La antigua Imelsa ejercerá la acusación particular en el 'caso Taula'
El juez del 'caso Taula', que investiga presuntas irregularidades en la que fue empresa pública de la Diputación de Valencia, y la Fiscalía Anticorrupción han admitido como acusación particular en esta causa a Divalterra, la nueva marca de la empresa pública de la institución, según ha informado la corporación provincial en un comunicado.
El presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, ha señalado que el principal objetivo de su gobierno, al personarse como acusación particular en el caso, es “esclarecer los hechos pero, sobre todo, recuperar el dinero que presuntamente fue sustraído por la trama de corrupción que se investiga”.
En este caso, el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia investiga al expresidente de la Diputación por el PP, Alfonso Rus; al que fue su jefe de Gabinete, Emilio Llopis, y al exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, entre otros.
Para Rodríguez, el hecho que el juez del también conocido como 'caso Imelsa' y la Fiscalía Anticorrupción hayan admitido como acusación particular a Divalterra, y por extensión a la Diputación de Valencia, supone un “reconocimiento” a la estrecha colaboración que desde el primer momento ha prestado la actual Diputación a los investigadores.
“Hemos actuado con discreción y prudencia, alejados de los focos, porque era necesario que la institución recuperara la confianza tanto del juez como de la fiscalía, que hasta ese momento se habían encontrado con muchas trabas por parte del anterior equipo de gobierno provincial que, como se ha visto después, tenía mucho que esconder”, ha incidido.
En esta línea, el socialista ha destacado que “sin el cambio de gobierno, la investigación del 'caso Taula' hubiera pasado por serias dificultades”.
Daño a la imagen de la Diputación
Rodríguez ha lamentado el daño que los casos de corrupción han causado a la imagen de la institución, hasta el punto de poner en riesgo la continuidad de la empresa pública, en la que trabajan más de 750 trabajadores, según ha apuntado.
“En este año y medio hemos logrado revertir la situación, mantener los empleos en la empresa pública y pasar de acusados a acusadores. Pienso que se ha hecho un buen trabajo”, ha destacado el presidente de la corporación, quien ha asegurado que no sólo se ha colaborado con la Justicia desde el punto de vista administrativo, sino que se han destinado cerca de 200.000 euros a “esclarecer la verdad”.
Así, se han contratado auditorías forenses que han “destripado” los ordenadores y la contabilidad de la antigua Imelsa de los últimos años para detectar comportamientos delictivos. “Era nuestra obligación poner a disposición de la Justicia todos los medios a nuestro alcance”, ha insistido Rodríguez.
“No sólo se trata de saber qué ha pasado en la casa, que también, sino sobre todo que el dinero defraudado vuelva al lugar de donde nunca debió salir y se recupere para servir a los valencianos”, ha apostillado.
