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El cambio de modelo productivo como freno al declive valenciano: un diagnóstico erróneo

Hace unas semanas el Instituto Nacional de Estadística presentó la estadística de costes laborales del último trimestre de 2018. Entre los datos ofrecidos se encontraban los salarios recibidos por los trabajadores de la construcción, la industria y los servicios. La media española era de 2.039 € mensuales mientras que el coste salarial total de los trabajadores valencianos sólo alcanzaba los 1.781 €, un 13% inferior, sólo superior al percibido por los trabajadores de Extremadura, Canarias y Andalucía. Esta diferencia salarial encuentra su reflejo en el nivel de PIB per cápita, un indicador más adecuado para aproximar los niveles de bienestar. Los últimos datos publicados de la Contabilidad Regional de España son para 2018 y el País Valenciano aparece con 22.659 € por habitante, lejos de la media de 25.854 € y aún más lejos de la Comunidad de Madrid, que tiene 34.916€ ó Cataluña, con 30.769 €.

Estas diferencias no son insignificantes ni coyunturales. Suponen que el nivel de bienestar de los valencianos se encuentra por debajo de la media de los españoles y a distancia de las comunidades más prósperas. No se trata de una situación nueva, provocada, como tantos parecen pensar, por la crisis económica de 2008. Trabajos recientes sobre los niveles de desigualdad regional de la renta en España permiten situar el inicio del declive en 1959, cuando el PIB per cápita valenciano superaba la media de la economía española en un 15%[1]. Desde entonces el descenso es continuo como se observa en el gráfico que acompaña a estas líneas, realizado a partir de los datos presentados por los autores reseñados. Esta evolución es, lógicamente, compatible con un aumento de la renta per cápita valenciana. Lo que nos dicen las cifras es que este crecimiento fue inferior al de la renta media española, lo que ha provocado una separación paulatina de las regiones con mayor renta per cápita que, entonces como ahora, son País Vasco, Cataluña y Madrid.

A pesar de la terquedad con la que los datos estadísticos muestran los síntomas del atraso valenciano, nuestra sociedad no parece prestarles atención. El análisis de las causas y las soluciones de una situación como la descrita en los párrafos anteriores debería haber sido el objeto central de las preocupaciones de los partidos políticos en la pasada campaña electoral. No lo busquen en sus programas. La mayoría evitaron estos análisis. Una situación que refleja las percepciones de la ciudadanía valenciana, como ponía de relieve la Encuesta de Valores de la Comunidad Valenciana presentada en junio de 2017. Dos de cada tres encuestados estaban de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación “La Comunidad Valenciana es una de las más importantes de España”, y el 58,5% pensaba que vivimos en una comunidad rica. Sin duda, los expertos en la economía valenciana no han sabido trasladar a la sociedad la imagen de atraso relativo que se observa en las estadísticas.

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Europa després d’Europa (A propòsit d’un llibre d’Ivan Krastev)

Persones refugiades a l'illa de Lesbos (Grècia).

S’ha publicat un llibre sobre el futur d’Europa que convé llegir. Amb una certa urgència. És d’aquells llibres que no balafien paper, com un cos esvelt sense un gram de greix sobrer. Europa después de Europa, d’Ivan Krastev, és aquest llibre imprescindible, breu (un centenar de pàgines) però compacte, que acaba de traure a la llum Publicacions de la Universitat de València, en la col·lecció “Europa Política” promoguda per la Càtedra Alfons Cucó de Reflexió Política Europea, que dirigeix a hores d’ara el professor Joan Romero. L’original, After Europe, el va publica la University of Pennsylvania Press, de Filadelfia, el 2017. La traducció de Gonzalo Gómez Montoro és molt bona, un aspecte que convé destacar, car permet una lectura fluïda i fiable. Una lectura que no deixa respir, perquè l’autor dispara idees -idees interessants, punyents- una darrere de l’altra. Si llegiu amb llapis a la mà, la quantitat de subratllats que fareu inevitablement acabarà alarmant-vos. Perquè aquest llibre està ple d’idees, de formulacions lúcides i admonitòries. Té el do de la concreció i de la provocació intel·lectual. El seu autor forma part de dos importants think tanks amb seu a Sofia (Bulgaria) i a Viena. És col·laborador del New York Times i un analista particularment entenimentat de la realitat europea en tota la seua complexitat. La visió històrica (l’herència del comunisme, la trajectòria d’Europa al llarg del temps, la inserció en el món actual) i la mirada transeuropea -que inclou la part oriental del continent, i té present Rússia- es combinen en una prosa informada i extremadament precisa.

