La auditoría cuestiona tres despidos improcedentes del puerto de Valencia y el incremento de gastos de personal

El informe de auditoría de cumplimiento y operativa sobre los gastos de personal de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) concluye que la gestión ha sido correcta, aunque ha encontrado deficiencias varias. Los auditores alertan de que los tres despidos que ha hecho la APV se han saldado en contra de los intereses de la entidad y que ha habido un incremento de los gastos de personal inadecuado.

Según el informe, los gastos de personal son superiores a los permitidos por la normativa, en concreto los relacionados a los pagos de la antigüedad. La APV alega que el incremento es del 4,88 % y se ha realizado básicamente sobre personal fuera de convenio, por lo que no se le aplican los límites legales. En la APV trabajan unas 300 personas que en antigüedad percibieron en 2017 823.277 euros.

Los auditores también llaman la atención sobre una exceso de retribución de horas extra, que también exceden la normativa. En la APV entienden que esta conclusión no tiene excesiva fuerza por el gasto total son 23.600 euros para toda la plantilla. El argumento que esgrime la entidad presidida por Aurelio Martínez es que el límite de horas extra autorizadas es muy bajo. “En la APV se han pagado un total de 2,85 % del total de horas extras de los recintos portuarios de España, pese a que suponen más del 10 % del importe neto de la cifra de negocios del Sistema Portuario Español”, apuntan. 

Otra de las observaciones del informe se refiere a tres despidos. “Los tres despidos examinados en la muestra han finalizado todos ellos en contra de los intereses de la APV, por lo que debe mejorarse la gestión de esta área”, concluyen los auditores. Explican en el puerto, que dos de los tres despidos “son las dos únicas indemnizaciones” desde 2011 hasta la actualidad. La APV considera que los salarios de tramitación no se contemplan en la partida de indemnizaciones al personal.  La APV ha comunicado a los auditores que corregirá la situación.

Por su parte, el tercer despido con perjuicios para el puerto, alegan desde la APV, fue un cese por jubilación que el empleado impugnó judicialmente la decisión.