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COVID-19: incertidumbres estadísticas y certezas sociales y territoriales

Es este el tiempo de la investigación biológica, de la virología, a fin de desarrollar cuanto antes la vacuna que dé respuesta a esta pandemia. Es este el tiempo de la medicina para afrontar sus consecuencias sobre la salud de la población, tanto en el ámbito hospitalario como en la atención primaria, la cual se verá obligada a desarrollarse como nunca en la historia reciente. Es, asimismo, el tiempo de la Epidemiología: el padre de esta disciplina, John Snow nunca hubiera imaginado que, siglo y medio después de aquella epidemia de cólera en Londres causada por el estado de salubridad del agua de boca de aquel pozo del Soho, el mundo iba a conocer una pandemia a escala planetaria con –por ahora- más de 5 millones de casos de contagiados y casi de 350.000 muertos, por más que estos sean datos oficiales: la cifra real y la profundidad de la pandemia la desconocemos, habida cuenta el alto grado de subregistro en los países menos desarrollados.

También es el tiempo de la Geografía Social y de la Geodemografía. Estas especialidades de la Geografía Humana nos dotan de herramientas para ayudar a explicar el comportamiento de la pandemia, proyectar sus tendencias y estudiar los efectos que genera incorporando la dimensión territorial, tanto en el entendimiento de su expansión como de sus consecuencias. Asimismo, nos permite comparar mortalidad esperada, sin COVID-19, a partir de las tendencias de los últimos años y mortandad real (independientemente de la causa de la muerte: inmediata, antecedente o fundamental que aparezca en cada parte de defunción). La resta de los reales y de los esperables en situación de normalidad permitirá medir de forma indirecta pero efectiva, la incidencia final de la pandemia.

Al mismo tiempo expertos en población, además de evaluar el número de muertes relacionadas con la pandemia, describen sus efectos sobre la nupcialidad, la fecundidad, las opciones residenciales y la planificación de servicios sociales para mitigar su impacto en el bienestar. La Geodemografía y la Geografía Social permiten, asimismo, analizar el coronavirus por su desigual incidencia según la estructura por edades de la población, pero también por género, por tamaño y densidad de población, por intensidad y tipo de movilidad, singularmente obligada, y por factores económicos y socio-territoriales, en otras palabras, la desigual incidencia por territorios y hacerlo a todas las escalas, desde la internacional hasta la local.

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COVID-19: ¿Cómo está afectando al mercado de trabajo?

Al término de la Segunda Guerra Mundial el primer ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill, dijo: “Debemos estar enormemente agradecidos a aquellas personas que no han buscado la gloria sino simplemente han tenido como prioridad salvar vidas. Lo menos que podemos hacer es compartir su honor”.

La naturaleza inesperada del COVID-19 es lo que obstaculiza en gran medida la gestión de la crisis sanitaria y económica. Así como la propagación de la pandemia es simétrica (afecta a todos los países por igual) sus consecuencias, como era de prever, son asimétricas para la economía. La limitación de los desplazamientos de personas junto con las interrupciones en la cadena de suministro  provocan un impacto negativo sobre la economía con efectos devastadores a nivel mundial. No es necesario recordar que las economías mundiales están globalizadas y conectadas para lo bueno y para lo malo. Todos dependemos los unos de los otros.

La crisis económica actual provocada por la pandemia no tiene nada que ver con la crisis financiera de 2008 y que, en términos generales,  tuvo su origen en la desregulación financiera (Sus defensores consideraban que sus beneficios compensarían los efectos negativos) con el consiguiente desarrollo de productos financieros. Fue una crisis endógena con un comportamiento sistémico y que posteriormente se trasladó  a la economía real. Mientras que en la  crisis de 2020 sus orígenes no son financieros, como así mismo no es debida a una crisis de exceso de oferta de productos o bienes debido a una escasez de demanda del mercado. Es decir, no tiene ninguna relación con su funcionamiento.  No se trata de falta de gasto sino de falta de actividad. En definitiva, 2008 fue un shock  endógeno y 2020 es exógeno.

