La sociedad civil da un paso al frente ante la inacción política contra la corrupción
Que la corrupción está en el día a día de la política valenciana no se le escapa a nadie. Sin ir más lejos, el pasado viernes se conocía la petición de penas de prisión próximas a los ocho años para la excúpula del PP valenciano de Francisco Camps por la financiación irregular del partido en las campañas electorales de 2007 y 2008, los procesos en los que el PP consiguió -“dopado”, según ha denunciado la oposición- sus mejores resultados de la historia.
Así ha empezado 2015, un año en el que se está juzgando a la exalcaldesa de Alicante, la popular Sonia Castedo, por el caso Rabassa y en el que van a desfilar por los juzgados más exdirigentes populares por casos como Gürtel. Además, el TSJCV admitía a trámite la querella de Fiscalía contra el expresident Camps por la adquisición de Valmor por parte de la Generalitat Valenciana, además de ver como el también exjefe del Consell José Luis Olivas se encuentra inmerso en otro proceso judicial por las irregularidades en Bankia.
Y 2014 no fue muy diferente, un año en el que se conoció la condena a ocho años de prisión para el exconseller Rafael Blasco por el caso Cooperación, en el que ingresó en prisión el expresidente de la Diputación y del PP castellonense, Carlos Fabra, por delito fiscal o se hizo pública la imputación del exconseller y expresidente de Les Corts, Juan Cotino, por las irregularidades en las contrataciones a Gürtel durante la visita del Papa a Valencia en 2006.
Pues ante todas estas anómalas situaciones que se están convirtiendo en habituales -representantes públicos implicados en procesos por casos de corrupción-, la sociedad civil ha decidido dar un paso al frente. En numerosas ocasiones, responsables judiciales han exigido más medios para luchar contra la corrupción, que aseguraban que colapsan los juzgados -las denuncias por corrupción se incrementaron en un 33% en 2012-. Entre sus propuestas, establecer equipos para agilizar los procedimientos y dotar de más medios a aquellos juzgados que investigan grandes casos de corrupción.
Es más, este mismo lunes la plataforma Sociedad Civil contra la Corrupción -nacida en Valencia en el seno de la Fundación por la Justicia- presentaba un documento con 99 propuestas de “efectiva aplicación” contra la corrupción. Entre los participantes en esta iniciativa, un grupo de catedráticos, abogados, jueces, arquitectos, altos funcionarios y sociólogos, respaldados por la catedrática de Ética Adela Cortina o los jueces Manuela Carmena y Pedro Viguer, entre otros.
Y entre las medidas que proponen, la estricta regulación de las subvenciones a sindicatos y patronales, mayores penas para los políticos que delincan en el ejercicio de su cargo, cambios en el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial o la imposibilidad de sustituir a un fiscal que investigue casos de corrupción, entre otros.
