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La alcaldesa de Alicante, imputada en el caso Rabassa

Además de a la alcaldesa de Alicante, el juez ha imputado a su antecesor en la Alcaldía, Luis Díaz Alperi, y al empresario Enrique Ortíz por las irregularidades detectadas del plan

Este sector, que incluye la instalación de la multinacional sueca Ikea, fue aprobado en 2005 con la oposición de Esquerra Unida, que denunció la actuación del gobierno alicantino

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Enrique Ortiz y Sonia Castedo.

El empresario alicantino Enrique Ortiz junto a la alcaldesa Sonia Castedo

Un nuevo revés para la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, que además de estar imputada en el caso Brugal -relacionado con el Plan General de la ciudad- y " juzgada y condenada por la prensa" -como ella misma reconocía recientemente en una entrevista-, ahora ha sido imputada en una nueva causa, el caso Rabassa, cuyas grabaciones han dejado en evidencia a muchos altos cargos del PP valenciano. El magistrado le atribuye los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho y le cita a declarar el próximo 27 de noviembre a las 10 horas.

Así, Juan Carlos Cerón, el juez que lleva el caso por las irregularidades detectadas en el  Plan Rabassa -el sector donde se ha dado luz verde a la instalación de Ikea en Alicante- a raíz de una denuncia presentada en su día por Esquerra Unida, ha decidido imputar a la actual primera edil además de al polémico constructor Enrique Ortíz, a quien se le adjudicó Rabassa en abril de 2005 con la única oposición de EU.

Así, según informa el diario Información, el juez instructor ha decidido las imputaciones tras conocer el informe policial completo. Además de Castedo, Díaz Alperi y Ortiz, el juez cita a la responsable jurídica del área de Urbanismo, Isabel Campos, y al gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, así como a dos técnicos del ministerio de Fomento.

Además, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Cerón pregunta al fiscal si llama a declarar como imputados al exalcalde Luis Díaz Alperi y a la exsecretaria autonómica de Territorio. Según recoge el informe policial, Castedo y Díaz Alperi favorecieron los intereses particulares de Ortiz en la aprobación del Plan Rabassa, además de la llegada de Ikea al suelo del constructor alicantino.

Y mientras tanto, la oposición sigue insistiendo en pedir la dimisión de Castedo -que recientemente  abandonó su acta de diputada en Les Corts pero que se aferra con uñas y dientes a la Alcaldía, haciendo oídos sordos a las 'líneas rojas' del president Fabra-, y la alcaldesa que ha llegado a insinuar la posibilidad de  crear un partido propio si el PP no le permite ser la candidata en 2015

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