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Los empresarios que financiaron la Gürtel confirmarán su pacto con la fiscal tras pagar unos dos millones en multas

Nueve empresarios reconocerán los hechos y evitarán las penas de cárcel con el abono de una sanción

La defensa de la cúpula de Francisco Camps se complica en la segunda jornada del juicio con el reconocimiento de las penas por parte de nueve acusados

Imagen del banquillo de los acusados del caso 'Gürtel'

Imagen del banquillo de los acusados del caso 'Gürtel'

Los empresarios valencianos que han reconocido que financiaron al PP valenciano en las campañas electorales de 2007 y 2008 harán efectivo este martes el pacto al que llegaron con la Fiscalía Anticorrupción antes de iniciarse el juicio oral en la Audiencia Nacional. Reconocerán el delito electoral y el continuado de falsedad para evitar la prisión. La primera parte del acuerdo ya se ha cumplido al haber depositado entre todos alrededor de dos millones de euros correspondientes a la multa que les conmuta la pena de cárcel, según fuentes jurídicas.

Los empresarios arrepentidos serán los primeros en declarar en la segunda jornada del juicio que arranca tras el aciago primer día para las defensas en el que el juez no ha aceptado ni una sola de las cuestiones previas de los acusados. El magistrado ha tumbado tanto la petición de la prescripción de delitos como la anulación de las escuchas telefónicas así como las grabaciones aportadas por José Luis Peñas, el concejal del PP arrepentido que ayudo al inicio de la investigación.

El momento más tenso de la jornada ha sido cuando la fiscal del caso ha hecho referencia al pacto alcanzado con los empresarios al no aclarar que podrían librarse de la cárcel y de asistir al resto del juicio. Los letrados de los empresarios han pedido una aclaración y han recordado que el acuerdo incluía a ambas partes. En la sesión vespertina, la fiscal ha aclarado los términos.

Así, la segunda sesión arrancará con el interrogatorio a los empresarios que reconocerán los delitos y dirán que se atienen al acuerdo firmado. En un primer momento la mayoría se enfrentaban a más de cuatro años de prisión pero la Fiscalía rebajó la petición a menos de dos años a cambio de la confesión. Esa pena, además, ha podido ser conmutada a cambio del pago de una multa. En caso de un empresario al que acusaban de un delito electoral y el continuado de falsedad, la sanción para evitar la prisión ha sido de unos 100.000 euros, según fuentes jurídicas.

En la primera sesión del juicio uno de los empresarios que se había sentado en el banquillo se ha salvado de la condena tras haber retirado los cargos la acusación popular, ya que la Fiscalía Anticorrupción no pedía ninguna pena para él. Se trata de José Enrique Fresquet Martínez, consejero de Padelsa Infraestructuras S.A. Le solicitaban un año y seis meses de prisión.

Con la confesión firmada y la declaración de esta mañana será la primera vez que unos empresarios reconozcan abiertamente que han financiado irregularmente a un partido político en unas elecciones, en este caso al PP valenciano. Son una de las patas necesarias para la comisión del delito electoral. La defensa de la cúpula del PP de Francisco Camps, Vicente Rambla, Ricardo Costa, David Serra, Yolanda García y Cristina Ibáñez es cada vez más difícil. Y más con la confesión a última hora del cabecilla de la trama, Francisco Correa, quien se tendrá que ratificar en la vista oral.

Los empresarios que han pactado

Gabriel Alberto Batalla Reigada.- Administrador del grupo Lubasa Desarrollos Inmobiliarios. Ha aceptado la pena de un año y 9 meses por tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y un delito de falsedad documental.

Enrique Gimeno Escrig.- Administrador de Facsa y Aguas de Castellón. Ha aceptado la pena de un año y nueve meses por tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y un delito de falsedad documental.

Antonio Pons Dols.- Consejero de Piaf S.L. Ha aceptado la pena de un año y nueve meses prisión por tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y un delito de falsedad documental.

Alejandro Pons Dols.- Consejero de Piaf S.L. Ha aceptado la pena de 1 año y nueve meses de prisión por tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y un delito de falsedad documental.

Tomás Martínez Berna.- Consejero de Padelsa Infraestructuras S.A., secretario del Consejo de Administración de CHM Obras e Infraestructuras S.A. y consejero del Grupo Villalba S.L. Ha aceptado la pena de un año y nueve meses de prisión por dos delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y un delito de falsedad documental.

Rafael Martínez Berna.- Consejero delegado de Padelsa Infraestructuras S.A., presidente del Consejo de Administración de CHM Obras e Infraestructuras S.A. y consejero del Grupo Villalba S.L. Ha aceptado la pena de un año y nueve meses de prisión por dos delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y un delito de falsedad documental.

Enrique Tomás Ortiz Selfa.- Dueño del Grupo Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras S.A. Ha aceptado la pena de un año y tres meses de prisión por un delito electoral correspondiente a las elecciones generales de 2008 y un delito de falsedad documental.

José Francisco Bevía García.- 'Número dos' del Grupo Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras S.A. Ha aceptado la pena de un año y tres meses de prisión por un delito electoral correspondiente a las elecciones generales de 2008 y un delito de falsedad documental.

Vicente Cotino Escribá.- Sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino y presidente del Consejo de Adminsitración de Sedesa Inversiones S.L. Sedesa Obras y Servicios S.A. y de Fundación Sedesa. Ha aceptado la pena de un año y tres meses de prisión por un delito electoral correspondiente a las elecciones generales de 2008 y un delito de falsedad documental.

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