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La crisis de la COVID-19: inmediatez y perdurabilidad

Antes del mes de marzo de 2020 los economistas solían esperar hasta observar una disminución generalizada de la actividad económica durante dos trimestres consecutivos para empezar a hablar de recesión. Ahora llevamos poco más de un mes de confinamiento a causa de la crisis sanitaria, y todo el mundo habla ya de la recesión de la Covid-19. Alguna razón debe de haber para que tantas voces se estén preguntando cuál será el coste económico de la crisis provocada por el coronavirus, dando por hecho que alcanzará cifras astronómicas medidas en términos del PIB. Sin embargo, cuando se habla del coste económico de esta pandemia quizás haya que aclarar qué sentido se le quiere dar a este concepto. ¿Se refiere a los efectos inmediatos sobre el PIB que se deja de producir? ¿Al coste de las medidas de política económica que se están implementando desde el primer día y las que vendrán? ¿O a las consecuencias que la epidemia tendrá sobre la senda de crecimiento de la economía? Sea cual sea el sentido que se le dé, no se pueden ignorar los otros dos porque todos están estrechamente relacionados entre sí.

A día de hoy, todavía hay más dudas que certezas y las líneas de actuación no están del todo definidas. Aún así, ya abundan las respuestas de todo tipo y procedencia. Pero las estimaciones que se hacen de los costes no son independientes de las actuaciones de las autoridades económicas, ni de los valores asignados a los parámetros estructurales que caracterizan la economía. Los supuestos y las recomendaciones se entrelazan ofreciendo un mensaje confuso sobre los padecimientos económicos que nos esperan. Se especula sobre las posibles consecuencias para el futuro inmediato de la economía que se derivan de las medidas concretas (y cambiantes) llevadas a cabo por el gobierno para combatir la pandemia. Se da por hecho que, como consecuencia de la paralización temporal de la economía, sufriremos una recesión duradera porque habrá cambios en el comportamiento de los agentes económicos, familias y empresas, que reducirán los niveles de consumo e inversión. Se asume, en fin, que los costes no serán transitorios y coyunturales sino que los problemas inmediatos tendrán efectos permanentes y estructurales.

Las medidas del coste en términos del PIB que se ha dejado de producir se pueden interpretar con la ayuda de una imagen sencilla, representando la producción como un proceso continuo en el tiempo, aunque no uniforme ni monótono. Cuando se mide el flujo del PIB se hace vinculándolo a un periodo de tiempo de referencia. Durante ese intervalo temporal, el PIB es la suma, el área o la integral del recorrido de la producción entre los dos instantes de los extremos. Así pues, cuando hay un parón, una contracción o una ralentización de la economía, lo que ocurre es que aparece un agujero o una brecha. Una parte del PIB que se habría podido producir no existe. La magnitud relativa de esa pérdida depende tanto de la profundidad del bache como de su duración y, por supuesto, de la amplitud del intervalo de tiempo de referencia.

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COVID-19, una altra gestió és possible?

Com tothom sap, estem vivint moments difícils actualment a causa de l’expansió del coronavirus, una malaltia descoberta a la Xina, a la província de Wuhan, i que en 3 mesos s’ha expandit a la resta del món.

En aquesta publicació, exposaré les diverses actuacions de coordinació entre les diferents administracions de cada estat per a fer front l’emergència sanitària als diferents Estats europeus davant aquesta crisi sanitària. Tot i que és difícil de separar, el text no es centra en la resposta des del punt de vista de la gestió sanitària de la crisi, que escapa d’un text d’aquestes característiques. Per això he seleccionat diversos Estats europeus en funció de la seva organització administrativa com son, a més del cas espanyol, el Regne Unit, França o Alemanya. Cal tenir present també, que les mesures preses pels diferents governs europeus són canviants i provisionals, pel que un balanç més definitiu segurament caldrà fer-lo una vegada se supere aquesta crisi sanitària.

