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Regiones pioneras, Estado inmóvil: España en la gestión de residuos

El pasado mes de febrero apareció varado en el Cabo de Palos un cachalote joven con 29 kilos de plástico en el estómago. El pasado viernes 14 de septiembre apareció otro cachalote en Madrid. Mientras el primero fue víctima real de la contaminación de los océanos, el segundo fue una intervención artística de sensibilización dentro del circuito Ciudad Distrito. Un acto sin duda innovador y atrevido, pero también ejemplo de la escenografía que suele acompañar a las políticas medioambientales.

Osos polares agonizantes, sequías y subidas del nivel del mar son lugares comunes del discurso contra el cambio climático. Discurso que es fruto de décadas de activismo ecologista, y a la vez origen de verdaderas políticas de altura y de consensos internacionales que han quedado para la historia, escenificados en el Protocolo de Kyoto y en el Acuerdo de París. De la escena a la acción hay, no obstante, un trecho importante, y más profundo en este que en otros campos de la política. El resultado: aprobación de grandes planes medioambientales, trasposición infinita de Directivas europeas, y el ciudadano medio que sigue sin tirar el envase de plástico al contenedor de envases de plástico.

En el espacio entre retórica y realidad, vivimos sobre el suelo que más basura entierra de toda la Unión Europea: el suelo español. ¿No es acaso gestionar la basura de forma responsable más fácil que salvar al oso polar? Sí es más fácil (además de perfectamente compatible), pero es menos bonito. Porque para gestionar la basura de manera responsable hay que quitar los contenedores de las calles, obligar a los vecinos a convivir con los residuos, en sus casas, durante días, sometidos a un calendario de recogida selectiva, hay que sancionar el depósito de basuras fuera de hora, sancionar la mala separación de residuos, e imponer medidas de fiscalidad ambiental, entre otros tantos atrevimientos sobre los hábitos de consumo. En fin, hay que ser Holanda, Dinamarca, Bélgica; o ser Guipúzcoa, Navarra o Cataluña. Hay que atreverse a conquistar las tasas de reciclaje más altas del mundo (de hasta un 80% sobre el residuo total generado), para ser ejemplo y modelo de economía circular, y salvar en última instancia al oso polar.

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Sobre derechos humanos y buen trato a las personas mayores

Los cambios demográficos de nuestras sociedades (incremento de la longevidad, la esperanza de vida y el peso específico de las personas mayores como grupo social, reducción de las estructuras tradicionales de la familia extensa), provocan una realidad social que ha aumentado el interés por examinar los procesos subyacentes al envejecimiento de la población. En España el proceso de envejecimiento se acelera rápidamente. En 2050 España se convertirá en el tercer país más envejecido del mundo, con 34.5 % de su población mayor de 65 años (Naciones Unidas, 2014). Actualmente las personas mayores de 65 años representan el 18.8 % sobre el total de la población y se estima que hay un 32.6 % más de mujeres mayores que de hombres, siendo el femenino el sexo predominante en la vejez. La esperanza de vida se ha incrementado de forma espectacular durante todo el siglo XX, con una esperanza de vida al nacer en las mujeres de 85.8 años, y de 80.3 años en los hombres, situándose entre las más altas de Europa y del mundo.

El Foro Internacional sobre Personas Mayores se propone llevar a diferentes ciudades unas jornadas de reflexión en torno al proceso de envejecer y el buen trato a especialistas en materia de envejecimiento, políticas sociales sobre personas mayores, y derechos humanos. En 2018 la ciudad que ha acogido el II Foro ha sido Valencia. La Sociedad Valenciana de Geriatria y Gerontología, como sociedad científica que aúna a diferentes especialistas de distintas áreas relacionadas con el proceso de envejecer ha sido la encargada de reflexionar sobre los derechos de las personas mayores y elaborar una Carta a modo de hoja de ruta.

Vivimos en el siglo XXI y somos uno de los países más ricos del mundo ¿lo sabía usted?

