El Pleno del Congreso votará la semana que viene si investiga el caso Castor

La próxima semana habrá finalmente votación en el Congreso para decidir la creación de una comisión de investigación por el caso Castor. El pasado mes de mayo los grupos de Unidos Podemos y Compromís solicitaron su creación con la intención de que se depuren las responsabilidades políticas ante las numerosas irregularidades, a pesar de que ya no es posible exigir responsabilidades penales.

Y es que la Audiencia Nacional confirmó la decisión de la jueza Lamela de archivar la querella a Florentino Pérez, presidente de la empresa concesionaria ACS, y a otros cinco exministros. No obstante, desde Unidos Podemos y Compromís piden que se esclarezcan las responsabilidades del caso y las diversas irregularidades que habrían existido durante un proceso de concesión que creen habría sido hecho a la medida de la empresa de Florentino Pérez.

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Ione Belarra, destacaba ayer lo positivo de esta noticia, que supondría dirimir las responsabilidades políticas de un caso que representa “un monumento al país de la corrupción que nos ha dejado el Partido Popular”. Declaró también que desde Unidos Podemos no renuncian “a recuperar el dinero que debería haber sido para mejorar la vida de los españoles”.

Desde Compromís, Marta Sorlí, diputada de Compromís por la cirscunscripción de Castellón, ha declarado que “confiamos en que PP, PSOE y Ciudadanos permitan que se depuren las responsabilidades políticas derivadas de las irregularidades desde el inicio del proyecto Castor”. Sobre Castor añade que “era una estafa para la ciudadanía y un proyecto peligroso para el medio ambiente”, para concluir que “los sucesivos gobiernos priorizan los intereses de las grandes empresas”.

El Proyecto Castor se encuentra paralizado desde que durante los años 2012 y 2013 se registrasen 500 terremotos frente a las costas de Castellón y Tarragona, que posteriormente se demostrarían estar directamente relacionados con las obras. Debido a la paralización del proyecto, el Estado indemnizó a la empresa ACS con 1.350 millones de euro. A finales del año pasado el Constitucional anuló dicha indemnización, lo cual inicia ahora un largo proceso judicial para recuperarlos.

El monto total que recaerá sobre el bolsillo de los españoles ronda, según lo cifra la Organización de Consumidores y Usuarios, los 4.731 millones de euros. Esto supone, a efectos prácticos, un sobrecoste en la factura del gas que se prevé dure hasta 2044. Una factura energética a la que hay que añadir una subida del 11% en el precio de la luz y que reabre los debates sobre pobreza energética en España.