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Familiares de concejales del PP facturaron casi 800.000 € al gobierno de Rus en Xàtiva

Alfonso Rus, ex presidente de la Diputación de València

Toni Cuquerella

Xàtiva —

El Ayuntamiento de Xàtiva ha anunciado que revisará la facturación de determinadas empresas vinculadas a regidores del PP por trabajos realizados para el consistorio durante los gobiernos de Alfonso Rus, presunto cabecilla de la trama de corrupción 'Imelsa'. La concejalía de Hacienda ha detectado un “inusual volumen de facturas” emitidas por sociedades directamente relacionadas con miembros del grupo municipal popular, así como del anterior equipo de gobierno. En algunos casos afirman que los vínculos con las mercantiles son familiares en primer grado de los regidores populares. La cifra global de pagos superaría los 790.000 euros en las dos últimas legislaturas.

El concejal de Hacienda, Nacho Reig, ha explicado que “la mayoría de estas contrataciones se han hecho de manera directa y sin publicidad. Era la forma de actuar a que nos tenía acostumbrados el PP. Se buscaban las rendijas de la legalidad para favorecer claramente el negocio de los familiares”. Reig ha denunciado que esta práctica se ha extendido durante toda la época de los gobiernos del PP, pero la cifra hecho público sólo hace referencia a las dos últimas legislaturas. Ahora afirma el regidor, “se trataría de detectar posibles irregularidades y actuar en consecuencia, gestionando de manera adecuada el dinero público y defendiendo los intereses de la ciudadanía para evitar que nunca más un representante municipal se aprovecho del cargo para engordar el negocio familiar”, según el concejal.

Reig constata que los familiares directos no pueden facturar en el Ayuntamiento de Xàtiva y que la familiaridad también es causa de incompatibilidad. El concejal recuerda que muchos ediles del PP han sido aprobando facturas de familiares directas cuando tenían el deber de abstención en anteriores legislaturas. La concejalía de Hacienda estudia la elaboración de una circular interna que recuerdo la imposibilidad de contratar con empresas con que estén vinculados familiares directas de regidores del Ayuntamiento y no se descarta acudir a la justicia.

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