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El futuro de las pensiones

Almas bien o mal intencionadas llevan mucho  tiempo sembrando inquietudes sobre el  futuro de las  pensiones públicas. Y no sin éxito, según parece. Es verdad que, cuando vienen por el lado derecho, se desacreditan los augurios atribuyéndolos al interés de la banca por administrar nuestros ahorros por un módico dos por ciento anual; y, cuando vienen por la izquierda, el desprestigio se  intenta reduciéndolos a estrategias de desgaste contra los gobiernos del PP. Pero unos y otros, a derecha e izquierda, han convertido en lugar común la idea de que las pensiones públicas van a ir a peor, o incluso a dejar de existir. Los pensionistas que estos días se movilizan, lo hacen por sus pensiones, pero sobre todo, protestan, por las de sus hijos.

Creo que estas protestas están poco justificadas para el presente, pues la renta de la población que depende de las pensiones es la mayor de la historia, tanto en términos absolutos como en relación al resto de la población. Históricamente los pensionistas han sido más pobres que los activos, pero justo durante la última crisis los ingresos de estos han caído hasta igualarse con los de los pensionistas, de modo que actualmente y por primera vez en la historia su posición relativa es de uno a uno.

¿Aciertan las protestas en lo referente al futuro? ¿Es verdad que el sistema actual de pensiones públicas es insostenible y que las pensiones peligran? Con casi total seguridad, no. Los temores por las pensiones futuras se justifican por el envejecimiento de la población y por el empeoramiento de los salarios. Ahora bien, el envejecimiento de la población, que es una previsión muy probable, es un factor de poca importancia; por el contrario, el empeoramiento de los salarios, que es mucho más importante, es una previsión harto improbable. Dicho de otro modo, es casi seguro que la proporción de ancianos aumente, pero también muy probable que la productividad de la economía aumente mucho más.

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“En defensa del territorio ante los nuevos retos del cambio global”

Cuando finaliza la segunda década del siglo, y nuestro país comienza a superar una de las más graves crisis económicas de los últimos tiempos, parece oportuno reafirmar los valores y principios del Manifiesto por una Nueva Cultura del Territorio de 2006. El territorio es un bien no renovable, complejo, frágil, con valores ecológicos, culturales y patrimoniales únicos que están por encima de su valoración económica, y que precisa de una gestión responsable y ser planificado de acuerdo con principios de sostenibilidad desde la esfera pública. Todo ello con objeto de favorecer el acceso a la vivienda, la planificación y el trazado racional de las infraestructuras, el desarrollo equilibrado de los asentamientos y el fortalecimiento y activación del sistema de espacios abiertos. La eficiencia económica, la justicia social y la sostenibilidad ambiental siguen siendo principios esenciales que deben orientar la planificación y gestión del territorio. Los cambios socio-económicos acelerados a los que asistimos y las grandes transformaciones asociadas al proceso –muy a menudo irracional y profundamente insolidario- de cambio global plantean nuevos retos a la gestión del territorio que se deben afrontar de manera perentoria.

Desde la aprobación del Manifiesto, nuestro territorio ha pasado de experimentar una de las etapas de transformación más radical e irracional por el volumen alcanzado de superficie sellada a una caída brusca de la actividad inmobiliaria debido al final del “boom” del ladrillo. La recesión económica vivida en los últimos años se ha visto agravada en el caso español por los efectos financieros de la burbuja inmobiliaria y su estrecha relación con el sector bancario (crisis y reordenación de las entidades financieras), lo que conllevó la decisión del gobierno de optar por un rescate millonario, en detrimento de la sociedad española, para evitar consecuencias que se temían aún más graves.

La geografía española, en colaboración con otros profesionales del territorio, alertó de los efectos perversos de la burbuja inmobiliaria y, en una addenda al Manifiesto publicada en 2009, de la pérdida de oportunidad que estaban suponiendo los años de crisis para la planificación futura de los territorios con criterios radicalmente distintos a los que presidieron aquel proceso por la falta de decisión política para desarrollar normativas y activar procesos de ordenación territorial bajo nuevas visiones y objetivos.

