La Diputación de València gestiona ya el cobro de tasas e impuestos de más de 200 municipios
La Diputación de València sigue recibiendo solicitudes de ayuntamientos y entes comarcales para encargarse de la gestión, la recaudación voluntaria y la ejecutiva de tasas e impuestos, a través de un Servicio de Gestión Tributaria (SGT) por el cual en la actualidad pasan 3 millones de recibos anuales y que mueve un volumen económico de alrededor de 360 millones de euros.
El SGT de la Diputación, que se encuentra preparado para formar parte de la futura Agencia Tributaria Valenciana, trabaja con 202 ayuntamientos, 60 comunidades de regantes, 4 consorcios y 5 mancomunidades, además de la EPSAR y el Consorcio Provincial de Bomberos. A estos les ofrece la gestión e inspección de diferentes tasas y tributos, así como la recaudación voluntaria y ejecutiva del IBI, el IAE, el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, la tasa de Tratamiento de Residuos Urbanos o el cobro de multas de tráfico, entre otros ingresos municipales.
El SGT en el periodo 2008-2016 ha triplicado la recaudación en concepto de tasas e impuestos gestionados desde la Corporación provincial, se ha pasado de 200 a 274 instituciones que a día de hoy tienen delegado este servicio –con la gestión y el cobro de una o varias tasas- a la Diputación. El SGT, por su parte, ha pasado de 130 a 147 trabajadores, distribuidos en su sede central y las oficinas comarcales.
También los datos del pasado ejercicio y el que se lleva del actual apuntan al crecimiento de los entes locales y comarcales que optan para ceder su gestión tributaria, en parte o íntegramente, a la Diputación de Valencia, a través del área de Hacienda que dirige Toni Gaspar. En 2016, el Ayuntamiento de Alboraia, la Comunitat de Regants Altos Riegos de Villanueva de Castellón y la Mancomunidad del Camp de Túria solicitaron adherirse al servicio prestado por la Corporación, mientras que Buñol, la Pobla Llarga, Massalfassar, Casas Bajas, Casas Altas, Vallanca y Cortes de Pallás ampliaron sus solicitudes.
En este primer trimestre de 2017, las nuevas solicitudes han llegado de los ayuntamientos de Benisanó, Carcaixent y Alzira y de la comunidad de regantes ‘Sociedad Pozo de Maimona’, mientras que Quatretonda, la Puebla de San Miguel, Piles y Riola han pedido una ampliación del servicio. El pleno del mes de abril ha aprobado la petición de Alzira para la recaudación ejecutiva de multas de tráfico y sanciones por infracciones de las ordenanzas municipales; la de Piles para la recaudación ejecutiva de la IAE; la de Riola sobre la gestión otros ingresos de derecho público y la de ‘Sociedad Pozo de Maimona’ para hacerse cargo de la recaudación ejecutiva de las deudas de sus comuneros.
