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La Fiscalía pedirá que se declare como “compleja” la causa por la facturación irregular del Hospital Provincial

El Ministerio Público considera insuficientes los 6 meses preceptivos para analizar las 4.713 facturas y solicitará una ampliación del plazo

La falta de expedientes de contratación, en muchos casos, dificulta la investigación con vistas a determinar la supuesta ilegalidad de los servicios

Las diligencias abiertas corresponden al periodo de Gobierno del PP en la Generalitat y la Diputación de Castellón entre 2006 y 2015

Fachada oeste del Hospital Provincial de Castellón

Fachada oeste del Hospital Provincial de Castellón

La Fiscalía solicitará que se declare como “compleja” la causa abierta por la facturación irregular del Hospital Provincial de Castellón a raíz tanto de la denuncia interpuesta por la Conselleria de Sanidad como por el informe del ex gerente del Consorcio, Rafael Arce, alertando sobre la existencia de anomalías en la gestión del centro. Una vez iniciadas las correspondientes diligencias, el Ministerio Público considera insuficientes los 6 meses preceptivos para este tipo de procedimientos, por lo que pedirá una ampliación del plazo al objeto de investigar en profundidad las 4.713 facturas, según apunta la Cadena Ser.

La dificultad del caso reside en que muchas de esas facturas carecen de expedientes de contratación, lo que supone una contrariedad a la hora de determinar la supuesta ilegalidad de los servicios prestados. Entre las empresas sospechosas aparece Piaf, amén de los grupos Gimeno y Batalla, vinculados a la trama Gürtel por presunta financiación ilegal al PPCV. Precisamente el periodo investigado (entre 2006 y 2015) corresponde a los años de mandato del Partido Popular en la Diputación de Castellón, con Carlos Fabra al frente, y en la Generalitat Valenciana.

La declaración por parte de la Fiscalía General del Estado de causa compleja permitiría disponer de un intervalo de 18 meses para examinar toda la documentación, como ya ocurrió por ejemplo con las diligencias del Castor, donde inicialmente el plazo fijado ascendía a medio año.

Y es que analizar por separado cada de las 4.713 facturas requiere de tiempo, máxime cuando se habla de irregularidades por un importe superior a los 25 millones de euros. En este sentido, tampoco hay que olvidar los resultados del informe del citado Arce, que advierte, entre otras incidencias, sobre una disposición complementaria de créditos para la liquidación de sentencias, por valor de 7,3 millones de euros, de la que solo se pagaron 1,6 millones para tal fin.

Con todo, dependiendo de las conclusiones, el Ministerio Público decidirá si admite la denuncia para abrir juicio o, por el contrario, la archiva.

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