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La Facultad Invisible: la Universidad que quieren los Premios Nacionales

La Universidad pública es uno de los principales pilares de nuestro estado de bienestar. No solo se encarga de generar y transmitir conocimiento, pues también garantiza la libertad intelectual y construye ese modelo social justo, igualitario y sostenible al que todos debemos aspirar.  Lamentablemente, desde hace décadas, la Universidad española adolece de evidentes deficiencias que le están impidiendo cumplir tales objetivos. La falta de financiación, las constantes reformas educativas y los numerosos problemas estructurales han puesto en serio peligro la calidad de la investigación y la docencia, el acceso universal a la misma y su competitividad a nivel internacional. 

Para combatir estas dificultades nació en septiembre de 2014 La Facultad Invisible, una asociación sin ánimo de lucro ni  filiaciones políticas dedicada a la mejora del sistema educativo universitario español y formada por más de 170 miembros de las distintas ramas del saber académico, la mayoría Premios Nacionales. La Facultad es un laboratorio de ideas, un espacio de debate y reflexión cuya misión es colaborar activamente en la regeneración de nuestra Universidad e impulsar su excelencia.

Tres son los objetivos principales: 

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La propuesta de reforma constitucional del Botànic

Ximo Puig durante la presentación de la propuesta del Consell para la reforma de la Constitución

La necesidad de una reforma constitucional en España

La situación actual en España, en medio de una más que notable parálisis política e institucional, combina con sorprendente normalidad un consenso cada vez más generalizado en torno a la conveniencia de realizar una reforma constitucional que ayude a solucionar algunos de los problemas detectados revitalizando ciertos consensos sociales hoy algo decaídos con la inexistencia de propuestas concretas de reforma que tengan un mínimo de entidad, tanto en sí mismas consideradas como por venir de la mano de actores políticos de peso. Con la comisión parlamentaria para la revisión y reforma del Título VIII de la Constitución, que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, pactó con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, a cambio del apoyo de su partido a la aplicación de medidas para tomar el control desde el gobierno central de las instituciones autonómicas catalanas al amparo del artículo 155 de la Constitución, realizando sus trabajos en medio de una patente desgana y sin repercusión digna de ser tenida en cuenta en la opinión pública, ningún partido político se ha dignado a presentar siquiera un borrador con sus propuestas. Por la mencionada comisión están circulando referentes institucionales (más hombres que mujeres, mucho más partidarios de dejar las cosas como están que de introducir cambios, casi todos ellos tendencialmente pertenecientes antes a la generación que ya hizo la transición y pudo participar en la concreción del texto en vigor que conectados con las cohortes de españoles que han venido después…) y se prevé también que, sobre todo a propuesta del grupo socialista, aparezcan referentes sociales y culturales. Sin embargo, y por lo general, las propuestas de reforma articuladas y concretas suscitadas a raíz de sus trabajos brillan por su ausencia.

Desde una perspectiva más institucional, el único texto que tenemos que merece cierta atención es el ya antiguo informe del Consejo de Estado sobre la posible reforma, emitido a petición del presidente del gobierno de entonces, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) en febrero de 2006, hace ya más de una década. Significativamente, los contenidos del mismo se centran en cuestiones que, en gran parte, no se corresponden con los actuales problemas que una reforma constitucional debiera abordar, pues la petición fue previa a que se moldearan las circunstancias a las que hay que dar respuesta hoy, concretadas en tres crisis: en primer lugar, la económica iniciada en 2008-2009; a continuación, la política e institucional que más o menos se solapó con la primera (y que en gran parte catalizó como consecuencia de aquélla) , y, sobre todo, la territorial, con la cuestión catalana que estalla definitivamente con la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 y no ha hecho sino agudizarse en años recientes. En todo caso, y aunque temas como los abordados en ese momento (una reforma del sistema de sucesión en la Jefatura del Estado para evitar la actual discriminación en contra de las mujeres deudora de la tradición borbónica en la materia, la mención de los nombres de las Comunidades Autónomas en el texto constitucional, la realización de una referencia a la construcción europea y, en menor medida, la reforma del Senado) puedan parecer elementos casi hasta de detalle y ornato respecto de lo que podría y debería ser un proceso “reconstituyente” en estos momentos, el único esfuerzo de análisis realizado desde el poder sobre los contenidos de una hipotética reforma constitucional de que disponemos hasta la fecha es, a día de hoy, sólo ese informe del Consejo de Estado y versa únicamente sobre estas cuestiones.

