El número dos de Castedo será juzgado por prevaricación y falsedad
El juzgado de instrucción número 4 de Alicante, abre juicio oral contra el vicealcalde y concejal Atención Urbana, Andrés Llorens, por presuntas irregularidades en la adjudicación de la plaza Magallanes. Las obras fueron adjudicadas en junio de 2009, pese que finalizaron el 17 de marzo y fueron inauguradas el 11 de mayo del mismo año.
La mano derecha de Sonia Castedo en el Ayuntamiento, niega que vaya a dimitir y se queja de la dilación del proceso y del juicio mediático al que ha estado sometido que, asegura a eldiariocv.es, “me ha perjudicado personal y políticamente”. Se muestra relativamente satisfecho ante la apertura de juicio oral, ya que “podré”, ha dicho, “demostrar mi inocencia” y “espero que sea cuanto antes”. Defiende la “línea roja” de Fabra, a lo que a renglón seguido ha explicado que, su caso no es de corrupción, es “una causa administrativa”. “No se benefició a terceros y se hizo pensando en los vecinos de la Florida” y así, dice, “lo han declarado ante la jueza”. ha concluido.
El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones sostiene que Llorens falsificó un acta de replanteo firmada el 16 de julio de 2009. Junto al vicealcalde se sentarán en el banquillo tres técnicos de Atención Urbana que supuestamente colaboraron en el procedimiento. Uno de ellos es Víctor López, jefe técnico en esa época y para quien el fiscal reclama, además de la inhabilitación, una pena de tres años de cárcel. Para los otros dos funcionarios y el entonces responsable de la mercantil adjudicataria de las obras, Coinger, la petición es de tres años y medio de inhabilitación. El escrito apunta que los técnicos emitieron presuntamente “informes falseados” con el objetivo de “encubrir” los trabajos que ya “se habían adjudicado y realizado, total y absolutamente, al margen de cualquier procedimiento legal”.
La acusación particular, que ejerce la ex portavoz del municipal socialista, Carmen Sánchez Brufal, reclama cuatro años, seis meses y un día de cárcel, once años de inhabilitación y una multa de 5.400 euros por los mismos delitos. Las defensas tienen diez días para elaboras las conclusiones provisionales.
Una concejalía bajo sospecha
El concejal socialista, Gabriel Moreno afirma que con la apertura de juicio oral se han saltado todas las “líneas rojas” de Fabra. Pide al edil que dimita y recuerda que su concejalía cuenta con varias investigaciones abiertas por presuntas adjudicaciones irregulares de obras del Plan E. El Grupo municipal ha presentado por urgencia un ruego para pedir la dimisión de Llorens en el pleno del día 22. Además, anuncia, para enero, una moción para apartar de sus funciones a los ediles imputados e impedir que manejen dinero público hasta que se aclare su situación. Desde Esquerra Unida, su portavoz, Miguel Ángel Pavón pide a Llorens que “se vaya a su casa”. Afirma el edil, que todo lo que no sea su dimisión, “su marcha del Ayuntamiento”, será “asociar la imagen de Alicante y los alicantinos a la corrupción”. Fernando Llopis de UPYD, califica de “insostenible” la situación de Llorens, ya que su área es una de las que “más sospechas genera”, al ser la responsable de la adjudicación de las mayores contratas municipales a Enrique Ortiz.