Les manifestacions de la crisi europea són evidents a hores d’ara. Una successió de daltabaixos que han menat a una crisi existencial de la Unió Europea, a l’auge del nacional-populisme i a una enorme aprensió envers el futur. Vegem-ho: en poc temps s’han succeït la crisi de l’eurozona, la crisi del Brexit, la crisi a Ucraïna, i  la crisi dels refugiats. Tot plegat -la crisi econòmica i de l’euro, la primera baixa del club europeu, la topada amb les dures realitats de la geopolítica, la constatació de la vulnerabilitat europea- ha conduït a un qüestionament molt seriós del model polític, econòmic i social d’Europa.  “La crisi dels refugiats ha transformat radicalment l’statu quo a Europa així com els argumentaris dels polítics, la mentalitat dels ciutadans, les identitats de les nacions i els resultats electorals. La crisi dels refugiats ha acabat sent l’11-S d’Europa.”

El 2015 va esclatar amb força l’anomenada crisi dels refugiats. Ja sabem com va anar. Milers de persones fugien, com podien, de la guerra de Síria i travessaven la frontera cap a Turquia i d’ací cap a Grècia, territori de la Unió Europea. Una crisi humanitària de grans dimensions. Turquia va instal·lar camps de refugiats on s’hi encabien centenars de milers de persones. Aviat Grècia, que va fer el mateix, es va veure superada. Un contingent nombrés de refugiats començà a fer via cap a Europa occidental, per l’anomenada ruta dels Balcans, ensopegant amb tot tipus d’obstacles. Hongria va tancar les fronteres. Àustria es malfiava i es tancava també als refugiats. La cancellera alemanya Angela Merkel va obrir les portes de la República Federal, en un gest que l’honorarà sempre. Arreu va ressonar una primera reacció favorable, d’acollida: “Refugees welcome”. Però aviat la dura realitat es va imposar. Polítics conservadors i població autòctona que se sentia amenaçada començaren a parlar d’allau o d’invasió. Per exigència de l’ala dreta del seu propi partit, la cancellera hagué de matisar les primeres posicions. Els refugiats s’escampaven per Europa. Volien arribar a Dinamarca, a Suècia, a Gran Bretanya.

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Convergencia entre regiones españolas: adiós a todo eso

La tendencia hacia la equiparación de las rentas por habitante de las regiones españolas, la convergencia regional, puede haber finalizado. Es más, en las últimas cuatro décadas la desigualdad territorial en España no ha dejado de aumentar. Y hay motivos para pensar que sólo estamos en el inicio de esta nueva dinámica. Además, las regiones “perdedoras” son las situadas por debajo del paralelo 40, la línea imaginaria que cruza la península de Oeste a Este por debajo de Madrid. La Comunitat Valenciana se encuentra, por tanto, entre ellas.

Antes de detallar la evidencia que apunta a esta conclusión, conviene destacar dos elementos que la enmarcan. Por un lado, el aumento de la desigualdad regional no es exclusivo de España. El repunte está presente en economías de nuestro entorno, como Francia, Italia o Gran Bretaña, pero también en países emergentes como China o India, cuyo crecimiento económico ha venido acompañado por la irrupción de grandes desequilibrios territoriales. Por otro, merece destacarse la relevancia que las instituciones o los medios internacionales otorgan a este hecho. Una buena prueba es que la Unión Europea (UE) destina más de un tercio de su presupuesto a políticas de cohesión; esto es, a combatir el aumento de la desigualdad territorial, o al menos, a tratar de matizarlo. Es igualmente ilustrativo que las victorias electorales de los partidarios del Brexit en el Reino Unido o de Donald Trump en Estados Unidos hayan sido interpretadas en medios como The Economist en clave territorial: zonas antaño prósperas como el Norte de Inglaterra o el corazón industrial de EEUU, que se hallan desde hace ya un tiempo en claro declive económico, han sido el granero de votos de uno y otro movimiento.