Fins avui, en tots els països que seran exposats, a excepció del Regne Unit, s’ha declarat l’estat d’alarma. Aquesta fórmula jurídica presenta característiques diferents segons l’Estat i la seua forma d’organització estatal, però té els següents trets comuns:

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El cambio de modelo productivo como freno al declive valenciano: un diagnóstico erróneo

Hace unas semanas el Instituto Nacional de Estadística presentó la estadística de costes laborales del último trimestre de 2018. Entre los datos ofrecidos se encontraban los salarios recibidos por los trabajadores de la construcción, la industria y los servicios. La media española era de 2.039 € mensuales mientras que el coste salarial total de los trabajadores valencianos sólo alcanzaba los 1.781 €, un 13% inferior, sólo superior al percibido por los trabajadores de Extremadura, Canarias y Andalucía. Esta diferencia salarial encuentra su reflejo en el nivel de PIB per cápita, un indicador más adecuado para aproximar los niveles de bienestar. Los últimos datos publicados de la Contabilidad Regional de España son para 2018 y el País Valenciano aparece con 22.659 € por habitante, lejos de la media de 25.854 € y aún más lejos de la Comunidad de Madrid, que tiene 34.916€ ó Cataluña, con 30.769 €.

Estas diferencias no son insignificantes ni coyunturales. Suponen que el nivel de bienestar de los valencianos se encuentra por debajo de la media de los españoles y a distancia de las comunidades más prósperas. No se trata de una situación nueva, provocada, como tantos parecen pensar, por la crisis económica de 2008. Trabajos recientes sobre los niveles de desigualdad regional de la renta en España permiten situar el inicio del declive en 1959, cuando el PIB per cápita valenciano superaba la media de la economía española en un 15%[1]. Desde entonces el descenso es continuo como se observa en el gráfico que acompaña a estas líneas, realizado a partir de los datos presentados por los autores reseñados. Esta evolución es, lógicamente, compatible con un aumento de la renta per cápita valenciana. Lo que nos dicen las cifras es que este crecimiento fue inferior al de la renta media española, lo que ha provocado una separación paulatina de las regiones con mayor renta per cápita que, entonces como ahora, son País Vasco, Cataluña y Madrid.

A pesar de la terquedad con la que los datos estadísticos muestran los síntomas del atraso valenciano, nuestra sociedad no parece prestarles atención. El análisis de las causas y las soluciones de una situación como la descrita en los párrafos anteriores debería haber sido el objeto central de las preocupaciones de los partidos políticos en la pasada campaña electoral. No lo busquen en sus programas. La mayoría evitaron estos análisis. Una situación que refleja las percepciones de la ciudadanía valenciana, como ponía de relieve la Encuesta de Valores de la Comunidad Valenciana presentada en junio de 2017. Dos de cada tres encuestados estaban de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación “La Comunidad Valenciana es una de las más importantes de España”, y el 58,5% pensaba que vivimos en una comunidad rica. Sin duda, los expertos en la economía valenciana no han sabido trasladar a la sociedad la imagen de atraso relativo que se observa en las estadísticas.

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Europa després d’Europa (A propòsit d’un llibre d’Ivan Krastev)

Persones refugiades a l'illa de Lesbos (Grècia).

S’ha publicat un llibre sobre el futur d’Europa que convé llegir. Amb una certa urgència. És d’aquells llibres que no balafien paper, com un cos esvelt sense un gram de greix sobrer. Europa después de Europa, d’Ivan Krastev, és aquest llibre imprescindible, breu (un centenar de pàgines) però compacte, que acaba de traure a la llum Publicacions de la Universitat de València, en la col·lecció “Europa Política” promoguda per la Càtedra Alfons Cucó de Reflexió Política Europea, que dirigeix a hores d’ara el professor Joan Romero. L’original, After Europe, el va publica la University of Pennsylvania Press, de Filadelfia, el 2017. La traducció de Gonzalo Gómez Montoro és molt bona, un aspecte que convé destacar, car permet una lectura fluïda i fiable. Una lectura que no deixa respir, perquè l’autor dispara idees -idees interessants, punyents- una darrere de l’altra. Si llegiu amb llapis a la mà, la quantitat de subratllats que fareu inevitablement acabarà alarmant-vos. Perquè aquest llibre està ple d’idees, de formulacions lúcides i admonitòries. Té el do de la concreció i de la provocació intel·lectual. El seu autor forma part de dos importants think tanks amb seu a Sofia (Bulgaria) i a Viena. És col·laborador del New York Times i un analista particularment entenimentat de la realitat europea en tota la seua complexitat. La visió històrica (l’herència del comunisme, la trajectòria d’Europa al llarg del temps, la inserció en el món actual) i la mirada transeuropea -que inclou la part oriental del continent, i té present Rússia- es combinen en una prosa informada i extremadament precisa.

