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El yonqui del dinero asegura ante el juez de Imelsa que se repartía "mordidas" en sobres en restaurantes con Rus, Caturla y Betoret

Marcos Benavent ha ratificado que se amañaban contratos en la empresa pública de construcción de colegios y que se cobraban comisiones ilegales a determinadas empresas

El diputado autonómico Vicente Betoret anuncia una querella contra el exgerente de Imelsa por sus declaraciones "tendenciosas y radicalmente falsas"

El exgerente de Imelsa, Marcos Benavent

El exgerente de Imelsa, Marcos Benavent

El exgerente de Imelsa y autodenominado 'yonqui del dinero', Marcos Benavent, ha declarado este miércoles al juez del Juzgado de Instrucción número 18 de València que investiga el presunto pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de Ciegsa, que se repartían "mordidas" en sobres en restaurantes entre el expresidente de la Diputación provincial, Alfonso Rus; el exsecretario autonómico de Educación, Máximo Caturla; el expresidente provincial del PP y diputado, Vicente Betoret, y él mismo.

Según ha podido saber Europa Press, Benavent, cuya comparecencia se ha pospuesto en varias ocasiones, se ha ratificado en anteriores declaraciones, ha confirmado que se amañaban contratos en la empresa pública de construcción de centros educativos y que se cobraban comisiones ilegales y "mordidas" a determinadas empresas.

El 'yonqui del dinero' ha señalado que él no estaba dentro de Ciegsa y, por lo tanto, desconocía el funcionamiento interno de la empresa, pero ha dicho que era el expresidente de la Diputación quien le enviaba a cobrar esas comisiones a las empresas. Personalmente, ha admitido que cobró de dos, entre ellas, Cleop, y ha alegado no saber nada del resto de empresas.

En cuanto al cobro de esas mordidas, ha relatado que se repartían posteriormente en comidas que se celebraban en restaurantes, en sobres, entre Rus, Caturla, Betoret y él mismo. Y ha dicho asimismo que él llevaba dinero al exsecretario autonómico de Educación a su despacho.

Caturla negó cualquier irregularidad

Máximo Caturla, que declaró la pasada semana ante el juez, negó cualquier tipo de irregularidad en las adjudicaciones a empresas para la construcción de colegios y descargó en los técnicos la responsabilidad de las decisiones y trabajos realizados.

Junto a Caturla y Benavent, en esta pieza de Imelsa tienen la condición de investigados por cohecho, prevaricación y malversación Alfonso Rus; cuatro técnicos de Ciegsa y los responsables de mercantiles adjudicatarias Cleop, BM3 y Dragados.

En esta pieza el juez investiga la adjudicación de contratos sin respetar los principios de legalidad, concurrencia efectiva, imparcialidad y proscripción de la arbitrariedad con la finalidad de favorecer contractualmente a determinadas empresas en la adjudicación de obra pública a cambio de comisión o dádiva.

Finalidad de lucro

Esas irregularidades en la contratación entre 2003 y 2007 podrían tener una "finalidad de lucro que podría tener su origen o propósito en la financiación de un determinado partido político o alternativa o conjuntamente a ello, en el propio lucro personal, ya confesado por el principal investigado en esta causa", Marcos Benavent, según exponía el juez en su auto.

Respecto de los técnicos, el juez investiga si pudieran haber colaborado dando una cobertura de aparente legalidad a decisiones que venían a estar establecidas arbitrariamente y de antemano, y si justificaron sobrecostes sobre una base ficticia o carentes de verdadera justificación para obtener más financiación o compensar económicamente a las empresas que pagaban comisiones con el consiguiente perjuicio económico para el erario público de la Generalitat.

El informe policial recoge indicios delictivos respecto a las siguientes obras o adjudicaciones: IES número 4 de Torrevieja, adjudicado a Cleop; IES Llosa de Ranes e IES Xirivella; IES El Cabanyal, adjudicado a BM3; CEIP número 5 de Burriana, a la UTE BM3-Dragados; y CEIP 7 de Santa Pola a otra UTE de las mismas empresas.

Afirmaciones "radicalmente falsas"

Betoret ha anunciado este miércoles la interposición de una querella contra el exgerente de Imelsa por sus afirmaciones "tendenciosas, intencionadas y radicalmente falsas". El diputado popular ha asegurado a través de un comunicado que estas declaraciones "solo persiguen el daño personal y el desgaste del Partido Popular" y que responden a la voluntad del exgerente de Imelsa de "intoxicar" el procedimiento judicial.

También ha querido dejar "muy claro" que "nunca" ha participado ni ha sido testigo de "actuación alguna fuera de la ley". Por tanto, ha lamentado que el exgerente de Imelsa "no se guíe por la verdad, sino por cuestiones mediáticas para poder desviar la atención de su responsabilidad en este procedimiento".

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