En cualquier caso, los actuales desequilibrios territoriales, y sus consecuencias sociales y políticas, son fruto de un proceso histórico cuya consideración es imprescindible para comprender la situación actual. También en España. Cabe subrayar, de entrada, que, en España, la desigualdad territorial es hoy más baja que al inicio del proceso de desarrollo económico, a mediados del siglo XIX. Y la renta media de sus habitantes muy superior a la de entonces. Sin embargo, en este siglo y medio, ha habido periodos de divergencia y de convergencia: la distancia económica entre las regiones aumentó entre el siglo XIX y el primer tercio del siglo XX y se redujo desde entonces hasta mediados de los años 1980, especialmente entre 1950 y 1980. No obstante, y esto resulta especialmente destacable, en la etapa iniciada con el acceso de la economía española a la UE las desigualdades territoriales han avanzado. Como consecuencia, la desigualdad económica regional dibuja una curva en forma de N. En la actualidad estamos iniciando su segundo tramo creciente.

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Movilidad urbana, convivencia y derechos en la Valencia del siglo XXI

Varios ciclistas por uno de los tramos del anillo ciclista de Valencia.

Probablemente una de las facetas más visibles, quién sabe si porque se trata de una de las pocas que existen, donde los ciudadanos hemos podido constatar diferencias entre el desempeño de los gobiernos municipales conservadores de Valencia entre 1991 y 2015 y el surgido del “Pacte de la Nau” que hizo alcalde a Joan Ribó hace cuatro años es la que se refiere a las políticas de movilidad urbana. De hecho, la prensa local más conservadora y los partidos de la oposición (tanto C’s y PP como Vox; que ha entrado en tromba en campaña empleando también, precisamente, esta cuestión) se han ceñido en estos años prácticamente en exclusiva a este tema a la hora de criticar la gestión de Compromís (muy especialmente), PSPV y Podem. No parece que el resto de las políticas municipales desarrolladas, más allá de que la oposición siempre piensa que la ciudad podría estar más limpia, ser más segura o aprobar los desarrollos urbanísticos de manera más presta, generen excesivo desacuerdo estructural. En cambio, la apuesta del pacte de la Nau, y más en concreto de su concejal de movilidad Giuseppe Grezzi, por ampliar la red de carriles-bici de la ciudad a costa de espacio hasta ahora destinado al automóvil, junto a leves incrementos y adecentamientos de zonas peatonales, ha desatado una tormenta política y mediática de enormes proporciones y, la verdad, digna de mejor causa.

Esta polémica es tanto más sorprendente cuanto la política de movilidad que se ha desarrollado desde 2015 es, en contra de lo que pudiera parecer por la reacción suscitada, más bien modesta. Basta para ello comparar lo realizado, unos 35 km de carril-bici en estos cuatro años, con lo que preveía el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de Valencia, aprobado en 2013, recordemos, por una corporación municipal donde el Partido Popular tenía una cómoda mayoría absoluta. En este Plan de Movilidad no sólo se contenían la mayoría de los carriles-bici que se han ejecutado (por ejemplo, el icónico carril, por cuanto todos los partidos de la oposición se han hecho fotos en él prometiendo su reversión caso de ganar las elección, de l’avinguda del Regne de València) y se especificaba que en el futuro todas estas infraestructuras deberían hacerse en calzada y nunca por las aceras, sino que además se preveían otros muchos más ambiciosos que, a día de hoy, no se han hecho: sirva de ejemplo la previsión contenida en el mismo de un carril-bici por las Grans Vies de la ciudad y, en concreto, también por la Gran Via del Marqués del Turia. Cualquier ciudadano con interés por estas cuestiones y lo que se preveía en el mencionado plan aprobado por el Partido Popular, por lo demás de una buena factura técnica y previo un estudio de la movilidad en la ciudad más que completo, lo tiene a su disposición en la web del Ajuntament de València, por lo que la consulta y comprobación de estos (y otros) extremos no puede ser más sencilla.