Les manifestacions de la crisi europea són evidents a hores d’ara. Una successió de daltabaixos que han menat a una crisi existencial de la Unió Europea, a l’auge del nacional-populisme i a una enorme aprensió envers el futur. Vegem-ho: en poc temps s’han succeït la crisi de l’eurozona, la crisi del Brexit, la crisi a Ucraïna, i  la crisi dels refugiats. Tot plegat -la crisi econòmica i de l’euro, la primera baixa del club europeu, la topada amb les dures realitats de la geopolítica, la constatació de la vulnerabilitat europea- ha conduït a un qüestionament molt seriós del model polític, econòmic i social d’Europa.  “La crisi dels refugiats ha transformat radicalment l’statu quo a Europa així com els argumentaris dels polítics, la mentalitat dels ciutadans, les identitats de les nacions i els resultats electorals. La crisi dels refugiats ha acabat sent l’11-S d’Europa.”

El 2015 va esclatar amb força l’anomenada crisi dels refugiats. Ja sabem com va anar. Milers de persones fugien, com podien, de la guerra de Síria i travessaven la frontera cap a Turquia i d’ací cap a Grècia, territori de la Unió Europea. Una crisi humanitària de grans dimensions. Turquia va instal·lar camps de refugiats on s’hi encabien centenars de milers de persones. Aviat Grècia, que va fer el mateix, es va veure superada. Un contingent nombrés de refugiats començà a fer via cap a Europa occidental, per l’anomenada ruta dels Balcans, ensopegant amb tot tipus d’obstacles. Hongria va tancar les fronteres. Àustria es malfiava i es tancava també als refugiats. La cancellera alemanya Angela Merkel va obrir les portes de la República Federal, en un gest que l’honorarà sempre. Arreu va ressonar una primera reacció favorable, d’acollida: “Refugees welcome”. Però aviat la dura realitat es va imposar. Polítics conservadors i població autòctona que se sentia amenaçada començaren a parlar d’allau o d’invasió. Per exigència de l’ala dreta del seu propi partit, la cancellera hagué de matisar les primeres posicions. Els refugiats s’escampaven per Europa. Volien arribar a Dinamarca, a Suècia, a Gran Bretanya.

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Convergencia entre regiones españolas: adiós a todo eso

La tendencia hacia la equiparación de las rentas por habitante de las regiones españolas, la convergencia regional, puede haber finalizado. Es más, en las últimas cuatro décadas la desigualdad territorial en España no ha dejado de aumentar. Y hay motivos para pensar que sólo estamos en el inicio de esta nueva dinámica. Además, las regiones “perdedoras” son las situadas por debajo del paralelo 40, la línea imaginaria que cruza la península de Oeste a Este por debajo de Madrid. La Comunitat Valenciana se encuentra, por tanto, entre ellas.

Antes de detallar la evidencia que apunta a esta conclusión, conviene destacar dos elementos que la enmarcan. Por un lado, el aumento de la desigualdad regional no es exclusivo de España. El repunte está presente en economías de nuestro entorno, como Francia, Italia o Gran Bretaña, pero también en países emergentes como China o India, cuyo crecimiento económico ha venido acompañado por la irrupción de grandes desequilibrios territoriales. Por otro, merece destacarse la relevancia que las instituciones o los medios internacionales otorgan a este hecho. Una buena prueba es que la Unión Europea (UE) destina más de un tercio de su presupuesto a políticas de cohesión; esto es, a combatir el aumento de la desigualdad territorial, o al menos, a tratar de matizarlo. Es igualmente ilustrativo que las victorias electorales de los partidarios del Brexit en el Reino Unido o de Donald Trump en Estados Unidos hayan sido interpretadas en medios como The Economist en clave territorial: zonas antaño prósperas como el Norte de Inglaterra o el corazón industrial de EEUU, que se hallan desde hace ya un tiempo en claro declive económico, han sido el granero de votos de uno y otro movimiento.

