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Jorge Rodríguez pedirá al juez el sobreseimiento del caso Alqueria porque “no tiene ningún recorrido penal”

Jorge Rodríguez presidiendo un consejo de administración de Divalterra

Toni Cuquerella

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El expresidente de la Diputación de València, Jorge Rodríguez, ha anunciado que solicitará declarar ante el juez del caso Alquería “tan pronto como sea posible”. Tras conocerse las acusaciones que ha presentado Fiscalia el también alcalde de Ontinyent ha afirmado que quiere comparecer voluntariamente “para aclarar punto por punto un asunto que no tiene ningún recorrido penal”.

Rodríguez señala que “en el peor de los casos, se trata de un asunto meramente administrativo” por lo cual pedirá al juez el sobreseimiento de la causa. Los argumentos del expresidente de la Diputación se basan en que “toda la causa gira en torno a los nombramientos de siete altos cargos, cuya legalidad no sólo viene avalada por varios de los informes emitidos, sino que, además, la doctrina jurídica y la jurisprudencia los respalda totalmente”. Por ello advierte que la investigación tendría su origen en “opiniones jurídicas contrapuestas”; ante ello resume que “desde luego esto nunca puede ser materia que deba tratar el juzgado de lo penal”.

Entre los argumentos de defensa Jorge Rodríguez explica que “todos los altos cargos tenían unas funciones determinadas, desempeñaron sus tareas y cumplieron con sus obligaciones, como queda de manifiesto en los archivos de la Diputació y Divalterra”, ha añadido Rodríguez, “por lo que es una absoluta falsedad que estos altos cargos no trabajaran”. Con ello concluye que “no se sostiene la acusación de prevaricación y, mucho menos, la de malversación de fondos”.

“Actuación policial desproporcionada”

Tras su argumentación Jorge Rodríguez afirma que la conclusión de todo es que “la actuación policial fue absolutamente desproporcionada” lamentando que todo el operativo generó “alarma social”, llegando a pasar una noche en el calabozo tanto Rodríguez como sus colaboradores también investigados.

Además también critica que se decretara el secreto de sumario, además de un segundo registro que ha considerado que tuvo tintes políticos por producirse justo el día antes de su proclamación como candidato en Ontinyent.

Desacredita el “gobierno paralelo”

Uno de los aspectos a los que se ha referido Jorge Rodríguez ha sido la consideración del informe de Fiscalía de que la contratación de siete altos cargos vinculados al PSPV y Compromís constituían un “gobierno paralelo” al consejo de administración de Divalterra. Pero el expresidente provincial asegura que “en realidad el consejo de administración, donde están representados todos los partidos, fue siempre el máximo órgano de decisión de la empresa”, aunque acepta reuniones previas de consejeros de los cuatro miembros del gobierno provincial (PSPV, Compromís, EUPV y València en Comú) “para consensuar la postura del equipo de gobierno”.

Jorge Rodríguez finaliza señalando que, a su entrada a la Diputación, “nos encontramos con un informe de la Intervención General del Estado en el que se destacaba que había 670 personas contratadas en Imelsa sin ningún proceso de selección”, y que uno de ellos era uno de los denunciantes del caso Alquería, que “fue contratado a dedo en la época que fue gerente de la empresa Marcos Benavent”.

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