Pero no sólo los planes municipales aprobados hace ya 6 años para planificar la movilidad urbana en la ciudad, sino las propias promesas de partidos como PP y C’s en la campaña de 2015 muestran hasta qué punto lo realizado en la ciudad de Valencia por el gobierno de la Nau, por mucho que valiente a la vista de la reacción suscitada, no deja de ser una realización humilde. Así, el PP prometía en su programa electoral hacer en cuatro años 100 km de nuevo carril-bici ocupando espacio de la calzada. Ni más ni menos que el triple de lo que se ha ejecutado en medio de una escandalera enorme. Por su parte, C’s prometía hacer aún más carriles-bici segregados que el PP, hablando en ocasiones en algunos mítines de doblar esas cifras y abundaba en la idea de convertir Valencia en “la Ámsterdam del Mediterráneo”. Huelga decir que las restricciones al vehículo privado y al aparcamiento en el centro que son a día de hoy norma en la ciudad holandesa, incluyendo una casi completa peatonalización, están lejísimos de lo que tenemos en Valencia. Asimismo, los Países Bajos invierten casi 35 euros por habitante al año en infraestructura ciclista (con un excelente retorno, por cierto, en términos de salud y ambientales). Eso supondría, trasladado a Valencia (800.000 habitantes), una inversión anual de unos 28 millones de euros. Es decir, más de diez veces el dinero que se está dedicando en estos momentos en nuestra ciudad a infraestructura ciclista. Simplemente a partir de los programas y promesas electorales que presentaron PP y C’s en 2015 podríamos, pues, realizar muchas críticas al desempeño del govern de la Nau en estos años, pero en un sentido radicalmente contrario al que estamos leyendo y escuchando estos días. María José Catalá y Fernando Giner deberían explicar por qué no están exigiendo más inversión y más carriles-bici, cuando sus partidos y ellos mismos se afirmaban no hace tanto tiempo defensores de ir mucho más allá, pero mucho, de lo realizado estos años.

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València: el Puerto contra la ciudad

Aunque hubo unos tiempos en los que las obras portuarias aportaban evidentes beneficios económicos a la región circundante y  nuevos espacios públicos para las ciudades, la globalización y la carrera desenfrenada en algunos casos por captar tráficos a toda costa han generado efectos muy negativos en las costas y en las áreas urbanas. Ese es el caso de València.

Globalización y transporte marítimo

El transporte  marítimo canaliza nada menos que el  90% de las mercancías que se mueven por el planeta. Solamente desde un avión podríamos observar las rutas de los mercantes  por esos mares. Los puertos, lugar de intercambio mar-tierra-mar son cada vez más grandes y  están más alejados de las ciudades, y resulta paradójico que los tamaños de los grandes buques portacontenedores -algunos alcanzan ya los 400 m de eslora- queden ocultos a la vista de la gente.

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Los valencianos y la Europa rica: ¿por qué cada año estamos más lejos?

Lo acaba de recordar la actualización de la Contabilidad Regional del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada hace poco: la Comunidad Valenciana se consolida como una de las comunidades autónomas de la España pobre; entre aquellas cuyo PIB por habitante es más bajo. La favorable, y tan publicitada, tasa de crecimiento en años recientes, ahora en desaceleración, no puede ocultar la realidad, por más que se intenta desde diversos frentes: el indicador más favorable del nivel de bienestar, el PIB por habitante, está anclado en las posiciones de cola de las 17 Comunidades Autónomas.

El cuadro siguiente del propio INE lo constata. En 2017 su nivel queda muy por debajo de las CCAA de cabeza, con la Comunidad de Madrid en primer lugar. Y a una distancia considerable: el PIB por habitante en ésta es un 53,5% superior al valenciano. No es todo: la media española sigue estando 13 puntos por encima y la de la UE 36 puntos porcentuales. Y eso que, como es conocido, de ella forman parte países de muy baja renta por habitante como la inmensa mayoría de los incorporados desde 2004. Sin este bloque del Este del continente; comparada con la Europa a la que siempre ha mirado la Comunidad Valenciana, la Europa que sigue siendo hoy nuestra referencia, la distancia es espectacular.

