La derecha y el lobby del juego tensan el debate de la ley contra la ludopatía en el Parlamento valenciano

La reforma de la ley del juego va camino de convertirse en una de las normas más controvertidas de la legislatura. Mientras que todas las formaciones aseguran respaldar la lucha contra la ludopatía, objetivo prioritario de la norma, los grupos de la derecha han comenzado una carrera contrarreloj por tratar de impedir su votación. PP, Ciudadanos y Vox han solicitado en varias ocasiones durante los últimos días que se retire la norma, que consideran perjudicial en un contexto de pandemia por un impacto en el empleo que nadie ha calculado.

La estrategia de la derecha, similar en PP y Vox, pasa por lanzar argumentos de forma para retrasar un debate. Horas antes de comenzar el pleno, los diputados de la extrema derecha expresaban su disconformidad por el método de voto elegido -voto ponderado; es decir, que los portavoces deciden por todos sus parlamentarios-, pese a que el sistema había sido aprobado en la Junta de Síndics. Los populares, por su parte, no han quedado contentos con la respuesta de la cámara de cambiar al voto telemático y realizarla el jueves, al finalizar el resto de puntos del orden del día.

Tras cerca de una hora de discusión sobre la fórmula jurídica, el pleno ha comenzado a debatir un proyecto de ley que se ha retrasado en varias ocasiones, entre ellas el adelanto electoral y la suspensión del periodo de sesiones ocasionado por la COVID-19. El proyecto que elaboró la conselleria de Hacienda para actualizar la norma de 1988 ha pasado varias veces por comisión y ha aceptado decenas de enmiendas procedentes de reivindicaciones del sector. Finalmente, la norma fijará distancias mínimas entre los salones de juego y locales de apuestas y los centros escolares; obligará a que las máquinas recreativas (tragaperras) se activen por un sistema de control remoto, y establecerá controles de admisión para impedir la entrada de menores y de inscritos en el registro de personas excluidas de acceso al juego. 

“Se ha modificado la ley al escuchar al sector”, ha defendido el socialista Jose Muñoz, recordando que casinos y bingos pasan a tener una regulación diferente a la de las casas de apuestas y locales con máquinas recreativas. Los parlamentarios del Botánic siguen en su empeño de defender la norma en la que llevan trabajando cuatro años pese a las presiones. Consideran que la anterior norma está obsoleta y no ha servido para frenar la proliferación de casas de apuestas o el aumento de la ludopatía, una enfermedad crónica, como ha recordado Graciela Ferrer, de Compromís. Desde Unides Podem, Ferrán Martínez ha criticado los intereses de grandes empresas y fondos buitre propietarios de los espacios de juego online.

La derecha ha agitado el fantasma del desempleo y la crisis como principal argumento para rechazar la norma. Su ofensiva se ha incrementado al reiterarse las críticas de la patronal del juego y de algunas asociaciones hostelera. Precisamente, mietnras se debatía la norma, una asociación de trabajadores protestaba a las puertas del Parlamento. Consideran PP y Ciudadanos que las medidas que establece la ley son perjudiciales para los bares y establecimientos hosteleros que van a subir la persiana tras dos meses cerrados a causa de la pandemia. Aseguran que tendrán que hacer frente a costes económicos por la ley, como el cambio de las máquinas tragaperras por unas que lleven control a distancia -para lo que la ley deja 12 meses- o la caída de ingresos por un supuesto descenso del consumo asociado a la desaparición de máquinas, que no comenzará a ser tangible hasta dentro de entre 7 y 10 años, dado que las licencias en vigor no se anularán.

Por parte del PP, Rubén Ibáñez ha acusado al Botànic de no haber hecho “nada” en cinco años para que no aumente la ludopatía y de traer una norma que es “una imposición, un trágala de la Administración hacia los administrados y una moratoria en los derechos que se quiere proteger”, y que contiene una “fuerte ideología y clasismo”. Además, ha acusado al PSPV de mantener relaciones con un empresario del juego, en referencia a la compra de la antigua sede de Blanquerias por el propietario de un hotelero y empresario del sector, portavoz de SOS Hostelería. Los socialistas han exigido a Ibáñez que, si va a hacer acusaciones, sea claro, y han desmentido esa relación comercial. La diputada de Ciudadanos Ruth Merino ha tachado la ley de “chapuza legislativa” y de “injusta e hipócrita”, que no da soluciones a los ciudadanos “de a pie”, tendrá efectos “demoledores en la economía para lo efectiva que va a ser” y que se basa en “intervenir en exceso” y en “prohibir”. El portavoz adjunto de Vox, que se abstendrá en la votación, cree que “no es el momento” de tramitarla, porque puede suponer un “duro varapalo” para muchos negocios y existe un “unánime clamor popular” sobre la “inconveniencia” de aprobarla ahora.