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Cinc amenaces al dret a l’habitatge

Participants en una manifestació contra la turistificació a València

“Emergència habitacional”, “lloguer turístic”, “desnonaments invisibles”, “bambolla del lloguer”… Són totes expressions que, cada vegada més, se senten en mitjans i debat públic i que reflecteixen, en més o menys mesura, els problemes d’accés a l’habitatge que hi ha en bona part de les grans ciutats del nostre país i que n’amenacen altres tantes.

El dret a l’habitatge digne i adequat, tal com el recull l’article 47 de la Constitució, ha estat un dret tradicionalment amenaçat al nostre país: ho va ser durant la crisi financera a causa del seu alt preu amb relació als salaris i a unes condicions i una legislació d’arrendaments i hipotecària abusives i ho torna a ser en el període actual postcrisi per una sèrie de factors més complexos sobre els quals cal reflexionar conjuntament.

En aquest sentit, diferents informes del 2017 indiquen que el preu del lloguer a Espanya va augmentar entre un 9% i un 18% (Idealista i Fotocasa) i que el de compra d’habitatge nou ho va fer entre un 5% i un 9% (Societat de Taxació i Tecnocasa). Quines són les causes i les amenaces d’aquest augment, especialment latent a les ciutats i que perjudica més joves i col·lectius de menys recursos que no propietaris d’habitatge? A falta d’estudis i anàlisis concretes, es pot començar enumerant, almenys, cinc aspectes que impliquen augment de preu i que plantegen una amenaça real a l’habitatge –digne i adequat!– com a dret fonamental accessible a tothom:

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Cinco amenazas al derecho a la vivienda

Participantes en una manifestación contra la turistificación en Valencia

“Emergencia habitacional”, “alquiler turístico”, “desahucios invisibles”, “burbuja del alquiler”… Son todas ellas expresiones que, cada vez más, se escuchan en medios y debate público y que reflejan, en mayor o menor medida, los problemas de acceso a la vivienda que existen en buena parte de las grandes ciudades de nuestro país y que amenazan a otras tantas.

El derecho a la vivienda digna y adecuada, tal y como lo recoge el artículo 47 de la Constitución, ha sido un derecho tradicionalmente amenazado en nuestro país: lo fue durante la crisis financiera debido a su alto precio en relación a los salarios y a unas condiciones y legislación de arrendamientos e hipotecaria abusivas y lo vuelve a ser en el período actual post-crisis por una serie de factores más complejos sobre los que es necesario reflexionar conjuntamente.

En este sentido, diferentes informes de 2017 indican que el precio del alquiler en España aumentó entre un 9 y un 18%  (Idealista y Fotocasa) y que el de compra de vivienda nueva lo hizo entre un 5 y un 9% (Sociedad de Tasación y Tecnocasa). ¿Cuáles son las causas y amenazas de este aumento, especialmente latente en las ciudades y que perjudica más a jóvenes y colectivos de menores recursos en tanto no propietarios de vivienda? A falta de estudios y análisis concretos, se puede comenzar por enumerar, al menos, cinco aspectos que implican aumento de precio y que plantean una amenaza real a la vivienda -¡digna y adecuada!- como derecho fundamental accesible a todos:

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Els valencians després de la crisi: una economia de salaris baixos

En el seu apassionant Pensar rápido, pensar lentamente, Daniel Kahneman, Premi Nobel d’Economia el 2002, ens recorda que la interpretació de la realitat econòmica està dominada per les fal·làcies narratives. En elles, el nucli de la nostra il·lusió és la creença d’entendre el passat i el present, suposant, per això, que també el futur pot conéixer-se. Però la veritat, segons aquesta aproximació tan convincent de la psicologia econòmica, és que entenem el passat i el present menys del que creiem. I que, per tant, la nostra capacitat de preveure el futur és també menor de la que habitualment estem disposats a acceptar.