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Els valencians i l’Europa rica: per què cada any n’estem més lluny?

Ho acaba de recordar l’actualització de la Comptabilitat Regional de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) publicada fa poc temps: la Comunitat Valenciana es consolida com una de les comunitats autònomes de l’Espanya pobra; entre aquelles amb un PIB per habitant més baix. La favorable, i tan publicitada, taxa de creixement fa pocs anys, ara en desacceleració, no pot amagar la realitat, per més que s’intenta fer des de diversos fronts: l’indicador més favorable del nivell de benestar, el PIB per habitant, està ancorat en les posicions de cua de les 17 comunitats autònomes.

El quadre següent del mateix INE ho constata. El 2017 el seu nivell se situa molt per davall de les CCAA que van al capdavant, amb la Comunitat de Madrid en primer lloc. I a una distància considerable: el PIB per habitant en aquesta comunitat és un 53,5% superior al valencià. I això no és tot: la mitjana espanyola continua situant-se 13 punts per damunt i la de la UE 36 punts percentuals. I això que, com se sap, en formen part països de renda per habitant molt baixa, com la immensa majoria dels incorporats des del 2004. Sense aquest bloc de l’est del continent; comparada amb l’Europa a què sempre ha mirat la Comunitat Valenciana, l’Europa que continua sent actualment la nostra referència, la distància és espectacular.

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¿Cuánto nos cuestan la corrupción y el déficit de calidad institucional en España y qué podemos hacer para evitarlo?

¿Es posible que se den elevados niveles de corrupción en un país con un sólido entramado de instituciones de gobierno independientes que se controlen mutuamente?; ¿en un país con una justicia bien dotada, rápida y eficaz?; ¿en un país con un sector público transparente en el que los ciudadanos tengan acceso sencillo a toda la información sobre la acción de gobierno y con una cultura de seguimiento de los asuntos públicos apoyada en medios de información plenamente independientes? Un nivel elevado de corrupción no puede explicarse sin un cierto déficit en la calidad de las instituciones de gobernanza, entendiendo por esta calidad, junto a los bajos niveles de corrupción, factores como la fortaleza del estado de derecho, la transparencia y rendición de cuentas en la gestión de gobierno y la independencia de los distintos poderes públicos.

La sociedad española ha alcanzado en los últimos años un elevado grado de sensibilización frente a los problemas de corrupción. Sin embargo, otros aspectos de la calidad de las instituciones del país como, por ejemplo, la independencia de las comisiones reguladoras de los mercados o la dotación de medios suficientes para los organismos de control, resultan demasiado lejanos a muchos ciudadanos.

La calidad de las instituciones de gobierno y el control de la corrupción son piezas fundamentales para el desarrollo económico de los países, especialmente cuanto más avanzadas son sus economías. De esa calidad dependen buena parte de los servicios que recibe la ciudadanía y del progreso económico que cabe esperar para el futuro.

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Inundaciones en el Mediterráneo: Ante todo la seguridad de las personas

Efectos de la lluvia torrencial en Dénia, la Marina Alta

En este otoño tan inestable, tambien en lo atmosférico, hemos asistido de nuevo al fallecimiento de ciudadanos del litoral mediterráneo español a causa de las riadas ocurridas semanas atrás. Sigue resultando inconcebibleque, en un país como el nuestro, con medios económicos y recursos materiales y humanos destinados al aviso y emergencia ante este tipo de episodios, sigamos contabilizando cada año muertospor ahogamiento o arramblamiento cuando llueve fuerte. Algo pasa.