En cualquier caso, los actuales desequilibrios territoriales, y sus consecuencias sociales y políticas, son fruto de un proceso histórico cuya consideración es imprescindible para comprender la situación actual. También en España. Cabe subrayar, de entrada, que, en España, la desigualdad territorial es hoy más baja que al inicio del proceso de desarrollo económico, a mediados del siglo XIX. Y la renta media de sus habitantes muy superior a la de entonces. Sin embargo, en este siglo y medio, ha habido periodos de divergencia y de convergencia: la distancia económica entre las regiones aumentó entre el siglo XIX y el primer tercio del siglo XX y se redujo desde entonces hasta mediados de los años 1980, especialmente entre 1950 y 1980. No obstante, y esto resulta especialmente destacable, en la etapa iniciada con el acceso de la economía española a la UE las desigualdades territoriales han avanzado. Como consecuencia, la desigualdad económica regional dibuja una curva en forma de N. En la actualidad estamos iniciando su segundo tramo creciente.

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Movilidad urbana, convivencia y derechos en la Valencia del siglo XXI

Varios ciclistas por uno de los tramos del anillo ciclista de Valencia.

Probablemente una de las facetas más visibles, quién sabe si porque se trata de una de las pocas que existen, donde los ciudadanos hemos podido constatar diferencias entre el desempeño de los gobiernos municipales conservadores de Valencia entre 1991 y 2015 y el surgido del “Pacte de la Nau” que hizo alcalde a Joan Ribó hace cuatro años es la que se refiere a las políticas de movilidad urbana. De hecho, la prensa local más conservadora y los partidos de la oposición (tanto C’s y PP como Vox; que ha entrado en tromba en campaña empleando también, precisamente, esta cuestión) se han ceñido en estos años prácticamente en exclusiva a este tema a la hora de criticar la gestión de Compromís (muy especialmente), PSPV y Podem. No parece que el resto de las políticas municipales desarrolladas, más allá de que la oposición siempre piensa que la ciudad podría estar más limpia, ser más segura o aprobar los desarrollos urbanísticos de manera más presta, generen excesivo desacuerdo estructural. En cambio, la apuesta del pacte de la Nau, y más en concreto de su concejal de movilidad Giuseppe Grezzi, por ampliar la red de carriles-bici de la ciudad a costa de espacio hasta ahora destinado al automóvil, junto a leves incrementos y adecentamientos de zonas peatonales, ha desatado una tormenta política y mediática de enormes proporciones y, la verdad, digna de mejor causa.

Esta polémica es tanto más sorprendente cuanto la política de movilidad que se ha desarrollado desde 2015 es, en contra de lo que pudiera parecer por la reacción suscitada, más bien modesta. Basta para ello comparar lo realizado, unos 35 km de carril-bici en estos cuatro años, con lo que preveía el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de Valencia, aprobado en 2013, recordemos, por una corporación municipal donde el Partido Popular tenía una cómoda mayoría absoluta. En este Plan de Movilidad no sólo se contenían la mayoría de los carriles-bici que se han ejecutado (por ejemplo, el icónico carril, por cuanto todos los partidos de la oposición se han hecho fotos en él prometiendo su reversión caso de ganar las elección, de l’avinguda del Regne de València) y se especificaba que en el futuro todas estas infraestructuras deberían hacerse en calzada y nunca por las aceras, sino que además se preveían otros muchos más ambiciosos que, a día de hoy, no se han hecho: sirva de ejemplo la previsión contenida en el mismo de un carril-bici por las Grans Vies de la ciudad y, en concreto, también por la Gran Via del Marqués del Turia. Cualquier ciudadano con interés por estas cuestiones y lo que se preveía en el mencionado plan aprobado por el Partido Popular, por lo demás de una buena factura técnica y previo un estudio de la movilidad en la ciudad más que completo, lo tiene a su disposición en la web del Ajuntament de València, por lo que la consulta y comprobación de estos (y otros) extremos no puede ser más sencilla.

