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La jueza del tercer grado a Fabra fue sancionada por presiones para beneficiar a Mario Conde

María del Prado Torrecilla fue sancionada con 7 meses de suspensión en 2003 por presionar a una compañera de vigilancia penitenciaria

La instrucción del caso Fabra tardó 10 años para abrir el juicio, proceso por el que pasaron 9 jueces y 4 fiscales

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El expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra

El expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra

La jueza que ha concedido el tercer grado a Carlos Fabra, María del Prado Torrecilla, fue sancionada en 2003 durante siete meses por presionar a otro juez para que diera los mismos beneficios penitenciarios al ex banquero Mario Conde, hoy nuevamente en prisión. La coincidencia, señalada por el periodista Antonio Maestre, se suma a la discrepancia de criterios entre la juez de vigilancia penitenciaria del Juzgado nº3 de Madrid y la Junta de Tratamiento de la prisión del Aranjuez -donde Fabra está interno desde diciembre de 2014- y también de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suspendió a Prado Torrecilla por presionar a otra magistrada, Reyes Jimeno, para tratar de que ésta concediera el tercer grado penitenciario a Mario Conde, presiones que también estarían confirmadas por otro juez de vigilancia penitenciaria de Madrid, que también alegó haberlas recibido.

La jueza ha admitido la petición del ex líder del PP de Castellón, que inició el proceso para obtener el tercer grado en el mes de julio, y ha dado cinco razones para concederle esta medida de gracia a Fabra: que el interno ha evolucionado favorablemente; que ha abonado su responsabilidad civil; que tiene una condena corta; que tiene más de setenta años; y que hay poco riesgo de reincidencia.

El juicio a Carlos Fabra se inició en 2013, 10 años después de que se presentara la denuncia contra el entonces presidente de la Diputación de Castellón, una instrucción que supuso que por el juzgado de Nules, encargado del caso, pasaran nueve jueces y cuatro fiscales. El último juez instructor llegó a pedir amparo al CGPJ para que la Audiencia Provincial de Castellón dejara de "perturbar" su trabajo, denunciando que "indirectamente" trataban de imponer el sobreseimiento por cohecho del que se acusaba a Fabra.

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