Lo peor es que la propia administración, especialmente en las escalas regiones y local, sabe lo que pasa y no quiere, no puede o no se atreve a solucionar el problema. Y los ciudadanos también tenemos nuestra parte de culpa en este problema, porque a veces somos conscientes de actuaciones indebidas que se han llegado a cabo y se siguen realizando en el territorio y que aumentan el riesgo de las personas que allí se han instalado, y no decimos nada. O, simplemente, actuamos de forma imprudente, queriendo hacer vida normal en días con aviso meteorológico, como si no pasara nada. Sacamos el coche, cruzamos los barrancos, andamos por calles repletas de agua. Estos días hemos visto imágenes de este tipo en los medios de comunicación y las redes sociales.  En esta ocasión, en Baleares, hemos vuelto a registras muertos dentro de su vivienda, como ocurrió en 1997 en Badajoz. Entonces se comprobó que los ahogados residían en viviendas que ocupaban espacio de riesgo de inundación en la confluencia de dos arroyos. Dos décadas después se repite la secuencia.

Es cierto que las inundaciones tienen causas multiples (atmosféricas, hidrológicas, territoriales, humanas, económicas, políticas incluso) y todas merecen atención y medidas de actuación. En España, se han mejorado enormemente los sistemas de predicción meteorológica, con AEMET al frente, que se ha situado al nivel de los grandes organismos estatales a nivel internacional en esta cuestión. Se demuestra que la inversión en predicción meteorológica no sólo es necesaria, sino impresdincible, en un país como el nuestro si se quieren reducir daños económicos y evitar víctimas humanas con ocasión de eventos atmosféricos de rango extremo. 

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De la reforma constitucional necesaria… y de la que parece a día de hoy posible

Imagen de los padres de la Constitución española.

En torno a la evidente necesidad de una reforma constitucional en España

La Constitución española acaba de entrar en su cuadragésimo año de existencia con la melancolía y autocuestionamiento que, pasada la alegría infantil y la ambiciosa confianza de la juventud, suelen considerarse asociados a la asunción de la madurez. Por primera vez desde 1978 el consenso sobre sus insuficiencias y la necesidad de su reforma parece casi general. Y ello con independencia de que se reconozca con más o menos generosidad el papel positivo jugado tanto por el texto constitucional como por el consenso del que éste es consecuencia, que permitieron un tránsito, la por esta razón llamada “transición” a la democracia, por medio del cual, a cambio de muchas renuncias y transacciones, se logró el establecimiento en España de una democracia liberal y un Estado social y democrático de Derecho plenamente homologables a los europeos, sin excesiva violencia política (Baby, 2018, ha revisado recientemente las cifras y datos demostrando que el carácter enteramente pacífico de la transición española es un mito, pero sus datos globales no dejan de ilustrar un proceso que, en lo sustancial, no es violento) y con un período de asentamiento relativamente corto en el tiempo.

