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El País Valenciano sale a buscar a sus muertos

Miquel Mezquida (d) junto al médico forense de Paterna

"Me llamo Cristina y he salido a buscar a mis muertos. Caminando.  Buscar a mis muertos para no matarme yo. ¿Para vivir? No estoy segura". Cristina Fallarás, "Honrarás a tu padre y a tu madre"

El País Valenciano sale a buscar a sus muertos. Ocurre después de décadas en las que el Partido Popular emprendiera una cruzada contra la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Y para muestra, un botón: estos dos titulares de prensa -de 2007 y 2014, respectivamente- representan fielmente lo que significó este periodo para las víctimas del franquismo a lo largo y ancho del territorio valenciano: " Huesos de una fosa de la guerra civil de Valencia acaban en una cantera de Sagunto" y " Rita Barberá pide 45.000 euros a la familia de una víctima del franquismo para recuperar sus huesos".

Sin embargo, el cambio político propiciado por las urnas en 2015, ha traído consigo la puesta en valor de la Memoria Democrática como uno de los ejes de trabajo de las principales instituciones valencianas. En el caso de la Diputación de València, el gobierno cuatripartito -PSPV, Compromís, Valencia En Comú y EUPV- ha creado una competencia ex professo para ello que fue asumida por la diputada Rosa Pérez Garijo (EU). A través de ella se han llevado a cabo diversas exhumaciones de fosas comunes del franquismo. En el caso de la Generalitat Valenciana, ha sido la Consellería de Justicia -gestionada por Gabriela Bravo (PSPV)-, quien asumió las competencias en materia de memoria, llegando a aprobar hace apenas unos meses, en les Corts, la denominada Ley de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana.

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Bebés robados: "Su hija se ha muerto heladita de frío"

Licencia de enterramiento de la hermana de María José, en la que figura el nombre del padre, que nunca pudo ver el cadáver, en lugar del médico que debía certificar el fallecimiento.

Nuestra historia comienza en marzo de 1962 en un hospital, el General de Alicante, entonces conocido popularmente como La Residencia. Francisca Robles se encuentra sola en una fría habitación de hospital. Cuenta con tan sólo 27 años de edad y acaba de dar a luz a dos niñas, mellizas. Seguramente idénticas. Desde que las parió ha pasado el tiempo dormida, aturdida, y apenas se despierta para amamantarlas.

Unas 40 horas después, a eso de las cuatro de la mañana, una monja, que hace las veces de enfermera, la despierta desde el umbral de la puerta y le dice que una de sus hijas ha fallecido. Las palabras con las que se lo anunció quedarán grabadas para siempre en su mente: "Su hija se ha muerto heladita de frío". En La Residencia, los recién nacidos eran cuidados en una sala llamada "nido", apartada y desconocida para los padres, en la que, al parecer, debido a extremas condiciones climáticas, falleció la niña de los Picó un 30 de marzo de 1962.

Francisca siempre recordará extrañada que no vivió la noticia con el dramatismo que la situación requería sino como inmersa en un profundo sueño, de tal forma que a la mañana siguiente rememoraba la escena más como el fruto de una alucinación que como un recuerdo tangible. De hecho, durante su estancia en el hospital caería alguna que otra vez desmayada al suelo desde la propia cama. Tiempo después entendió que seguramente la habían estado sedando desde el principio.

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Inés Madrigal, niña robada: "Según la documentación, mi madre adoptiva me parió"

Una manifestación convocada por la Asociación Sos Bebés Robados en la Puerta del Sol en Madrid

29 cadenas perpetuas y 19 penas de prisión de entre 8 y 25 años para los responsables de los conocidos vuelos de la muerte que lanzaron al mar a más de 4.000 personas durante los terribles años de la dictadura argentina (1976-1983). El 29 de noviembre finalizaba con este resultado el histórico juicio que ha probado por primera vez la existencia de un plan sistemático de exterminio llevado a cabo hace 40 años por la ESMA, acrónimo de la Escuela de Mecánica de la Armada. Argentina en 2003 posibilitó legislativamente la investigación y persecución judicial de los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura a través de la anulación por parte del Senado de la conocida como Ley de Obediencia Debida y de Punto Final, que había sido dictada en 1987 y establecía que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas no eran punibles.

La vulneración sistemática de los derechos humanos en Argentina se produjo de múltiples formas, siendo la más tristemente conocida la del robo sistemático de bebés, dado a conocer mundialmente a través de la incansable lucha de las Abuelas de la Plaza de Mayo, que desde 1977 continúan uniendo familias con sus descendientes secuestrados. En el transcurso de la escritura de este artículo, las Abuelas han recuperado a la nieta número 126.

Por el delito de secuestro de bebés fue condenado en 2012 el propio dictador, Jorge Videla, a la pena de 50 años de cárcel junto a otros militares. No llegaría a cumplir la condena completa ya que murió un año después en prisión, donde entró en 2008 tras las primeras sentencias por sus múltiples crímenes.

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