El PP valenciano tendrá que desempolvar las 'líneas rojas' contra la corrupción ante los nuevos imputados
Cuando se están contando los 100 días de la legislatura en las Corts Valencianes, el PP vuelve a revivir una de las peores pesadillas del pasado periodo político, las imputaciones de sus dirigentes. Y con ello el partido tiene que volver a desempolvar uno de los elementos que más divisiones internas provocaron como fueron las 'líneas rojas' contra la corrupción que pretendió establecer Alberto Fabra.
Se trata de la imputación conjunta del diputado Víctor Soler y de l'ex alcalde de Gandia, Arturo Torró, dentro de la trama púnica, por sus gestiones cuando dirigían el ayuntamiento gandiense la pasada legislatura. Ambos fueron llamados a declarar como imputados en la Audiencia Nacional por el juez Velasco que instruye la causa, pero el primero de ellos, como aforado por ser diputado autonómico, tendrá que ser juzgado en el TSJCV.
Ante esta situación de diputado-imputado las miradas se han vuelto hacia la nueva presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, para preguntarle sobre si se aplicarán las 'líneas rojas', y la contestación ha sido que no van a ser estrictos: “los Estatutos del partido sólo exigen la dimisión de cualquier cargo público cuando se haya dictado apertura de juicio oral contra el mismo”. Este margen durante la época Fabra se ha utilizado para presionar al encausado para obligarle a dimitir, y ahora se tendrá que ver cuál es el recorrido que le queda a Soler.
Por lo que respecta a Arturo Torró el mismo exalcalde afirmó el junio pasado, tras prestar declaración ante la Guardia Civil cuando se realizaron los registros en diferentes ayuntamientos, que “no tardaría ni un minuto” en dimitir si fuera imputado; ha pasado no un minuto, sino un día, y Torró se mantiene como concejal del PP. Esto lo decía cuando se le atribuía la contratación de una empresa de la trama 'Púnica' por 15.000 euros, asegurando que era un precio “ridículo”. No obstante la propia Guardia Civil posteriormente acusó al exalcalde del PP de haber ocultado 900.000 euros en facturas a estas mismas empresas.
Es más, Arturo Torró y el PP de Gandia casualmente anunciaban el mismo día en que se conocía su imputación, que están tratando con la dirección estatal de Ciudadanos una moción de censura contra la alcaldesa socialista Diana Morant. Desde el PSPV se considera que se trata de una cortina de humo para desviar la atención de la imputación, y han pedido la dimisión de ambos ediles.