Durante la mayor parte de estos años el relato dominante en la España democrática ha sido la celebración del éxito que supuso esa normalización democrática, culminada con la entrada de España en 1986, menos de una década después de la entrada en vigor del texto constitucional, en las entonces Comunidades Europeas (hoy Unión Europa) certificando así la plena equiparación de la democracia española con el resto de Europa occidental, tras décadas de excepcionalidad (Boix Palop, 2013: 88-90). Las posiciones más críticas, o que señalaban algunas de las carencias e insuficiencias del pacto constitucional y de su traslación jurídica, eran más bien excepcionales y marginales, bien por provenir de los extremos (poco representativos) del espectro político, bien por ser la consecuencia de reflexiones académicas cuya traslación al debate público era relativamente inhabitual (respecto de las críticas académicas surgidas en los primeros 25 años de vigencia de la Constitución española de 1978 puede consultarse la síntesis contenida en Capella, 2003). Sin embargo, la crisis económica de la última década, cuyos primeros síntomas empiezan a aparecer en torno a 2007-2008, de una dureza y duración desconocidas hasta la fecha en la democracia española, ha hecho aflorar muchas de las deficiencias del sistema que hasta ese momento no se percibían como tales o a las que, por diversas razones, no se les daba la importancia que, en cambio, en este otro contexto, sí han merecido. Desde el papel de las instituciones y sus relaciones con el poder económico, algunos clásicos privilegios jurídicos de gobernantes (como los aforamientos, por ejemplo), la insuficiencia de controles o de transparencia, hasta el propio papel de la Jefatura del Estado, y todo ello en medio de la aparición de numerosos escándalos, la crisis económica ha provocado un replanteamiento general de las insuficiencias de la democracia española (véase, por ejemplo, la repercusión inmediata pública como consecuencia del cambio de clima social producto de la reciente crisis de esfuerzos colectivos por sintetizar modernamente estas críticas como el coordinado por Gutiérrez Gutiérrez, 2014). Lo cual ha ido unido a una crisis de los mecanismos de representatividad democrática (Simón Cosano, 2018), que se juzgan de forma creciente como insuficientes o defectuosos, algo que ha llevado a un replanteamiento crítico del modelo partidista español, incluyendo la aparición de nuevos partidos de masas (Campabadal y Miralles, 2015; Fernández Albertos, 2015), hasta el punto de que el clásico bipartidismo matizado que había dominado hasta 2015 la escena política española (casi cuatro décadas, desde las primeras elecciones de 1977) ha sido sustituido por un modelo donde, al menos, hay cuatro partidos políticos de ámbito nacional con una representación considerable, así como mayorías políticas diferenciadas en clave territorial en varias Comunidades Autónomas (con partidos nacionalistas o regionalistas en los gobiernos en algunas de ellas, y no sólo, casi por primera vez en cuarenta años, en Cataluña y el País Vasco). Como factor adicional de desestabilización, el siglo XXI ha visto ya dos conflictos entre los representantes de algunas Comunidades Autónomas y las instituciones del Estado respecto de su acomodo en el marco constitucional español: uno primero con el País Vasco (con la aprobación del “Plan Ibarretxe” que buscaba un nuevo y más ambicioso Estatuto de autonomía, finalmente abortado por el Tribunal Constitucional, Vírgala Foruria, 2006, y abandonado tras la pérdida por parte de los nacionalistas vascos del gobierno autonómico durante una legislatura como consecuencia de la ilegalización de partidos políticos a los que se consideró instrumento político de la banda terrorista ETA, aunque posteriormente lo hayan recuperado) y uno segundo en Cataluña, inicialmente reconducido por medio de la aprobación de un nuevo Estatuto de Autonomía en 2006 pero recrudecido tras la anulación de partes sustanciales (que afectaban a la función de blindaje competencial que pretendía suponer) del mismo en 2010 por medio de una controvertida Sentencia del Tribunal Constitucional (STC 31/2010), profusamente comentada en estos últimos años por numerosos juristas (por todos, Muñoz Machado, 2014: 139-158). Esta anulación, intervenida en medio de la ya referida crisis económica, ha servido a la postre de catalizador político y detonante de una crisis larvada que a la postre refleja un distanciamiento cada vez más acusado entre las posiciones de parte de la sociedad catalana (y sus mayorías parlamentarias), que ante la constatación de la inconstitucionalidad de algunas de sus aspiraciones políticas ha optado por tratar de lograr la independencia de esta parte del territorio, y la visión dominante en el resto del Estado (y de sus mayorías políticas), que entienden que el grado de descentralización alcanzado en España es ya más que suficiente, cuando no excesivo. Todo ello ha degenerado en un conflicto de gravedad con el Estado, donde han intervenido consultas o referéndums que han pretendido ser pactados con el gobierno central y, ante la negativa de éste, realizados unilateralmente, prohibiciones y anulaciones de normas y posicionamientos del parlamento catalán y, en una fase ulterior, incluso el encarcelamiento de parte los miembros del gobierno catalán o de la presidenta de su parlamento, así como líderes sociales, acusados por delito de rebelión (el tipo penal que el ordenamiento jurídico español contiene para castigar los levantamientos violentos y armados; para un análisis del tipo en su entendimiento clásico previo a la actual situación, García Rivas, 2016) tras considerar, al menos en fase de instrucción, el Tribunal Supremo español que la convocatoria de un referéndum ilegal puede considerarse análogamente equivalente a un levantamiento armado que busque propiciar una guerra civil. 

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