La seua constatació és aplicable a l’anàlisi de la situació de l’economia valenciana després d’haver deixat arrere, igual que el conjunt d’Espanya, la recessió més greu d’era estadística com ha posat en relleu un treball recent de Pons i Betrán en analitzar la crisi financera en perspectiva històrica. Probablement ha estat la crisi més profunda dels dos últims segles. En aqueix context, a l’obstacle apuntat per Kahneman per a aconseguir un diagnòstic rigorós se n’afigen molts altres, específics de la situació valenciana. Tots són molt rellevants i, en conjunt, constitueixen una societat dominada per la desconfiança, el descrèdit institucional i l’absència de punts de trobada entre percepcions contraposades resultat de concepcions del món diferents.

Són, per esmentar-ne només alguns, els efectes negatius sobre la confiança social –un element determinant, com recorda l’OCDE, per a abordar amb èxit els reptes col·lectius– del saqueig dels recursos públics dut a terme pels anteriors governants de la Generalitat o les conseqüències sobre la credibilitat de la vigorosa i eficaç activitat dels grups de pressió a convéncer els gestors públics, abans i ara, de la pretesa coincidència entre els seus interessos i els generals. Però també hi influeixen les noves formes d’informació i l’eclosió d’opinadors, al·lèrgics a contrastar les seues asseveracions amb la informació quantitativa disponible.

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Los valencianos después de la crisis: una economía de salarios bajos

En su apasionantePensar rápido, pensar despacio, Daniel Kahneman, premio Nobel de economía en 2002, nos recuerda que la interpretación de la realidad económica está dominada por las falacias narrativas. En ellas, el núcleo de nuestra ilusión es la creencia de entender el pasado y el presente, suponiendo, por ello, que también el futuro puede conocerse. Pero lo cierto, según esta convincente aproximación de la psicología económica, es que entendemos el pasado y el presente menos de lo que creemos. Y que, por tanto, nuestra capacidad de prever el futuro es también menor de la que habitualmente estamos dispuestos a aceptar.

Su constatación es aplicable al análisis de la situación de la economía valenciana tras haber dejado atrás, al igual que el conjunto de España, la recesión más grave de era estadística como ha puesto de relieve un reciente trabajo de Pons y Betrán al analizar la crisis financiera en perspectiva histórica. Probablemente ha sido la crisis más profunda de los dos últimos siglos. En ese contexto, al obstáculo apuntado por Kahneman para alcanzar un diagnóstico riguroso se añaden muchos otros, específicos de la situación valenciana. Todos son muy relevantes y en su conjunto, éstos, conforman una sociedad dominada por la desconfianza, el descrédito institucional y la ausencia de puntos de encuentro entre percepciones contrapuestas resultado de concepciones del mundo diferentes.  

Son, por mencionar solo algunos, los negativos efectos sobre la confianza social –un elemento determinante, como recuerda la OCDE, para abordar con éxito los desafíos colectivos- del saqueo de los recursos públicos realizado por los anteriores gobernantes de la Generalitat o las consecuencias sobre la credibilidad de la vigorosa y eficaz actividad de los grupos de presión en convencer a los gestores públicos, antes y ahora, de la supuesta coincidencia entre sus intereses y los generales. Pero también influye en ello las nuevas formas de información y la eclosión de opinadores, alérgicos a contrastar sus aseveraciones con la información cuantitativa disponible.

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