Castellón y Vila-real estudian sumarse a la denuncia por la trama del Hospital Provincial
Los Ayuntamientos de Castellón y Vila-real estudian la posibilidad de sumarse a la denuncia de la Generalitat Valenciana por la trama del Hospital Provincial. Tras conocerse el pago irregular de 25 millones de euros a empresas del caso Gürtel, los técnicos de ambas instituciones han comenzado a revisar los contratos con las firmas sospechosas, sin descartar la rescisión de algunos de ellos dependiendo del resultado de la investigación.
De hecho, según el vicealcalde de la capital de La Plana, EnricNomdedéu, “estamos abiertos a crear una comisión de investigación, como se ha hecho con las fiestas. Lo que ya hemos decidido es que se realizará una auditoria operativa en el último trimestre del año”.
El alcalde de Vila-real, José Benlloch, va más allá. Por el momento, remitirá a la Fiscalía Anticorrupción toda la documentación sobre los 600.000 euros en extractos falsos detectados y anulados de Piaf, del empresario Alejandro Pons, quien confesó haber financiado ilegalmente al Partido Popular.Además, el primer edil avanza que encargará una auditoría económica destinada a “mirar con lupa todas y cada una de las facturas” emitidas al consistorio por la empresa, que facturó entre 2006 y 2011 más de 8,3 millones de euros.
En la línea de ambos ayuntamientos, Compromís y Castelló en Moviment piden a la Generalitat que disuelva el Consorcio Hospitalario Provincial e incorpore el centro a la red sanitaria valenciana.
La portavoz adjunta de la formación nacionalista en les Corts, Mónica Álvaro, y el diputado provincial, Xavier Trenco, han tramitado una petición de documentación urgente para que Compromís “acceda a toda la documentación que desde Sanidad se ha derivado a la Fiscalía porque queremos revisar hasta la última de las facturas y los contratos”.
Trenco afirma que “la etapa investigada golpea de lleno presuntamente no sólo al ex presidente Carlos Fabra, sino también al presidente de la diputación, Javier Moliner”. Por ello, reclama a éste que “dé explicaciones en el pleno ordinario del martes para aclarar por qué mantuvo a Miguel Llorens en el cargo de director económico y por qué, cuando su sustituto informó en 2015 de supuestas irregularidades a los servicios jurídicos de la Generalitat, nadie movió ni un dedo”.
CsenMov, a través de la concejala Anna Peñalver, apunta a la necesidad de incluir en la investigación a la Fundación del Hospital Provincial, “otra entidad opaca que depende de la diputación. No podemos consentir que se vulneren los derechos de los ciudadanos en cuestiones de sanidad con un modelo disfuncional, pensando para el beneficio de determinados interesas privados”.