Pero no sólo los planes municipales aprobados hace ya 6 años para planificar la movilidad urbana en la ciudad, sino las propias promesas de partidos como PP y C’s en la campaña de 2015 muestran hasta qué punto lo realizado en la ciudad de Valencia por el gobierno de la Nau, por mucho que valiente a la vista de la reacción suscitada, no deja de ser una realización humilde. Así, el PP prometía en su programa electoral hacer en cuatro años 100 km de nuevo carril-bici ocupando espacio de la calzada. Ni más ni menos que el triple de lo que se ha ejecutado en medio de una escandalera enorme. Por su parte, C’s prometía hacer aún más carriles-bici segregados que el PP, hablando en ocasiones en algunos mítines de doblar esas cifras y abundaba en la idea de convertir Valencia en “la Ámsterdam del Mediterráneo”. Huelga decir que las restricciones al vehículo privado y al aparcamiento en el centro que son a día de hoy norma en la ciudad holandesa, incluyendo una casi completa peatonalización, están lejísimos de lo que tenemos en Valencia. Asimismo, los Países Bajos invierten casi 35 euros por habitante al año en infraestructura ciclista (con un excelente retorno, por cierto, en términos de salud y ambientales). Eso supondría, trasladado a Valencia (800.000 habitantes), una inversión anual de unos 28 millones de euros. Es decir, más de diez veces el dinero que se está dedicando en estos momentos en nuestra ciudad a infraestructura ciclista. Simplemente a partir de los programas y promesas electorales que presentaron PP y C’s en 2015 podríamos, pues, realizar muchas críticas al desempeño del govern de la Nau en estos años, pero en un sentido radicalmente contrario al que estamos leyendo y escuchando estos días. María José Catalá y Fernando Giner deberían explicar por qué no están exigiendo más inversión y más carriles-bici, cuando sus partidos y ellos mismos se afirmaban no hace tanto tiempo defensores de ir mucho más allá, pero mucho, de lo realizado estos años.

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València: el Puerto contra la ciudad

Aunque hubo unos tiempos en los que las obras portuarias aportaban evidentes beneficios económicos a la región circundante y  nuevos espacios públicos para las ciudades, la globalización y la carrera desenfrenada en algunos casos por captar tráficos a toda costa han generado efectos muy negativos en las costas y en las áreas urbanas. Ese es el caso de València.

Globalización y transporte marítimo

El transporte  marítimo canaliza nada menos que el  90% de las mercancías que se mueven por el planeta. Solamente desde un avión podríamos observar las rutas de los mercantes  por esos mares. Los puertos, lugar de intercambio mar-tierra-mar son cada vez más grandes y  están más alejados de las ciudades, y resulta paradójico que los tamaños de los grandes buques portacontenedores -algunos alcanzan ya los 400 m de eslora- queden ocultos a la vista de la gente.

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Los valencianos y la Europa rica: ¿por qué cada año estamos más lejos?

Lo acaba de recordar la actualización de la Contabilidad Regional del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada hace poco: la Comunidad Valenciana se consolida como una de las comunidades autónomas de la España pobre; entre aquellas cuyo PIB por habitante es más bajo. La favorable, y tan publicitada, tasa de crecimiento en años recientes, ahora en desaceleración, no puede ocultar la realidad, por más que se intenta desde diversos frentes: el indicador más favorable del nivel de bienestar, el PIB por habitante, está anclado en las posiciones de cola de las 17 Comunidades Autónomas.

El cuadro siguiente del propio INE lo constata. En 2017 su nivel queda muy por debajo de las CCAA de cabeza, con la Comunidad de Madrid en primer lugar. Y a una distancia considerable: el PIB por habitante en ésta es un 53,5% superior al valenciano. No es todo: la media española sigue estando 13 puntos por encima y la de la UE 36 puntos porcentuales. Y eso que, como es conocido, de ella forman parte países de muy baja renta por habitante como la inmensa mayoría de los incorporados desde 2004. Sin este bloque del Este del continente; comparada con la Europa a la que siempre ha mirado la Comunidad Valenciana, la Europa que sigue siendo hoy nuestra referencia, la distancia es espectacular.

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