Dos años de cárcel para un ex interventor de Chulilla por apropiarse de 220.000 euros

Quien fue secretario-interventor del Ayuntamiento de Chulilla durante 30 años, desde 1983 hasta 2013, ha aceptado la pena de dos años de cárcel por quedarse con 219.880 euros del consistorio a través de cheques bancarios o transferencias.

Inicialmente, el ministerio fiscal pedía para este hombre 14 años de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento público, un delito continuado de malversación de caudales públicos y un delito continuado de prevaricación administrativa. Sin embargo, se ha llegado a un acuerdo entre las partes por el que al hombre se le rebaja la pena hasta los dos años de cárcel al estimar la circunstancia muy cualificada de dilaciones indebidas.

Así mismo, se ha acordado que el exsecretario, cuyo juicio contra él se iba a celebrar este lunes en la Audiencia de Valencia, pague una indemnización de 219.880 euros al consistorio más los intereses legales y abone las costas procesales, mientras que el acuerdo también contempla dejar fuera a la mujer del acusado, a quien la fiscalía consideraba responsable civil a título lucrativo.

El condenado fue secretario de Chulilla desde el 8 de agosto de 1983 hasta el 23 de enero de 2013, fecha en la que se autorizó su traslado en comisión de servicios a Catral (Alicante). También realizaba tareas de interventor, de forma que era el único que llevaba la contabilidad del consistorio. Como consecuencia, no se produjo ninguna auditoría externa en el periodo en el que realizaba sus funciones en Chulilla.

El Ayuntamiento tenía varias cuentas abiertas y el condenado era el único que contabilizaba los registros. Para realizar cualquier transferencia o autorizar cheques, el condenado firmaba la orden de pago o el cheque y se la pasaba a firmar al alcalde y tesorero de turno, que por la confianza que tenían, firmaba todo lo que éste le autorizaba.

Para defraudar, en el caso de los cheques, o bien abusaba de la firma de los tesoreros y alcaldes, o bien la falsificaba, puesto que ninguno de ellos firmó cheques por las cuantías defraudadas. En otras ocasiones, el hombre realizaba la orden de pago, lo que suponía la autorización del gasto, y se lo pasaba a firmar, de forma que así conseguía la autorización para acceder a la cuenta municipal, a sabiendas de su injusticia; o bien simulaba de otra forma la participación de tesorero y alcalde para conseguir que el banco realizara la disposición patrimonial.

En concreto, el condenado, desde 1994 hasta septiembre de 2005 estuvo realizando movimientos de los fondos que la corporación tenía en una cuenta a otra cuenta de la que era titular junto a su mujer, al margen de las percepciones que recibía como nómina.

Desde 1994 hasta el 2000, también confeccionó diversos cheques que ingresaba en su cuenta, además de una transferencia. Por último, desde 2000 hasta diciembre de 2003, la operativa utilizada era la duplicación del importe de las nóminas.

Desde que se comenzó a utilizar la banca electrónica, y aunque las claves las tenía una de las funcionarias municipales, el condenado, que tenía el modelo de orden de pago, utilizó el acto administrativo para autorizar las órdenes correspondientes a su favor, en el ejercicio de su función, y sabiendo de su arbitrariedad.

Además, el presupuesto que el exinterventor presentaba todos los años para su aprobación para el ejercicio siguiente, se basaba en la contabilidad no correspondiente con la realidad, y era elaborado solo por él, de forma que conscientemente presentaba para su aprobación por el pleno un presupuesto que no se correspondía con los verdaderos ingresos de la corporación. Esto afectaba a la capacidad de disposición del consistorio.