoria.

Desde la aprobación del Manifiesto, nuestro territorio ha pasado de experimentar una de las etapas de transformación más radical e irracional por el volumen alcanzado de superficie sellada a una caída brusca de la actividad inmobiliaria debido al final del “boom” del ladrillo. La recesión económica vivida en los últimos años se ha visto agravada en el caso español por los efectos financieros de la burbuja inmobiliaria y su estrecha relación con el sector bancario (crisis y reordenación de las entidades financieras), lo que conllevó la decisión del gobierno de optar por un rescate millonario, en detrimento de la sociedad española, para evitar consecuencias que se temían aún más graves.

La geografía española, en colaboración con otros profesionales del territorio, alertó de los efectos perversos de la burbuja inmobiliaria y, en una addenda al Manifiesto publicada en 2009, de la pérdida de oportunidad que estaban suponiendo los años de crisis para la planificación futura de los territorios con criterios radicalmente distintos a los que presidieron aquel proceso por la falta de decisión política para desarrollar normativas y activar procesos de ordenación territorial bajo nuevas visiones y objetivos.

Seguir leyendo »

La Facultad Invisible: la Universidad que quieren los Premios Nacionales

La Universidad pública es uno de los principales pilares de nuestro estado de bienestar. No solo se encarga de generar y transmitir conocimiento, pues también garantiza la libertad intelectual y construye ese modelo social justo, igualitario y sostenible al que todos debemos aspirar.  Lamentablemente, desde hace décadas, la Universidad española adolece de evidentes deficiencias que le están impidiendo cumplir tales objetivos. La falta de financiación, las constantes reformas educativas y los numerosos problemas estructurales han puesto en serio peligro la calidad de la investigación y la docencia, el acceso universal a la misma y su competitividad a nivel internacional. 

Para combatir estas dificultades nació en septiembre de 2014 La Facultad Invisible, una asociación sin ánimo de lucro ni  filiaciones políticas dedicada a la mejora del sistema educativo universitario español y formada por más de 170 miembros de las distintas ramas del saber académico, la mayoría Premios Nacionales. La Facultad es un laboratorio de ideas, un espacio de debate y reflexión cuya misión es colaborar activamente en la regeneración de nuestra Universidad e impulsar su excelencia.

Tres son los objetivos principales: 

Seguir leyendo »

La propuesta de reforma constitucional del Botànic

Ximo Puig durante la presentación de la propuesta del Consell para la reforma de la Constitución

La necesidad de una reforma constitucional en España

La situación actual en España, en medio de una más que notable parálisis política e institucional, combina con sorprendente normalidad un consenso cada vez más generalizado en torno a la conveniencia de realizar una reforma constitucional que ayude a solucionar algunos de los problemas detectados revitalizando ciertos consensos sociales hoy algo decaídos con la inexistencia de propuestas concretas de reforma que tengan un mínimo de entidad, tanto en sí mismas consideradas como por venir de la mano de actores políticos de peso. Con la comisión parlamentaria para la revisión y reforma del Título VIII de la Constitución, que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, pactó con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, a cambio del apoyo de su partido a la aplicación de medidas para tomar el control desde el gobierno central de las instituciones autonómicas catalanas al amparo del artículo 155 de la Constitución, realizando sus trabajos en medio de una patente desgana y sin repercusión digna de ser tenida en cuenta en la opinión pública, ningún partido político se ha dignado a presentar siquiera un borrador con sus propuestas. Por la mencionada comisión están circulando referentes institucionales (más hombres que mujeres, mucho más partidarios de dejar las cosas como están que de introducir cambios, casi todos ellos tendencialmente pertenecientes antes a la generación que ya hizo la transición y pudo participar en la concreción del texto en vigor que conectados con las cohortes de españoles que han venido después…) y se prevé también que, sobre todo a propuesta del grupo socialista, aparezcan referentes sociales y culturales. Sin embargo, y por lo general, las propuestas de reforma articuladas y concretas suscitadas a raíz de sus trabajos brillan por su ausencia.

Desde una perspectiva más institucional, el único texto que tenemos que merece cierta atención es el ya antiguo informe del Consejo de Estado sobre la posible reforma, emitido a petición del presidente del gobierno de entonces, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) en febrero de 2006, hace ya más de una década. Significativamente, los contenidos del mismo se centran en cuestiones que, en gran parte, no se corresponden con los actuales problemas que una reforma constitucional debiera abordar, pues la petición fue previa a que se moldearan las circunstancias a las que hay que dar respuesta hoy, concretadas en tres crisis: en primer lugar, la económica iniciada en 2008-2009; a continuación, la política e institucional que más o menos se solapó con la primera (y que en gran parte catalizó como consecuencia de aquélla) , y, sobre todo, la territorial, con la cuestión catalana que estalla definitivamente con la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 y no ha hecho sino agudizarse en años recientes. En todo caso, y aunque temas como los abordados en ese momento (una reforma del sistema de sucesión en la Jefatura del Estado para evitar la actual discriminación en contra de las mujeres deudora de la tradición borbónica en la materia, la mención de los nombres de las Comunidades Autónomas en el texto constitucional, la realización de una referencia a la construcción europea y, en menor medida, la reforma del Senado) puedan parecer elementos casi hasta de detalle y ornato respecto de lo que podría y debería ser un proceso “reconstituyente” en estos momentos, el único esfuerzo de análisis realizado desde el poder sobre los contenidos de una hipotética reforma constitucional de que disponemos hasta la fecha es, a día de hoy, sólo ese informe del Consejo de Estado y versa únicamente sobre estas cuestiones.

Seguir leyendo »

Cinc amenaces al dret a l’habitatge

Participants en una manifestació contra la turistificació a València

“Emergència habitacional”, “lloguer turístic”, “desnonaments invisibles”, “bambolla del lloguer”… Són totes expressions que, cada vegada més, se senten en mitjans i debat públic i que reflecteixen, en més o menys mesura, els problemes d’accés a l’habitatge que hi ha en bona part de les grans ciutats del nostre país i que n’amenacen altres tantes.

El dret a l’habitatge digne i adequat, tal com el recull l’article 47 de la Constitució, ha estat un dret tradicionalment amenaçat al nostre país: ho va ser durant la crisi financera a causa del seu alt preu amb relació als salaris i a unes condicions i una legislació d’arrendaments i hipotecària abusives i ho torna a ser en el període actual postcrisi per una sèrie de factors més complexos sobre els quals cal reflexionar conjuntament.

En aquest sentit, diferents informes del 2017 indiquen que el preu del lloguer a Espanya va augmentar entre un 9% i un 18% (Idealista i Fotocasa) i que el de compra d’habitatge nou ho va fer entre un 5% i un 9% (Societat de Taxació i Tecnocasa). Quines són les causes i les amenaces d’aquest augment, especialment latent a les ciutats i que perjudica més joves i col·lectius de menys recursos que no propietaris d’habitatge? A falta d’estudis i anàlisis concretes, es pot començar enumerant, almenys, cinc aspectes que impliquen augment de preu i que plantegen una amenaça real a l’habitatge –digne i adequat!– com a dret fonamental accessible a tothom:

Seguir leyendo »